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El pasado miércoles 28 de julio, el Juzgado de Paz de San Salvador emitió una orden de búsqueda y captura internacional para Sánchez Cerén, quien fuera presidente de El Salvador entre 2014 y 2019. 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) catalogó la investigación como “persecución política”. A Cerén se le atribuyen los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. 

Otros nueve funcionarios también fueron acusados de corrupción por delitos ocurridos entre 2009 y 2014. 

La emisión de orden internacional llega días después de que la Fiscalía pidiera la captura del expresidente izquierdista, por el desfalco  de 350 millones de dólares. 

La orden de arresto incluye a otros cuatro exfuncionarios, de los nueve implicados en el caso de desfalco público, además del exmandatario. El antecesor de Sánchez Cerén, Mauricio Funes, afronta procesos judiciales por enriquecimiento ilícito. 

«Todas estas personas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño», afirmó el fiscal general Rodolfo Delgado.

Por su parte, la jefa de la Unidad Contra el Lavado de Activos, Maricela Velásquez, indicó que el mismo tribunal inició la fase de los presuntos delitos, que datan del periodo 2009-2014, años en que Sánchez ocupaba la Vicepresidencia del Gobierno de Mauricio Funes.