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CDH UCAB: Arco Minero del Orinoco es una bomba de violencia contra la mujer

Tomada de El Nacional

El estado Bolívar se ha convertido en lugar de tránsito y destino de mujeres y niñas víctimas de delitos como trata y explotación sexual, bajo la mirada cómplice de funcionarios apostados en -al menos- 17 alcabalas de control y seguridad. Así lo revela el más reciente informe sobre formas de esclavitud moderna en el Arco Minero del Orinoco, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB

El Ucabista

Trata, explotación sexual, servidumbre, trabajo forzoso, mutilaciones, desapariciones y hasta asesinatos son algunos de los crímenes que sufren mujeres y niñas en torno al Arco Minero del Orinoco, ubicado en los municipios El Callao, Roscio y Sifontes del estado Bolívar, al sur de Venezuela. Así se desprende del informe “Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar: una perspectiva de género sensitiva”, estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en conjunto con su oficina en la Extensión Guayana.

La presentación de la investigación se llevó a cabo este jueves 20 de mayo, a través de la plataforma Zoom, y tuvo como ponentes a las profesoras Eumelis Moya (coordinadora de la oficina del CDH UCAB en Ciudad Guayana) y Beatriz Borges (investigadora del CDH UCAB y directora del Centro de Justicia y Paz – CEPAZ), coautoras del reporte.

Borges explicó que, desde diversos lugares de Venezuela y países fronterizos, llegan al estado Bolívar mujeres, niñas y adolescentes, principalmente entre 12 y 35 años de edad, el grupo más vulnerable. Unas llegan engañadas bajo la promesa de un mejor porvenir y otras secuestradas, pero todas con el mismo destino: sufrir algún tipo de esclavitud. En este proceso opera un complejo sistema criminal de logística, dependencia y silenciamiento, manejado por grupos irregulares con la complicidad del Estado venezolano. “Al menos 17 alcabalas están apostadas en la carretera que conduce desde Ciudad Guayana hasta las minas del municipio Sifontes”, precisó Moya.

De acuerdo con el estudio, no hay cifras oficiales sobre prostitución de mujeres en el estado, sin embargo, “fuentes policiales de El Callao estiman que son 3.500 las mujeres que ejercen la prostitución en la entidad y por la migración hacia las minas del sur, el número aumenta con frecuencia”.

Eumelis Moya aclaró que el objetivo de los cuerpos criminales que operan en la zona, no es el control de las mujeres, sino el control de la minas y, con ello, las satisfacciones de las necesidades básicas de sus trabajadores, entiéndase comida, aseo de sus ropas y placer sexual, para lo cual captan mujeres con el propósito de que ejerzan funciones de cocineras, lavanderas y prostitutas, en condiciones infrahumanas de trabajo y subsistencia.

Según datos de un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) –referido en el documento de la UCAB- en torno a las minas no hay agua potable ni electricidad, los pozos de agua están contaminados con cianuro y mercurio, y también abunda la malaria, factores que no propician una vida digna.

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