La encuesta de opinión pública realizada por la firma Delphos en junio de este año, reveló que 61,8% de la población tiene una percepción negativa del país y 87,6% cree muy necesario un cambio político que 74,1% considera debe producirse mediante elecciones.

Caracas, 18 de junio 2026. “Los procesos de transición no solo dependen de los gobiernos y de los políticos, sino también de la sociedad civil. Y ahí es donde la universidad tiene un sentido de autorresponsabilidad para apuntalar el proceso y los caminos para que esta transición en Venezuela no quede en lo autoritario, sino que pueda apuntar a un proceso de democratización”. Así lo señaló el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza S.J., al dar inicio al evento Prospectivas 2026- II Semestre, celebrado este miércoles por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) “Francisco José Virtuoso S.J.” de la UCAB.

Advirtió que aunque la palabra incertidumbre nos acompaña desde hace tiempo, hay que reconocer que sí estamos en un proceso de transición. “Cada transición es muy propia y nosotros tenemos que crear nuestra propia transición: la transición venezolana. Como universidad estamos comprometidos, igual que muchísimos otros actores, y seguimos trabajando para que este horizonte sea de libertad para todos los venezolanos”.

Gobierno venezolano: estabilidad sin alternancia

Al presentar el escenario político, Ángel Oropeza, director del CEPyG, señaló que Estados Unidos está avanzando exitosamente en su estrategia de control que va más allá de lo estrictamente financiero, y que se amplía ahora hacia una tutela territorial y de seguridad interna. Esta estrategia de control más ampliado y progresivo se inscribe además en la percepción que tendría Washington de que la presidenta interina resultaría para ellos “más predecible” que la líder opositora MC Machado, por lo que un cambio político en los actuales momentos abriría en teoría un escenario más incierto para EEUU, en un escenario de política internacional que privilegia la previsibilidad por encima de diferencias ideológicas. Sin embargo, es necesario recordar que durante mucho tiempo lo mismo se decía de Maduro, que “si se sacaba, el país entraría en una situación de caos e ingobernabilidad”.

Destacó que uno de los problemas para EEUU es la exigencia empresarial de reglas nuevas y claras a cambio de inversión. La duda es si la exigencia se limita a reglas fiscales o incluye reglas democráticas. El otro gran problema son las elecciones de noviembre, que condicionan mucho las decisiones que se tomen con respecto a Venezuela, buscando logicamente privilegiar los intereses electorales a lo interno de los EEUU.

“Por otro lado, el gobierno venezolano compró el esquema impuesto por Washington, pero sólo las dos primeras fases: estabilización y recuperación; la tercera no. Porque para el gobierno interino, la tercera fase deseada no es transición política sino  permanencia o continuidad sin alternancia democrática”. Oropeza señaló que el objetivo principal actual del gobierno venezolano es mantener una supervivencia temporal y gestionar la variable tiempo a su favor, mientras se conforma una autocracia operativa que satisfaga intereses económicos internos y foráneos, pero sin alternabilidad democrática, al menos en el corto y mediano plazo. Es decir, imponer una normalización económica tutelada sin concesiones políticas de riesgo para ellos. “El problema para el gobierno es que los intentos de normalización económica no se están traduciendo en legitimidad política”. A lo interno, hay fisuras en la cohesión y manifestaciones de disidencia, pero sin peligro de ruptura ni quiebre del bloque de poder.

En cuanto a la oposición, Oropeza observa mejoras evidentes, como la reunión y Manifiesto de Panamá, acciones regionales de movilización por parte de algunos dirigentes, y el liderazgo de María Corina Machado que se mantiene. Sin embargo, aún está lejos la oposición democrática de constituir una fuerza operativa que pueda exigir con eficacia disuasiva avances verificables de democratización. El reto ahí es transformar la autoidentificación política a su favor (43% del país según la última encuesta de Delphos), la mayoritaria necesidad de cambio de gobierno y la presión internacional en incidencia operativa que permita construir una situación de disuasión cívica que eleve los costos de mantenerse en el poder al actual gobierno.

Para Oropeza, los análisis de prospectiva política realizados en el CEPyG permiten la identificación de cinco escenarios posibles en el corto y mediano plazo: Radicalización autoritaria (mayor represión, control y eliminación de la disidencia); transición forzada (donde el aumento de presión externa altera el cálculo del costo beneficio de la permanencia en el poder y obliga a negociar); salida de fuerza (escenario de ruptura que puede presentarse como colapso institucional o una intervención directa); fragmentación sistémica (desintegración del poder central y aparición de múltiples centros de poder) y  normalización autoritaria sin democratización política (apertura económica controlada, estabilidad sin democracia y simulación de normalidad).

Pero no todos tienen el mismo grado de probabilidad de ocurrencia. De hecho, según Oropeza, el último sería el más probable para Venezuela dada el estado actual de las variables en juego, escenario en el que la normalización económica avanza muy rápido, mientras los avances de democratización siguen sin mecanismos verificables.

El gran problema con este escenario, no sólo para los venezolanos sino también para la administración estadounidense, es su altísima fragilidad e inconveniencia. En primer lugar, esta modalidad en la cual el proceso de una eventual transición es dirigido por la misma gente que conformaba el gobierno autoritario que se aspira a superar, es históricamente la que registra el mayor porcentaje de reversión autoritaria y, por ende, de fracaso. Además, el gobierno interino tiene una base social muy precaria, acompañada de  alta desaprobación, percepción de mala gestión y dudas sobre su legitimidad, lo que le dificultará afrontar problemas como el creciente malestar social o la implementación de reformas como la reducción del tamaño del Estado, por lo que cualquier intento de estabilización viable y permanente sin avances democráticos está condenado al fracaso, lo que resultaría en mayores riesgos para EEUU y para la región.

87% de los venezolanos quiere un pronto cambio político

Según la encuesta de opinión pública realizada por la firma Delphos para el CEPyG, presentada por Félix Seijas, el tablero político ha cambiado. En cuanto a la autoidentificación política se observa que el chavismo ahora apenas representa al 16,3% de la población, de ese porcentaje 7% están resteados con el gobierno y 9,3% son chavistas descontentos. La oposición concentra 43% de la población:  29,1% apoya a la líder MCM; 3,3% apoya otro liderazgo y 10,6% no apoya liderazgo alguno.

Y aunque para el mes de junio del presente año, fecha en que se realizó la medición, 58,9% de los consultados se mostró esperanzado, la percepción actual del país es negativa para 61,8%.

Con respecto a los hechos del 3 de enero pasado, 54,6% se mostró de acuerdo con lo ocurrido y 35,7% en desacuerdo. Por otra parte, un 42% desconoce la estrategia de tres fases planteada por EEUU, mientras 57,3% dice conocerla o haber oído sobre ella.

Asimismo, 66,8% de las personas evalúan la gestión de la presidenta interina como negativa y solo 23,5% la ve como positiva. Para 55,6% el actual gobierno es igual que el de Maduro y 35,2% lo percibe distinto.

Al preguntar qué tan necesario es un cambio de gobierno, se observa que mientras en noviembre de 2025, 77,1% pensaba que era muy necesario, en junio 2026 ese porcentaje sube a 87,6%. Sobre la forma en qué debe producirse ese cambio 74,1% considera que mediante elecciones, cifra muy superior a la de noviembre cuando estaba en 38,1%. Sin embargo, al plantear qué es más prioritario: economía o elecciones, 55,7% se inclina por la primera opción.

Seijas explicó que también se consultó sobre los niveles de tolerancia en caso de una transición política. Sobre un posible perdón político a cambio de una transición pacífica, 28,2% mostró aceptación alta; 20% media y 46,8% baja.

Mantener figuras clave del gobierno en el poder para evitar vacíos sólo es viable para un 22%. También hay un alto rechazo (48,5%) a establecer una alianza con el oficialismo para lograr una transición estable y 45% espera que haya castigo para todos los responsables de violaciones de derechos humanos.

Con respecto a la confianza en las instituciones, las universidades y la Iglesia católica se mantienen en el primer lugar con más del 50% de valoración positiva.

Bajo presión internacional

Para el segundo semestre del año, los internacionalistas Félix Arellano y Elsa Cardozo consideran fundamental revisar las tendencias de la incidencia externa en tres niveles: las condiciones del entorno mundial; hacia dónde se inclinan los actores e intereses críticos y luego las iniciativas nacionales: régimen interino, oposición mayoritaria y sociedad. Todo esto enmarcado en las tendencias imperantes en el país: la normalización autoritaria que quiere imponer el régimen interino y por el otro, la vía hacia la transición democrática impulsada por María Corina Machado y parte de la oposición.

En cuanto a las condiciones del entorno internacional, Arellano explicó que se observa una expansión autoritaria e iliberal, con predominio de realpolitik: prioridades de seguridad, tensiones y guerras/retos al multilateralismo y competencia por áreas de influencia. Pero, por otra parte, surgen reclamos de orden internacional basados en reglas y principios: dinámicas simultáneas de la seguridad y la interdependencia y atención transnacional a la violación de derechos humanos, crisis humanitarias, flujos ilícitos y criminalidad.  

En el ámbito nacional, destacaron Cardozo y Arellano, las prioridades del gobierno interino son ganar tiempo para estabilizarse antes de unas eventuales elecciones, búsqueda de legitimidad, normalidad internacional, concentración en relaciones económicas, evasión ante denuncias de corrupción, represión y violación de derechos humanos, frenos al tutelaje de EE. UU. y manejo de la tensión con Colombia y Guyana. Desde la oposición democrática y las organizaciones de la sociedad civil, lo más importante es la relación con Washington, la proyección democrática unitaria, la presión por condiciones para elecciones democráticas, las relaciones con democracias de otros países y la valoración de procesos internacionales sobre derechos humanos.

Reactivación por olas

Según afirmó el economista Asdrúbal Oliveros, se espera un aumento de 25% del PIB petrolero para el cierre de 2026, pero la reactivación en el país se dará por olas. Considera que hasta el momento la población no siente mejoría porque apenas está arrancando la dinámica petrolera. Para el cierre de este año proyecta un crecimiento de 8,5% en la economía y una inflación de 235%.

 Advirtió, asimismo, que Venezuela entra en otra trayectoria donde se puede esperar mayor crecimiento y una relación más estrecha con EE. UU. que funciona con una política de tutelaje, y la expansión de la actividad petrolera y de minería que son los mayores generadores de divisas, lo que cambia mucho la dinámica del país.

En cuanto a las tres fases establecidas por EE. UU., señaló que ya pasamos la primera de estabilización (otorgamiento de licencias); la de recuperación (reactivación clara del sector petrolero y minero y reducción de inflación) y falta la transición que –a su juicio- será más política que económica.

Proyecta, asimismo, un aumento de la producción a 1.300.000 barriles diarios en 2026 y 1.700.000 en 2027. El flujo de divisas pasaría de 18 mil a 31 mil millones de dólares, esto último supeditado a la resolución  electoral que se tome y al desarrollo de la infraestructura, especialmente en el sector eléctrico.

Ingreso y empleo en caída

A lo largo de su presentación, Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB y coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), indicó que hay mucho trabajo por hacer en materia de programas para la superación de la pobreza y mejora de la situación social del país.

Explicó que en el área de educación, disminuyó la demanda potencial (2021-2025) en la población de 3 a 11 años pero aumentó la presión sobre la educación media y universitaria debido al incremento de la población en el grupo de 12 a 24 años.  Dijo que hay mucho que hacer para garantizar el acceso a la educación de la población en situación de pobreza, y tratar de detener los crecientes indices de rezago y deserción escolar. Por eso se recomienda mejorar los servicios de electricidad y agua, transporte, mantenimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y ajustar la remuneración de los docentes.

En cuanto al empleo, Freitez indicó que el sector formal aumenta su participación y se observa reducción del autoempleo. “Se esperaría que esa tendencia continúe, pero el ritmo dependerá de la materialización de los procesos de privatización y del comportamiento de las remuneraciones laborales”.

El sistema de salud, por su parte, se mantiene colapsado. Adicionalmente, solo 7% de la población tiene seguro médico, siendo Venezuela uno de los países de la región con gasto de bolsillo de las personas en salud más elevado.