Polítika UCAB

La Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela expresó su preocupación por el proyecto de ley que busca regular la actividad de las ONG. Esta delegación, conformada por los juristas Marta Valiñas (presidenta) y Francisco Cox, y la defensora de DD.HH., Patricia Tappatá, denunció que su promulgación puede suponer «un cierre a los espacios civiles y democráticos».

El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en una primera discusión la iniciativa impulsada por el Gobierno. La misión de la ONU reaccionó ante esto y explicó que dicha regulación impondría «requisitos formales onerosos» que le otorgaría al Estado la facultad para suprimirlas.

De acuerdo con Cox, la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines impone requisitos adicionales para el funcionamiento de estas entidades, que estarían sujetas a fuertes sanciones que podrían derivar en su disolución. Para la ONU, este proyecto impone más limitaciones a las prácticas de las ONG en Venezuela.

Los miembros de la misión indicaron que la iniciativa «expone a las organizaciones a una vigilancia permanente, incluso a través de control policial o de inteligencia». Para Tappatá, la propuesta de ley «refleja una vieja estrategia aplicada en otros países» y es un «ataque a la sociedad civil para silenciarla o eliminarla».

Por su parte, el diputado de la AN y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, declaró recientemente que la propuesta será sometida a una consulta popular. Este sería el paso previo para que el proyecto pueda ser llevado a una segunda discusión.