Destacado

El dilema electoral

Editorial

Tomada de El Universal

Benigno Alarcón Deza

Mientras el gobierno avanza en el proceso de unas megaelecciones regionales y municipales para consolidar su proceso de autocratización, y se realizan negociaciones sectoriales con participación de voceros de algunas organizaciones, los partidos políticos continúan sin un acuerdo en relación con lo electoral. Participar o no en los próximos comicios es un debate que amenaza nuevamente la unidad en la alianza opositora y la existencia misma de los partidos

El sinsabor que dejaron las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre entre la población venezolana, mayoritariamente opositora, y los aliados internacionales que apoyan un esperado tránsito hacia la democracia aún se mantiene latente. Sin embargo, los partidos políticos de la alianza democrática no han logrado un acuerdo en relación con su participación en los próximos comicios de este año, que incluirán las elecciones regionales y municipales, y hacia los que el gobierno avanza decididamente tomando ventaja del dilema sin resolverse entre los partidos históricamente mayoritarios de la oposición.

Desde finales del año pasado se desarrolla un debate interno entre las cúpulas de los partidos opositores en un intento por revisar y alinear estrategias y, entre otras cosas, decidir qué hacer de cara a las nuevas realidades. Según se pudo conocer, existen lineamientos sobre un plan que goza de consenso en la casi totalidad de las líneas de acción, aunque la piedra de tranca continúa siendo el dilema electoral.

El dilema estratégico se centra en el debate sobre el rol de las elecciones para la sobrevivencia y la existencia de los partidos políticos, así como en la utilidad real de lo que se ha llamado acumulación de fuerzas, que consiste en la acumulación progresiva de espacios mediante elecciones como estrategia para materializar una transición democrática. Para algunos, incluido el principal referente de la oposición en la actualidad, Juan Guaidó, ganar gobernaciones y alcaldías no es el objetivo, y no sólo porque no existen condiciones mínimas que permitan ir a unas elecciones competitivas con un Consejo Nacional Electoral (CNE) parcializado, sino porque además el gobierno aplicará nuevamente estrategias de dispersión del voto entre partidos minoritarios a los que se les facilitará la participación, mientras los partidos mayoritarios continúan inhabilitados, con sus liderazgos principales perseguidos y/o impedidos de participar, y sin las condiciones mínimas para ser competitivos electoralmente.

El otrora partido del pueblo, Acción Democrática, está intervenido judicialmente y dirigido por quien fuese su Secretario de Organización, Bernabé Gutiérrez, mientras que su Secretario General, Henry Ramos Allup, reclama la devolución del control de la organización, con escasas posibilidades de que ello ocurra. Por su parte, Primero Justicia acaba de celebrar sus primeros 21 años, también intervenido y en una especie de limbo en el que continúan sin tener el control sobre su tarjeta, mientras el dilema electoral divide a su liderazgo entre quienes, como Juan Pablo Guanipa, no ve utilidad en las elecciones tras su propia experiencia en el Zulia, y quienes como Henrique Capriles y Carlos Ocaríz insisten no solo en participar, sino que se disputan la candidatura del estado Miranda, lo que amenaza con provocar una segunda división. Entretanto, Julio Borges se esfuerza en mantener la unidad del partido.

Con respecto a la posibilidad de ir a elecciones con una tarjeta que esté habilitada o con una nueva, aún no hay acuerdo. Pensar que partidos históricamente mayoritarios como Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) o Acción Democrática (AD), puedan normalizar su situación a tiempo para los próximos comicios luce muy poco probable. Por eso hay quienes se inclinan por la posibilidad de intentar registrar una nueva tarjeta unitaria. La otra opción es apelar a alguna de las tarjetas de partidos opositores, como la de Un Nuevo Tiempo (UNT), que tropezará siempre con la resistencia de quienes no quieren fortalecer a una organización que no sea la suya, pero que podría ser la decisión más viable en el caso de que se decida participar.

Sin embargo, hay un punto donde los partidos del G4 están ahora más alineados que en diciembre de 2020 o  enero de 2021, que es concentrarse en mantener la unidad y preservar sus referentes de liderazgo, para lo cual ha ayudado la intermediación del gobierno de los Estados Unidos, a través del Secretario de Estado, Antony Blinken, quien dio unas declaraciones, en las que afirmó, de manera inequívoca, que reconocía a Juan Guaidó y al G4 como únicos interlocutores válidos.

El CNE y su tendencia irreversible

Frente a esta debacle opositora, el gobierno aprovecha para seguir dando pasos firmes con miras a  afianzar su autoritarismo hegemónico. Una de estas acciones fue la decisión de la Asamblea Nacional mediante la cual elimina las barreras legales para concentrar en un solo proceso las elecciones municipales y regionales. Esta fórmula, en caso de que no haya cambios en el escenario actual, disminuye los riesgos para el régimen, pero también le ahorra presupuesto, un factor importante en la crisis de ingresos que acusan las finanzas oficiales. Por otra parte, Maduro informó sobre un gran paquete de 35 leyes que la Asamblea Nacional del 6D debe revisar o reformar en los meses que vienen, y que incluyen:

  1. Ley Orgánica de Drogas
  2. Ley de Cooperación Internacional
  3. Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción
  4. Ley del Código Penal
  5. Ley del Poder Popular para Las Contralorías Regionales y Locales
  6. Reforma de la Ley de Zonas Económicas Especiales
  7. Ley de Nuevos Emprendimientos.
  8. Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Hidrocarburos
  9. Ley de Reforma del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Minas.
  10. Ley de Reforma del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de la Ley Orgánica de Fronteras.
  11. Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar.
  12. Ley de la Gran Chamba Juvenil.
  13. Ley de Reforma a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia
  14. Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional.
  15. Ley Orgánica sobre los Derechos de la Madre Tierra.
  16. Ley Orgánica para la Planificación Territorial.
  17. Ley de Participación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
  18. Ley para el Desarrollo Económico de los Pueblos Indígenas.
  19. Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, Redes y Medios Electrónicos.
  20. Ley del Ciberespacio.
  21. Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Salud.
  22. Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación.
  23. Ley Para el Uso y Disfrute del Tiempo Libre y la Recreación.
  24. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Viviente e Inmaterial.
  25. Reforma de la Ley de Protección de la Familia.
  26. Reforma de la Ley de Protección de Adultos y Adultas Mayores.
  27. Ley de Servicios Sociales.
  28. Reforma de la Ley de Aguas.
  29. Ley del Gas Doméstico.
  30. Elaboración de un nuevo Código de Comercio.
  31. Ley de Timbres Fiscales.
  32. Reforma de la Ley que crea el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela.
  33. La Ley del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios.
  34. Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.
  35. Nueva Ley que regirá a las Ciudades Comunales.

Otro paso, de gran relevancia, es el proceso de selección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta semana ya se hizo pública la lista de los 15 postulados por la sociedad civil para los cargos de rectores, entre los cuales destacan nombres como el de Roberto Picón, Eugenio Martínez, Luis Lander y Francisco Martínez (expresidente de Fedecámaras), entre otras destacadas personalidades. Los otros 99 nombres de los 114 aspirantes que supuestamente se han postulado no se han hecho públicos al momento del cierre de este informe.

Es importante recordar que para conformar el nuevo CNE se deben elegir 5 rectores principales y 10 suplentes. El período es de siete años, pero se alternan cada 3 años y medio. La expectativa es a que la tendencia no cambie, que el régimen, ahora que tiene pleno control de la Asamblea Nacional, no ceda el control del árbitro electoral que organizará y decidirá los resultados de las próximas elecciones regionales y municipales de este año, así como de las presidenciales de 2024 y las parlamentarias de 2025.

En este sentido, vemos como el escenario más probable el que a la sociedad civil se le asigne un rector y un suplente, y menos probable otras fórmulas en los que el balance de poder en el Consejo Nacional Electoral dependa de la posición de un rector, dado el riesgo que ello implicaría para la sustentabilidad del régimen. Otro aspecto a considerar es que 3 de los suplentes deben ser ubicados en los organismos subordinados que son la Junta Nacional Electoral, el Registro Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, que tienen un gran poder, por lo que implicaría una posición equivalente a la de un rector principal.

El dilema del prisionero

El debate sobre qué hacer sigue estando presente y va más allá de lo que puedan hacer los partidos. Unos defienden la postura de abrir el diálogo con el gobierno en materias como la economía, ayuda humanitaria y derechos humanos, porque la población requiere de algunos paliativos que le permitan sobrevivir a esta severa crisis. En ese marco se han intentado negociar acuerdos en algunas áreas como las relacionadas con la vacuna contra el Covid-19, pero hasta ahora el gobierno, pese a la disposición mostrada por sus contrapartes, ha monopolizado el tema de su adquisición y distribución.

Uno de los grandes peligros de la apertura de varios frentes de negociación, como ha sucedido desde la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo, que implicaba una mesa en paralelo a la facilitada por los mediadores noruegos, está en la cooptación de ciertos actores o sectores, tal como sucedió con muchos de los partidos minoritarios que participaron en la pasada elección parlamentaria, como fue el caso en países como Nicaragua, donde los empresarios pactaron con el gobierno y lograron beneficios en lo económico, pero también contribuyeron a darle un piso de mayor estabilidad al régimen de Ortega, en el momento que la pérdida de su legitimidad lo dejaba sin piso político y se deterioraban las condiciones políticas y las reglas electorales.

Adicionalmente, el régimen sabe que la economía se redujo más de un 80% y lo que ha estado tratando de hacer desde finales de 2019 es ejecutar algunos cambios para dejar de caer. El gobierno, a través de la Ley Antibloqueo, intenta vender activos para obtener recursos, sin tener que pedir permisos ni contraloría que lo limite. De esa manera, se beneficiará a algunos actores cercanos al régimen, lo que no se traduce en un cambio de modelo con garantías, ni en la reversión del proceso de deterioro económico.

Conclusiones y recomendaciones

Ante toda esta disyuntiva y la necesidad de buscar mecanismos que permitan ir transitando el camino hacia la democracia, la pregunta es ¿qué hacer?

Se insiste en que los partidos de oposición deberían hacer el trabajo político y buscar las condiciones para participar en los procesos comiciales por venir, además de continuar luchando por cambiar condiciones electorales y la restitución de la situación de los partidos que han sido intervenidos. Pero la realidad es que para la oposición, si bien no debe abandonar la lucha, las probabilidades de lograr tales resultados lucen escasas.

A todo evento, paralizarse no es una opción, y mucho menos cuando nos movemos hacia escenarios en los que el centro de gravedad girará en torno a lo electoral, con un nuevo Consejo Nacional Electoral elegido por la Asamblea oficialista y con comicios municipales, regionales y presidenciales a la vista. Independientemente de las justificadas preocupaciones por las condiciones, estos son espacios que no quedarán vacíos y alguien va a ocupar.  

En esas circunstancias, y dadas las condiciones en las que se encuentran los partidos de la alianza opositora, podría suceder en esta nueva contienda electoral destinada a elegir gobernadores, alcaldes, concejos municipales y juntas regionales, una situación similar a la de 2017. Los partidos de la alianza opositora podrían terminar permitiendo que quien quiera optar por algunos de estos cargos lo haga por su cuenta y riesgo, sin que esto signifique enfrentarse a sanciones o condenas de sus partidos. Ello implicaría unas muy escasas probabilidades de éxito, con alguna posibilidad en espacios en donde confluyan tres condiciones capaces de contrarrestar la estrategia de clientelismo político-electoral que implementará el régimen, como lo hizo en la pasada elección parlamentaria para generar una alta dispersión del voto: que la oposición sea gobierno, que exista una alta concentración de votantes opositores dispuestos a participar, y que exista un referente de liderazgo para el votante opositor que sea equivalente a una candidatura única.

Es importante considerar que en la actualidad no estamos ante un escenario que apunte hacia una posible transición, sino ante un régimen que está en pleno proceso de autocratización, frente a unos partidos de oposición y una sociedad que luce débil y desarticulada. Por ello se impone rearticular los liderazgos de base, trabajar en la formación de líderes emergentes, reactivar la protesta no-violenta y la contraloría social. La operativización de la agenda no satisfecha podría restablecer una relación de los partidos políticos desde abajo, con sus bases sociales, desde el ejercicio de la ciudadanía.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s