Opinión y análisis

El acuerdo como anhelo ciudadano y estrategia inteligente

Tomado de Numérico

Hasler Iglesias

«¡Pónganse de acuerdo!» es la expresión que Gladys usa frente a su televisor luego de ver los dimes y diretes de los dirigentes políticos. Tras un año de confinamiento, y haber perdido su señal de televisión por cable, ahora solo le queda aprovechar lo poco que queda de televisión nacional. Sin embargo, la catástrofe por la que atraviesa el país y la sensación de estancamiento no colabora con su estrés y ansiedad. A veces la política nacional le parece que se describe perfectamente con los versos de Simón Díaz: “Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú”. Ella cree que hablando se entiende la gente y espera que los actores en conflicto puedan encontrar una salida a tanto sufrimiento. 

El párrafo anterior no le hace honor a la realidad política del país. No se trata de dos fuerzas equivalentes en conflicto; se trata de una banda que tiene secuestrada a la nación y una resistencia que insiste en encontrar una salida. Sin embargo, hay circunstancias en las que sí pueden ponerse de acuerdo para el bien de la población. Un ejemplo claro es la adquisición de vacunas contra el COVID-19 por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. La OMS mantiene relación con el régimen de Nicolás Maduro, pero también reconoce que el manejo de los recursos necesarios para acceder a vacunas los controla la Asamblea Nacional del 2015. Luego de meses de evaluación y construcción de acuerdos, Venezuela pudo acceder a doce millones de dosis de vacunas, compradas con fondos bajo control de la Asamblea Nacional (recursos desviados por la corrupción del régimen y recuperados gracias a la acción del legislativo) y cuya distribución en el país estará a cargo de la Organización Panamericana de la Salud bajo estrictos estándares humanitarios, y no bajo la administración del régimen -que ya sabemos cómo se comporta con todo lo que cae en sus manos-.

Este pequeño ejemplo de acuerdos entre actores políticos ha puesto sobre la mesa un nuevo tema de conversación: Si hubo un acuerdo sobre las vacunas, ¿podrá haberlo para resolver los ingentes problemas de los venezolanos?

Gretchen Casper y Michelle Taylor son las autoras de Negotiating democracy. Transitions from Authoritarian Rule. En su libro estudian por qué algunos países logran establecer una democracia luego de regímenes autoritarios y otros no, y por qué algunos países de los que alcanzan la democracia logran consolidarla y otros no. Para responder estas preguntas, usando la teoría de juegos y el estudio de 24 casos en África, Asia, América Latina y Europa, postulan 3 “rutas” que han seguido los países en sus procesos de transición política: La ruta del conflicto extremo: El régimen y la disidencia tienen objetivos divergentes, las exigencias de la opinión pública son ignoradas y reprimidas por el régimen y, ante un proceso de negociación, el régimen constriñe las reglas de juego como parte de una estrategia de bloqueo. El resultado de este proceso de negociación es que aun cuando haya habido un cambio político, sigue siendo un autoritarismo.

La ruta del compromiso: El régimen y la oposición tienen objetivos convergentes, el régimen accede a cumplir algunas de las exigencias de la opinión pública y, ante un proceso de negociación, es capaz de imponer reglas de juego que le permiten tener cierto control y garantizarse una salida segura (usualmente manteniendo importantes cuotas de poder). El resultado de este proceso de negociación es una democracia que no logra avanzar hacia su consolidación.

La ruta de la negociación extrema: El régimen y la oposición tienen objetivos divergentes, la movilización ciudadana a favor de la democracia es inicialmente ignorada y reprimida, pero en las últimas etapas logra que el régimen acceda a algunas de sus demandas y, ante un proceso de negociación, el régimen finalmente accede a su salida, luego de haber intentado una estrategia de bloqueo y darse cuenta de que en el proceso perdió su capacidad de imponerse. El resultado de este proceso es una democracia libre de elementos autoritarios que avanza hacia su consolidación.

Caracterizar a Venezuela en alguno de ellos es complicado porque aún no termina de ocurrir una transición política ni hacia la democracia ni hacia otro modelo autoritario. Aunque uno se sintiera tentado a caracterizar a Venezuela en la ruta del conflicto extremo por ser la que describe mejor lo vivido hasta ahora, no se ha llegado -afortunadamente- al final de esa ruta. La buena noticia es que lo que diferencia a las rutas del conflicto extremo y la ruta de la negociación extrema es el final: en la ruta de la negociación extrema el régimen finalmente cae en cuenta de que insistir en la estrategia de bloqueo le trae más consecuencias que beneficios a la llamada “coalición dominante”. 

Ahora bien, elegir una ruta sobre la cual planificar no tiene sentido si no es en torno al objetivo final: establecer una democracia que logre avanzar hacia su consolidación, libre de elementos autoritarios. Ese desenlace, de acuerdo a los estudios de Casper y Taylor, solo se logra por medio de la negociación extrema. Es decir, se debe construir un escenario en el cual el régimen perciba que insistir en el bloqueo de las salidas es perjudicial para él mismo y se vea forzado a ceder en las demandas fundamentales de la disidencia. 

El conflicto extremo ha demostrado generar una “transición interna” donde se sustituyen unos elementos autoritarios por otros. La mayoría de los países que han pasado por episodios similares al venezolano han alcanzado una democracia estable por medio de la negociación extrema. Ella no solo requiere de actores políticos que lleguen a acuerdos, sino de la movilización masiva de la población. De lo contrario, el régimen controlaría la situación y se acomodaría, si acaso, en lo caracterizado como la ruta del compromiso. Hoy Venezuela requiere de la presión ciudadana activa, movilizada y haciéndose escuchar, junto con la construcción de acuerdos que permitan recuperar la institucionalidad democrática y con ella la capacidad del Estado para garantizar derechos y generar oportunidades. 

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