Eglé Iturbe de Blanco

                Iniciamos el año 2021 con la administración pública nacional mudada al Palacio Legislativo producto de los resultados de las fraudulentas elecciones legislativas realizadas el 6D,las cuales violando la Constitución crearon nuevas reglas para la Asamblea Nacional que se instaló el 5 de enero, con un claro objetivo:  incorporar al Parlamento a los ministros y altos funcionarios  allegados al régimen, para definir, desde allí,  las políticas públicas necesarias para avalar las decisiones económicas y sociales que adopte el gobierno para consolidarse en el poder.

                 A partir de esa fecha, se consolida el totalitarismo ya existente, el cual había sido dificultado por la existencia de un poder democrático elegido por el pueblo con una mayoría abrumadora de votos y que había luchado desde su elección contra las decisiones emanadas del Poder Judicial, aliado del régimen, que dificultó  la gestión  de la Asamblea Nacional hasta anularla con toda clase de trucos legales desde el mismo momento de su instalación. Destacan entre estas acciones : el desconocimiento de los diputados electos por el estado Amazonas, dejando ese territorio sin representación popular por 5 años; la anulación de las decisiones al declararla en “desacato”, figura  inexistente en la CRBV; el retiro de la fracción del Polo Patriótico durante un tiempo; la persecución y encarcelamiento de parlamentarios,  violando su inmunidad  y obligando a otro gran número de ellos a emigrar del país,  para no ser encarcelados y sufrir vejámenes y torturas físicas y mentales; la toma por la fuerza del Palacio legislativo, el 5 de enero del 2020, obligando a la AN a sesionar en plazas públicas y otras ubicaciones clandestinas.

A las violaciones anteriores se une la realizada por el TSJ al nombrar un nuevo CNE, desconociendo las normas para su designación y la responsabilidad de la AN sobre el tema, a lo cual, agregó cambios legales a las normas electorales que ignoraron la CRBV,  para elevar el número de diputados de  167 a 277 y crear una lista de diputados nacionales que no representan a ningún estado del país sino al régimen e incluye a los miembros claves del Ejecutivo Nacional. El 5E se instaló la nueva AN fraudulenta quedando integrada su junta directiva por Jorge Rodríguez, como presidente (exministro de Comunicación e Información y exvicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura); María Iris Valera, primer vicepresidente (exministro de Asuntos Penitenciarios) y Didalco Bolívar segundo vicepresidente, (presidente del Partido Podemos y expresidente del Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Industria INAPIMI). Como secretaria fue designada Rosalba   Gil  y como  subsecretaria  Inti Hinojosa (ambas militantes del PSUV)

   Diosdado Cabello (expresidente de la extinta Asamblea Nacional Constituyente), será el Jefe de la fracción parlamentaria del PSUV, partido del cual es vicepresidente y cuenta con 253 curules, el 91,34% ; es decirr que tendrá el control absoluto de los votos de la Asamblea. Los otros 24 curules  corresponden a AD (11) y a los otros partidos (13). Esta minoría no gubernamental reclamó un puesto en la directiva, pero su pedido fue desestimado.

La diputada María Iris Valera, en su primera declaración pública, señaló que las propuestas iniciales que llevará a la AN serán la de expropiar los bienes materiales de los venezolanos que se fueron del país y el retiro de la nacionalidad de los que han pedido la intervención extranjera. Esta última iniciativa suena al menos descabellada viniendo de un régimen que ha permitido la invasión lenta, pero segura, de países extranjeros durante sus años de gobierno, como Cuba, quien además de recibir cantidades importantes de petróleo venezolano, aún en momentos de escasez, se ha hecho del  control de la seguridad del país a través del manejo de las notarías, registros,  asesoría militar,  protección de los altos funcionarios del gobierno, entre otros. A esta invasión silenciosa se une la entrega de los recursos minerales como oro y coltán a Irán, Rusia y Turquía a cambio de apoyo para violar el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la venta de petróleo en el mercado internacional; a lo cual, se suma, a partir del último trimestre del 2020, la entrega de las empresas del Estado, sin control ni información pública, utilizando la Ley Antibloqueo aprobada el pasado mes de octubre. Da la impresión de que será la diputada Valera el arma más poderosa para impulsar la última etapa del totalitarismo ideológico y el control social de toda la población residente en el país,  porque al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, se le asignó el manejo de la búsqueda de consenso y conciliación.

Con esta elección fraudulenta se integran políticamente los tres poderes fundamentales de la República: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, eliminándose de este modo cualquier contrapeso que  permitiera el control de las actuaciones del Poder Ejecutivo y se integra definitivamente el PSUV al manejo de las políticas públicas, garantizando la eliminación de cualquier obstáculo a la aplicación de la Ley Antibloqueo y dándole cara de legitimidad a los inversionistas interesados en participar en el remate de las empresas públicas y sus recursos minerales y petroleros ,y tranquilidad a la comunidad internacional acerca de la democracia existente en Venezuela.

Por otra parte, las actuaciones de la legítima AN, presidida por Juan Guaido, que ha sobrevivido mediante el discutido expediente de la “continuidad institucional”,  enfrentan  la dura lucha de oponerse a las acciones de del nuevo Parlamento, en condiciones de precariedad institucional y de altos riesgos personales,  porque  ya inició un fuerte ataque a las ONGs del área social para reducir la eventual gestión humanitaria de organizaciones distintas a las controladas por el régimen y para limitar los financiamientos a las actividades de los diputados opositores y forzarlos al exilio o a exponerse  a ser hechos prisioneros.

Es previsible que para este año haya una apertura en algunas áreas de la economía que permita a agentes económicos desempeñar actividades productivas que mantengan entretenida a la población para evitar cualquier brote de insurrección ante la difícil situación del país, sin instituciones, con partidos políticos desunidos en  la defensa de la democracia , con más del 90% de la población en situación de pobreza ,sin moneda nacional y una dolarización de hecho  que impulsa la hiperinflación, en medio de una pandemia en ascenso con limitadas oportunidades de control. Ya Venezuela ha llegado a la nada, aunque no podamos perder la esperanza de salir de esta crisis multifactorial y resurgir de nuevo con el esfuerzo de todos los ciudadanos unidos por el bien de la Patria.