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Informe de la ONU insta al Estado venezolano a rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad

Foto: Archivo

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encomendó a la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, conformada en atención a  la resolución 42/25, el 27 de septiembre de 2019, investigar durante un año las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en el país desde 2014.

El primer informe de la Misión emplaza al Gobierno nacional a exigir cuentas  a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza.

Se investigaron  223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones, y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

Comprobó que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

La Misión, integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils, no pudo visitar Venezuela debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes. Además, la Misión se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19. 


Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex-funcionarios y funcionarias del Estado, abogados y abogadas, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluídos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.


El informe será presentado en un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos el 23 de septiembre del 2020.

Lea  la nota completa  aquí

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