Destacado

Entre concesiones electorales y persecución autoritaria, estrategia de Maduro no es tan contradictoria según expertos

Tomada de AFP

Héctor Antolínez

Los politólogos Jesús Castellanos y Piero Trepiccione aseguran que contrario a lo que pudiera parecer, las acciones recientes del gobierno de Nicolás Maduro no son hechos aislados sino que forman parte de una estrategia para dividir a la oposición y disminuir la participación en elecciones

De cara al 21 de noviembre de este año, fecha en la que el país escogerá nuevos gobernadores, alcaldes, miembros de consejos legislativos de estado y concejales, el gobierno de Nicolás Maduro ha realizado una serie de concesiones sin precedentes en el ámbito político electoral, todo como parte de una estrategia para impulsar la participación opositora tras 4 años de abstencionismo. Sin embargo, esta estrategia pareciera haber sido reemplazada en la última semana por la vuelta a las viejas andanzas del chavismo, el cual ha perseguido, hostigado y hasta encarcelado a prominentes dirigentes de la oposición.

El detonante fueron los hechos de violencia registrados en la Cota 905 y La Vega, el pasado 7 de julio, esto por parte de la megabanda criminal que lidera Carlos Luis Revete, mejor conocido como “El Koki”. No es una organización criminal nueva, de hecho, está activa desde el 2013, unos 6 años antes de que la degradación del sistema político venezolano permitiera el ascenso de Juan Guaidó a la presidencia encargada a través de la Asamblea Nacional de 2015. No obstante, esta discrepancia temporal no ha evitado  que el gobierno lo acuse a él, a Leopoldo López, a Freddy Guevara y a otros dirigentes de Voluntad Popular (VP) de ser los responsables y financistas del grupo criminal.

Lo que vino en los días posteriores a los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y la banda de “El Koki”, fue la persecución directa contra VP, encabezada por el arresto de Freddy Guevara el 12 de julio y el presunto intento de secuestro contra Guaidó en su residencia el mismo día. Un día después, el actual presidente de la AN, Jorge Rodríguez, daría una rueda de prensa acusando a ambos, así como a Emilio Graterol, Hasler Iglesias, Gilber Caro, Luis Somaza y Leopoldo López de ser los responsables de lo ocurrido.

Esta persecución contra la dirigencia de VP puso fin a lo que había sido una política de concesiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que no solo había permitido la designación de una nueva directiva del CNE con dos rectores alineados con la oposición, sino que además había permitido una auditoría inédita del sistema de votación, devuelto una serie de tarjetas como la de la Mesa de la Unidad Democrática e invitado a la Unión Europea como observadora internacional para el 21-N. De hecho, la misión técnica de la UE estuvo en Caracas para el momento del enfrentamiento con la banda de “El Koki” y el arresto de Guevara.

Para algunos, que existan concesiones para atraer la participación electoral de la oposición al mismo tiempo que persecución contra sus dirigentes, podría parecer algo contradictorio. Pero, a los ojos de algunos expertos es algo perfectamente normal por parte del gobierno de Maduro.

Jesús Castellanos es politólogo y experto electoral, él, como muy pocos, conoce a plenitud las concesiones que se han dado en el aspecto electoral de cara al 21-N, y asegura que si bien aún no se puede hablar de una “elección justa”, sí están dadas las condiciones para una “elección distinta”, con garantías que no se habían visto en los últimos cinco años. Destaca la auditoría al sistema de votación, la invitación a la Unión Europea y la jornada especial para inscripción de nuevos votantes y, aun así, no se sorprende por la persecución del gobierno, aunque sí por su intensidad.

“Al final del día lo que el gobierno intenta es mantenerse en el poder con una posición más cómoda, eso lo vemos con las concesiones. Lo de la persecución es solo otra parte del libreto, el gobierno juega en varios frentes, suele hacerlo, por ejemplo, por un lado Maduro menciona que acabará con los protectorados, pero por el otro, está avanzando en la Ley de Ciudades Comunales”, explicó Castellanos.

El experto electoral señaló que contrario a lo que parezca, “el régimen sí medita lo que va a hacer con tiempo”, y por eso lo que ha ocurrido en los últimos días forma parte de un plan que si bien no tiene un objetivo manifiesto, tiene que ver con la necesidad del gobierno de lograr cierto grado de reconocimiento.

“Más allá de la participación, lo que el régimen necesita es algún nivel de legitimidad que no lo tiene desde 2018. Pensó que lo tendría  en 2020 con estos partidos hechos a la medida, con los que trató de generar una credibilidad interna, no solo externa. En ese año también hubo concesiones como la creación de la lista nacional y participación proporcional para que ellos tuvieran espacio. Eso no funcionó, la gente no votó y el proceso se cuestionó”, recordó.

Castellanos también planteó otras suposiciones. Una, la existencia de una fragmentación a lo interno de la élite gobernante que juega en contra del propio Maduro; otra,  evitar que se genere en la oposición un sector “verdaderamente competitivo” de cara a las elecciones. Se inclina por la última y considera que “estas suposiciones no son excluyentes, podrían ser parte de un conjunto”.

“Las detenciones, como se han planteado, solo van a darle la razón a los sectores más radicales de la oposición, que señalan que no se pueden hacer elecciones. Inclusive ha habido fuertes críticas por parte de los sectores moderados como el rector Roberto Picón y Enrique Márquez, así como la gente del Foro Cívico (…) No sé si en verdad fragmentar a la oposición era el objetivo pero sin dudas será la consecuencia, todo lo que se construyó con las concesiones se pone en duda”, explicó.

Piero Trepiccione, politólogo y coordinador del Centro Gumilla en Lara, comparte la visión de Castellanos, en cuanto a lo que se busca es afectar la participación y dividir a la oposición para el 21-N.  Apuntó que el escenario menos favorable para el gobierno es uno en el que la participación opositora “se desborde”.

“Imaginemos un escenario con 70% de participación, sería una catástrofe para ellos dada la circunstancia actual del país y el impacto de la pandemia y un largo período de recesión”, afirmó.

Trepiccione alegó que por eso el gobierno ha asumido una “estrategia para lograr el efecto contrario”, es decir, tratar de generar un grupo de acciones que en lugar de motivar la participación,  la reduzca. “Una participación en el rango del 35-45%” – prosigue-sería el escenario ideal. Dice que por un lado promueve (concesiones), pero “dosifica” (persecución) la posibilidad de la participación de la opositora.

“El gobierno necesita mostrarle a la UE, a Estados Unidos y Canadá que es demócrata, que está dispuesto a dar concesiones para que avalen su elección, pero no le interesa la participación masiva porque eso pone en riesgo su hegemonía”, comentó.

En la lectura de Trepiccione, la división de la oposición es central, pues es lo que asegurará que con esa participación “dosificada”, el gobierno salga victorioso pero aún pueda enviar el mensaje que como demócratas, dieron todas las garantías posibles para que la oposición participara.

“En términos estratégicos, el gobierno busca que parte del sector moderado se acerque más al extremista, a ese que no quiere ir a elecciones, lo hace para seguir dividiendo a la oposición, ese es su mejor posibilidad, la de un país descontento, pero con un liderazgo totalmente dividido para que no haya posibilidades de que ese descontento se alinee para darle conducción al malestar del país”, concluyó.

En la actualidad, los principales partidos de la oposición venezolana, aquellos que históricamente han logrado los mejores resultados electorales (AD, PJ, VP y UNT), aún no han confirmado de forma pública su participación en los comicios y a pesar de que muchos de sus dirigentes están en un proceso de precampaña, acciones como las de perseguir a otros líderes, parecen aumentar el costo político de anunciar a las bases que, mientras unos están presos, otros buscarán ser alcaldes o gobernadores. Independientemente de la decisión que tomen las organizaciones, esta debe ser anunciada pronto, ya que el próximo 9 de agosto comienza el proceso de postulación de candidaturas.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s