Trino Márquez

@trinomarquezc

La oposición liderada por Juan Guaidó y la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional tenía que decidir si participaba o se abstenía, en las elecciones parlamentarias previstas en la Constitución para diciembre de 2020.

Las condiciones para concurrir a la cita electoral habían cambiado notablemente desde el fracaso de las rondas de negociaciones en Noruega y República Dominicana. El gobierno abortó esos dos intentos de diálogo y luego radicalizó la arbitrariedad: desconoció el Comité de Postulaciones aprobado por consenso entre las bancadas de las distintas organizaciones opositoras y la fracción del PSUV; se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia para que designara un nuevo Consejo Nacional Electoral, que pasó a ser ilegítimo porque la competencia exclusiva de designarlo es de la AN; mantuvo la inhabilitación de importantes líderes adversarios del gobierno; les expropio los partidos políticos a sus genuinos dirigentes, con el fin de entregárselos a unos señores con los cuales previamente había concertado el despojo; y, finalmente, se negó a postergar la fecha de la consulta para un momento en el que hubiera disminuido el grave efecto causado por la Covid-19, como pedía la Unión Europea.

 Colocado ante esa realidad, el sector que respalda a Guaidó decidió no asistir a los comicios del 6 de diciembre. Se negó a convalidar unas elecciones, sin duda amañadas. El problema siguiente era cómo armar una respuesta que trascendiera la parálisis que significa la abstención. Había que tramar una réplica que les dijera a los venezolanos y al resto del mundo que sigue con atención los acontecimientos nacionales, que la gente desea y busca una solución pacífica, electoral y constitucional al enorme caos provocado por las desacertadas políticas de Maduro. Surgió, entonces, la idea de impulsar la “consulta popular” contemplada en el artículo 70 de la CRBV. Sería una respuesta democrática frente al abuso de la autocracia, negada a convocar unos comicios transparentes con la supervisión de los países democráticos que propician la superación de la crisis venezolana.         

La consulta, planificada para efectuarse entre el 7 y el 12 de diciembre fue un éxito en Venezuela y el exterior, a pesar de todos los obstáculos que debió sortear. El llamado hubo que organizarlo en las catacumbas. Fue invisibilizado por el régimen, que prohibió difundir propaganda a través de los medios radioeléctricos. En los numerosos periódicos y televisoras que controla, el evento jamás se mencionó. Las emisoras de radio y televisión privadas, por miedo a sanciones, eludieron referirse de forma taxativa a la convocatoria: nunca invitaron a sus promotores para que explicaran los detalles y alcances de esa forma de protesta. Para Nicolás Maduro y su gente el suceso no existió. Este comportamiento del oficialismo era esperable y explicable. Estamos en un ambiente donde la libertad de información se encuentra coartada por el dominio que la claque gobernante ejerce sobre la extensa red de medios de comunicación públicos, y por el miedo y la autocensura que ello provoca en el sector privado.

 Por el bando opositor también surgieron resistencias, descalificación y saboteo. Hubo quienes consideraron que la consulta popular resultaba insuficiente y timorata porque “ya sabemos qué opina la gente”, y, por lo tanto, “no es el momento de consultar, sino de actuar”. Esa ala jamás dice qué puede hacerse en las condiciones actuales del país: con partidos intervenidos, dirigentes perseguidos, exiliados e inhabilitados, sin sindicatos ni gremios, con el movimiento estudiantil desmovilizado y el estamento militar penetrado hasta la médula por el G2 cubano, los rusos y los iraníes. Las voces más audaces de esa facción insisten en proponer la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), fórmula desechada hasta el cansancio por los gobiernos amigos de la democracia.

 También hubo quienes la descalificaron por ilusa. Se mofaron de los promotores. Parte de esa fracción propuso ir a las elecciones del 6D y solo logró atraer a 5% del electorado, aunque la presión del régimen se desbordó para que la gente votara, independientemente de por quién lo hiciera. Ese grupo no se plantea una autocrítica de por qué su propuesta política –acudir a las urnas electorales– fue desatendida. La culpa, dicen, es de quienes fomentaron la abstención. ¿Y esto a cuenta de qué? Si su oferta hubiese sido tan buena, la gente la habría asumido sin prestarles atención a los abstencionistas. Algo atractivo no se rechaza aunque existan algunos desadaptados que se opongan.

 Esas fueron algunos de los obstáculos que la consulta tuvo que vencer, además del escepticismo de una población que lleva más de dos décadas padeciendo la incompetencia, el castigo y la corrupción del régimen.         

Dentro de las condiciones objetivas existentes –el manto de silencio del régimen y la debilidad intrínseca de la oposición- la manifestación de resistencia y protesta que se dio el 12 de diciembre y los días previos, fue extraordinaria. Quedó claro el rechazo al evento del 6D; se evidenció que la gente desea una salida pacífica, democrática y electoral al grave deterioro nacional; se hizo patente que el liderazgo más influyente dentro de la oposición es el aglutinado en torno a Juan Guaidó y a la actual Asamblea Nacional; y se le envió un mensaje a la comunidad internacional: los venezolanos no nos hemos rendido y esperamos contar con su apoyo.

Durante los días que duró la consulta, se produjo el grito silencioso de la mayoría. Los líderes nacionales e internacionales deben escucharlo.

PD: Les deseo lo mejor durante 2021. Nos vemos en enero.