Opinión y análisis

Negociaciones a la vista

EDITORIAL

Tomada de AltaGlatam.com

A pocos días del inicio de las negociaciones entre gobierno y oposición para buscar una solución a la crisis política, económica y social venezolana, los expertos abogan por la necesidad de que se tomen en cuenta las experiencias de los intentos previos para inclinar la balanza a favor de un diálogo constructivo. Entre las recomendaciones se incluye dar a conocer públicamente la agenda para generar confianza en la opinión pública, pasar de una negociación integrativa a una progresiva, y la incorporación de otros actores en la mesa de negociación, como las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, los voceros de las “otras oposiciones”, e incluso representantes de la Fuerza Armada. Analicemos en este editorial lo que cabe esperar de este proceso de negociación y el valor de algunas de estas recomendaciones

Negociar con escepticismo

Aunque extraoficialmente se ha dicho que el próximo proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición comenzará el 13 de agosto, en la ciudad de México, aún no hay información oficial de parte de ninguno de los dos principales actores involucrados en el proceso. No se ha anunciado quiénes serán los integrantes de las delegaciones de ambos bandos ni la agenda preliminar a considerar.

Extraoficialmente se conoce también que al frente del oficialismo estará de nuevo el presidente de la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre, Jorge Rodríguez, mientras que en el caso de la oposición la delegación será coordinada, otra vez, por Gerardo Blyde, acompañado de Aquiles Moreno, quien es la mano derecha de Henry Ramos, Stalin González como representante de Capriles, y Claudia Nikken, hija mayor de Pedro Nikken, quien fuera un reconocido abogado, mediador internacional y defensor de una salida negociada a nuestra crisis política.

Lo que sí se conoce, por las múltiples declaraciones de Maduro y otros voceros del gobierno es que, desde su posición, insistirá en que se reconozcan sus “instituciones”, o sea, a él como presidente, a la Asamblea Nacional producto del proceso del pasado 6 de diciembre y a su Tribunal Supremo de Justicia, fundamentalmente, y se exigirá, como punto de honor, el levantamiento inmediato de las sanciones y la liberación de los recursos “secuestrados” en el exterior, según su propia narrativa. Por su parte, la oposición exigirá que se defina y cumpla con un cronograma de elecciones libres y justas, que incluya las presidenciales y parlamentarias, y que se atienda, de manera prioritaria, la crisis social o emergencia humanitaria compleja.

Una de las grandes incógnitas es si podrán superarse los obstáculos que impidieron avanzar en la consecución de acuerdos en las anteriores oportunidades de negociación que ocurrieron en 2014, con la mediación de la Unasur y el Vaticano; en 2017-2018, en República Dominicana; y durante 2019, en Oslo-Barbados, con la mediación del Reino de Noruega.

En las tres ocasiones mencionadas, el principal tema de la negociación fue el de la salida electoral mediante elecciones libres y justas, principalmente para la presidencia, pero al parecer no hubo mayor intención de ninguna de las partes en lograr el acuerdo en ese sentido porque el gobierno estaba aferrado al poder; mientras que la oposición estaba convencida de que la salida se daría por “el quiebre inevitable” del oficialismo o por una intervención militar extranjera.

Mientras la oposición seguía apostando a una “solución rápida”, el gobierno continuaba trabajando, en paralelo al proceso Oslo-Barbados, en una estrategia que le ha dado frutos en lo electoral: “divide y vencerás”. Y fue así como logró negociar con lo que se ha conocido como “la mesita”, la construcción de una oposición a la medida de sus necesidades de legitimación electoral. Por su parte, el gran apoyo del grupo liderado por Juan Guaidó que era la administración Trump mostraba posiciones contradictorias en el manejo de la situación venezolana, producto del desacuerdo entra las propias instancias gubernamentales norteamericanas, lo que complicó el desarrollo del proceso y derrumbó las expectativas de cambio.

Adicionalmente, las nuevas sanciones aplicadas por Estados Unidos en agosto 2019 a funcionarios del gobierno venezolano sirvieron de excusa al régimen para retirarse de las negociaciones en Barbados.

¿Qué hacer distinto ahora?

A pocos días del anunciado comienzo de lo que sería el cuarto proceso de negociación durante el gobierno de Maduro, la pregunta entonces sería: ¿Qué habría que cambiar para lograr resultados diferentes?

Una de demandas que algunos actores, entre ellos el mismo gobierno, han expresado es la necesidad de incorporar a otros actores a la mesa de diálogo, como es el caso de organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, otros partidos a los que Maduro se refiere como las “oposiciones”, entre otros.

La realidad es que se debe evitar caer en la estrategia del régimen, cuya intención es complejizar la negociación agregando temas en la agenda y contrapartes a la mesa, que harían mucho más difícil la coordinación y agregación de intereses que posibiliten un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Como es bien sabido por cualquiera con nociones básicas sobre negociación, la probabilidad de lograr acuerdos es siempre inversamente proporcional a la cantidad de actores que participan.  

Asimismo, es necesario considerar que varias de estas “oposiciones” en realidad son individuos y organizaciones cooptadas por el gobierno que están allí como parte de la estrategia oficialista que busca desplazar a la oposición mayoritaria, representada por Guidó y el G4+, para sustituirla por una diversidad de partidos minoritarios que no tienen la capacidad para competir con el régimen electoralmente, ni en ningún otro ámbito. Esta inclusión tendría el fin de hacer más compleja la negociación, diluyendo la representación opositora, lo que le da la oportunidad al gobierno de decidir sobre qué temas llegar a acuerdos y sobre cuáles no.

Con respecto al mediador, existe un consenso generalizado con relación al rol cumplido por el Reino de Noruega y la conveniencia de mantenerle como facilitador y conciliador entre el oficialismo y la oposición.

Sobre lo que sí existen dudas, por demás justificadas, es sobre el rol de los países garantes y sobre cómo operaran, cuestión que hasta el momento parece no estar definida, aunque se menciona en ese rol a Holanda, del lado opositor, y a Rusia, del lado oficialista.

Dentro del país, se ha cuestionado el hecho de que en las rondas anteriores la agenda de conversación no ha sido dada a conocer, lo que ha generado suspicacias y rechazo en la opinión pública. Algunos expertos recomiendan hacer pública la agenda básica, mientras que todos coinciden en que, al contrario de lo que demandaba púbicamente Maduro, el desarrollo de las conversaciones debe mantenerse confidencial.

Un tema sobre el que se ha insistido una y otra vez es en el de incluir como tema principal de la agenda la reinstitucionalización del país,  de modo que permita la coexistencia democrática en lugar del reemplazo y la desaparición del otro, como sucede en un juego suma-cero. Cuando se habla de reinstitucionalización, es importante considerar que los conflictos por el poder son, por naturaleza, juegos suma-cero, y que los actores gubernamentales saben que una reinstitucionalización democrática, o sea la separación de poderes para generar balances y contrapesos, implica desconcentración y pérdida de poder para el mismo gobierno.

Otro tema polémico es la recomendación de abandonar la estrategia de una negociación integrativa, que algunos han denominado, de manera un tanto confusa, como del ”todo o nada” que se impuso en las anteriores negociaciones, lo que abriría la posibilidad de acuerdos parciales y progresivos en determinados temas menos conflictivos para las partes.  El “todo o nada” es una definición que describe muy mal lo que debe ser una negociación integrativa. La realidad es que una negociación integrativa lo que busca es la integración de los intereses, de manera tal que se pueda generar un paquete de acuerdos con un mayor valor para las partes involucradas. Si, por el contrario, los diversos intereses de las partes se resuelven en negociaciones parciales, lo que tenemos no es una negociación que integre intereses sino varias que resuelven asuntos diversos sin la posibilidad de integrarlos con los más difíciles, dejándolos sin resolver cuando quizás ya no haya otros acuerdos que puedan servir como contraprestación, agregando valor para facilitar un acuerdo integral que incluya los temas más complejos y costosos.

Asimismo, algunos voceros proponen que los actores internacionales propicien el progreso hacia una solución asegurando que no haya alternativas a la negociación. Haciendo que la  normalización de relaciones con Maduro, por un lado, o el reconocimiento incondicional e indefinido para Guaidó por otro, no sean alternativas viables a un acuerdo negociado. El problema con tal planteamiento es que la relación entre gobierno y oposición es ya, de por sí, marcadamente asimétrica a favor del régimen, para quien, ante la falta de mejores alternativas que la de otorgar concesiones que pongan en riesgo el poder, preferiría mantener el statu quo, aunque ello implique mantener también las sanciones.

La solución deseable a la crisis política, no necesariamente la única posible como la propia historia demuestra, pasa por un proceso electoral, donde las condiciones deben ser bien definidas antes de ir a un levantamiento de las sanciones. Esta ha sido la posición de los Estados Unidos, el actor más relevante en el tema de sanciones. Es un punto crucial, sobre el cual también existirían posiciones diferenciadas en el ámbito norteamericano, no solo entre republicanos y demócratas, sino entre otros actores no gubernamentales, e incluso al interior de la misma administración Biden. Un sector promovería el alivio de las sanciones, pero otro sector teme el impacto político en un estado clave como el de la Florida, donde las comunidades exiliadas  de Cuba, Colombia y Venezuela tienen un gran peso en lo electoral. Y, además, entra en juego cómo se manejará este tema dentro de la agenda entre Estados Unidos y la Unión Europea.

La necesidad de simetrizar el juego

Uno de los principales problemas que afronta la oposición en la mesa de negociación es la asimetría de poder con relación a su contraparte,  el gobierno,  que tiene el control del Estado, lo que hace poco probable su cooperación, sobre todo cuando ella conlleva una pérdida total o parcial del poder.

En procesos de democratización es necesario tomar en cuenta dos variables: los costos de represión, o de mantener el poder por la fuerza, y los costos de tolerancia a un cambio político. Solo cuando un régimen autoritario enfrenta costos de represión altos se produce una mayor simetría entre el gobierno y la oposición,  lo que a su vez se traduce en un dilema que puede desembocar en la cooperación, como su mejor alternativa ante un conflicto actual o potencial. Cuando un régimen autoritario no necesita hacer uso de la fuerza para mantenerse en el poder, ante una población desmovilizada, desmotivada, temerosa o apática, el costo de represión es cero.

Cuando, por el contrario, los costos de represión aumentan y tal dilema se produce, resulta esencial reducir, a través de la negociación, los costos de tolerancia a los fines de pasar de un equilibrio de no cooperación a un equilibrio de cooperación que haga posible una transición negociada.

La negociación, como proceso interactivo en el que a través de la cooperación trata de obtenerse algo mejor que lo que se puede obtener de otro modo, depende entonces de lo que las partes pueden conseguir de otro modo, o sea de las alternativas que se tienen fuera de la mesa de negociación. El régimen venezolano, durante años, ha tenido como mejor alternativa el statu quo, aún con sus inconvenientes. Lo que se necesita entonces es modificar las alternativas que el régimen tiene fuera de la mesa de manera tal que un acuerdo tenga más valor para éste que lo que pueda obtener sin la cooperación de la oposición.

Conclusiones

Cuando estamos en el mes en el  que se iniciaría la cuarta ronda de negociaciones entre gobierno y oposición impulsadas por Noruega y respaldada por parte de la comunidad internacional, las expectativas de que se logren acuerdos que permitan resolver el conflicto político siguen siendo pocas, al menos en el corto plazo. Los obstáculos representados por la asimetría entre gobierno y oposición y el hecho de que para el gobierno el statu quo sigue siendo una mejor alternativa que un acuerdo que ponga en riesgo su permanencia en el poder,  que no permitieron alcanzar un acuerdo en 2014, 2017-18 y 2019, siguen estando presentes.

En esta oportunidad, de darse las conversaciones en México como se ha anunciado, la contraparte opositora representada por el G4+, que, aunque debilitada sigue siendo el principal referente de la oposición, podría ver disminuida su efectividad en la mesa en el caso de que el gobierno logre diluir su representatividad por la presencia de otras “oposiciones” cooptadas por el propio régimen. Asimismo, aunque la presencia de la sociedad civil podría tener un impacto favorable en la opinión pública que ve con escepticismo las negociaciones, también podría complejizar el proceso y reducir la probabilidad de alcanzar acuerdos en lo político.

También existen dudas sobre el rol definitivo que jugará la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos que tiene en sus manos la joya de la corona para el régimen, pero también lo  que pareciera ser el único fulcro con el que cuenta la oposición para apalancarse en el presente momento, o sea, las sanciones.

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