Espacio Público registró 123 casos y 238 denuncias de violaciones a la libertad de expresión el año pasado. Entre enero y abril de 2026, registra 29 detenciones, la mayoría de corta duración. 

Nota de Prensa 29.04.26

El ejercicio de la libertad de expresión durante el año 2025 se mantuvo bajo un esquema de restricciones estructurales que buscaron limitar el debate público y controlar el flujo de información. 

En 2025 se registraron 123 casos y 238 denuncias de violaciones, cifras que representan una disminución del 60 % con relación al total de casos y del 62 % con respecto al total de violaciones ocurridas en el 2024. Esta variación proporcional no responde a medidas tomadas desde el Estado venezolano para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Por el contrario, responde al alto número de casos registrados en el 2024, a propósito del contexto post electoral y a la represión generada en el marco de la elección presidencial del 28 de julio. 

La intimidación se posicionó como el tipo de agresión más frecuente con 79 casos (33,19 %). Esta tendencia refleja una política de Estado orientada a inhibir el flujo de información mediante el miedo. Le sigue de cerca la censura con 63 casos (26,47 %), lo que evidencia el cierre sistemático de espacios para el debate público. Otras modalidades como el hostigamiento judicial (14,71 %) y las restricciones administrativas (13,03 %) demuestran el uso de la institucionalidad y la ley como herramientas punitivas para silenciar la crítica y el escrutinio ciudadano.

El año pasado, las privaciones de libertad revelaron el uso de la detención como una herramienta de castigo directo contra el discurso crítico, contabilizando un total de 44 detenciones arbitrarias. La mayoría de estas medidas fueron aplicadas a personas particulares, quienes suman 24 registros (54,55 %). De ese total, 17 fueron por el uso de internet y redes sociales. En 14 de estos casos se evidenció el uso o invocación de delitos de instigación al odio. Esto incluyó el caso de Manuel Sánchez, un activista comunitario de 57 años, condenado a 10 años de prisión por instigación al odio, recluido a la fecha en el Rodeo IV. 

Enero-abril 2026: nuevo momento político, mismos patrones 

La reconfiguración forzada del poder político, tras el ataque armado de EE.UU el 3 de enero, no se traduce estructuralmente en un “nuevo momento político” tal y como plantean las autoridades encargadas, al menos en materia de garantía y protección efectiva de los derechos humanos. 

El derecho a la libertad de expresión permanece bajo el asedio de una arquitectura jurídica diseñada para la censura. A la fecha, no se ha desmantelado la estructura represiva, ni han cesado las políticas de hostigamiento. Entre enero y abril se registraron 38 casos y 91 denuncias de violaciones al derecho, y 29 detenciones arbitrarias, la mayoría de corta duración. 

Actualmente ningún periodista está preso en Venezuela, pero varios siguen sometidos a procesos judiciales. Trabajadores de la prensa, activistas, han recibido sobreseimiento de sus causas, con o sin ley de amnistía, aunque siguen bajo amenazas y hostigamiento constante por su labor. Al menos 22 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos arbitrariamente durante coberturas de calle, algunos recibieron agresiones, robaron sus equipos y los cuerpos de seguridad eliminaron su material. 

Entre las personas afectadas también se encuentran infociudadanos y usuarios de redes sociales, quienes usan regularmente canales como TikTok o Whatsapp para difundir denuncias sobre situaciones de interés público que afectan su vida cotidiana o su entorno. Yorman Acevedo, trabajador y padre de familia de 58 años, está detenido injustamente en Yare III por expresar sus opiniones en redes sociales, acusado de instigación al odio. 

Acciones inmediatas para restituir la libre expresión 

La reconstrucción democrática en Venezuela conlleva necesariamente la recuperación de un esquema mínimo de garantías en lo que respecta a la libertad de expresión, información y prensa. La generación de condiciones para una comunicación libre implica acciones inmediatas, entre ellas están: la liberación plena de todas personas detenidas por expresarse; la derogatoria de la ley contra el odio, usada sistemáticamente para criminalizar el discurso crítico; y el desbloqueo de los medios y plataformas digitales sujetas a restricciones arbitrarias por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.  

Informe completo y los trabajos especiales: https://espaciopublico.ong/