Polítika UCAB

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la existencia de violaciones de diversos derechos convencionales de Henrique Capriles Radonski durante las elecciones presidenciales de 2013 por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. El caso fue remitido a la Corte IDH para que determine la responsabilidad del Estado venezolano.

El opositor venezolano fue candidato presidencial para los comicios de 2013 y, tras quedar segundo por una diferencia de 1,49%, solicitó una auditoría de votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero fue rechazada.

Un informe realizado por la CIDH reflejó que hubo serios obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos en el país y que se ejecutaron acciones de represalia contra la oposición política. Además, destacó la falta de independencia del CNE, algo que incide de forma negativa en la protección de los derechos políticos.

Entre las observaciones que realizó la Comisión, está el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña de Maduro y un acceso «marcadamente inequitativo» de los medios masivos de comunicación estatal. También constató la existencia de varias irregularidades durante la votación. De esta manera, aseguró que Capriles no compitió en «condiciones de igualdad» durante las elecciones.

Tras la investigación, la CIDH concluyó que el Estado violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión, a la protección judicial y los derechos políticos reflejados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además de remitir el caso a la Corte IDH, la Comisión le exigió al gobierno venezolano reparar las violaciones y tomar medidas de reestructuración para garantizar la igualdad e imparcialidad en sus procesos.