Benigno Alarcón Deza

Desde el punto de vista formal, la Conferencia Internacional para Venezuela que se realizará en Bogotá el próximo 25 de abril tendría como objetivo fundamental apoyar el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana en función de tratar de lograr un acuerdo sobre las elecciones presidenciales de 2024, con garantías para todas las partes. Pero ha surgido como uno de los puntos fundamentales la eliminación de las sanciones, objetivo resaltado por Gustavo Petro, quien busca quedar bien con los Estados Unidos y con Miraflores, actor clave  para el avance del acuerdo de paz con el ELN y la FARC. Para los venezolanos es crucial que el diálogo avance pues sin cambio político no hay posibilidad de crecimiento económico y superación de la crisis social

La Cumbre de Petro para Venezuela

Para este martes 25 de abril está convocada, en Bogotá, la Conferencia Internacional para Venezuela, cuyo objetivo fundamental – por lo menos desde el punto de vista formal- es el de apoyar el regreso al diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana en función de lograr un acuerdo sobre las elecciones presidenciales de 2024 con garantías para todas las partes.

Sin embargo, como siempre, surgen interpretaciones en torno a la también llamada cumbre, que contaría con la participación de unas 15 delegaciones entre los cuales estarían Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y algunas de América Latina. Hay quienes señalan que este evento fue promovido por Estados Unidos para presionar a Miraflores, eso está lejos de ser cierto. Otros apuntan más bien a que el presidente colombiano, Gustavo Petro, intentaría quedar bien con los Estados Unidos y con Miraflores, porque las negociaciones entre su gobierno y el ELN y las FARC dependen en buena medida de lo que haga Maduro. Pero a su vez también le permitiría ganar puntos con Estados Unidos al mostrarse como mediador eficaz en el proceso de negociaciones que comenzó en México y, como ha sucedido en otros procesos de diálogo, hoy se encuentra estancado.

En la reunión no participarían representantes de Maduro, ni de la oposición, aunque previamente el canciller de Colombia se reunió con Miraflores, y la oposición decidió reunirse con Petro este fin de semana para darle a conocer su posición con respecto a la temática que será tratada en la conferencia.

Hasta ahora se ha visto a Petro buscando protagonismo, tratando de imponer en corto tiempo reformas muy complejas en su país, pero poco trabajadas, con una opinión pública confundida, y allí el tema venezolano es fundamental para el mandatario colombiano, especialmente en lo que se refiere al proyecto de la Paz Total, que intenta negociar con la FARC y el ELN, y que pasa por la mediación del gobierno de Venezuela.

En ese contexto se plantea esta cumbre del 25 de abril, donde no se puede hablar de un Petro como mediador, sino más bien como parte interesada por lo que necesita tanto del gobierno de Venezuela como del de los Estados Unidos. Desde que inició su gobierno, el presidente colombiano transmitió la idea de querer apoyar el retorno de Venezuela a la democracia mediante su regreso o ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su reincorporación a la Comunidad Andina de Naciones, cosas que no han ocurrido. Pero al final pareciera que todo se reduce a tener una relación fluida con Miraflores para lograr avances en sus negociaciones con los grupos guerrilleros. Sin embargo, también ha habido interés por resolver el tema Monómeros, abordar lo referente a seguridad, migraciones y comercio bilateral.

Se percibe que el tema sanciones va a ser el protagonista en esta cumbre de Bogotá, porque es lo único que interesa realmente a Maduro, y que Petro ya anticipó como uno de los objetivos de esta conferencia. Es muy probable que la cumbre busque “resetear” el proceso de negociación, en línea con lo planteado insistentemente por el equipo negociador de Maduro, como condición para volver a México con el tiempo a su favor. Esto llevaría a que se desconozca la agenda previamente establecida, se incluyan otras partes en la mesa y se complejice el proceso, lo que es igual a comenzarlo desde cero, evitando que se centre en la negociación política y de condiciones electorales, que es el verdadero motivo que impulsó la creación de la mesa.

En paralelo, está en proceso la cooptación de actores que advierten, desde ámbitos distintos al gobierno, sobre la conveniencia de eliminar las sanciones de manera incondicional, como es el caso de algunos embajadores, académicos, empresarios, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), y voceros políticos como gobernadores y alcaldes electos.  También se intenta alinear a determinados expertos, analistas y generadores de opinión pública  para que se pronuncien en favor de su levantamiento.

Pero lo cierto es que no hay intención por parte del gobierno de Estados Unidos de retirar sanciones si no hay avances en lo político. Tanto es así que incluso existe la posibilidad de que se retroceda en algunos casos, como el de Chevron, porque lo que se está viendo es que la flexibilización no está sirviendo para que el gobierno venezolano reconsidere su posicisión.

Si bien se ha vendido que la intención de las sanciones es tratar de poner a la población contra el gobierno, la realidad es que las sanciones funcionan de otra manera, privan al gobierno de recursos con los cuales los regímenes autoritarios buscan mantener la lealtad de otros grupos esenciales, como es el caso de aquellos que garantizan el control de las las instituciones y las armas para reprimir, porque se sabe que estos gobiernos autocráticos dependen de una estructura clientelar.

Vale la pena destacar que Estados Unidos está revisando los sistemas de sanciones para diseñar  otras alternativas que eviten que la población se vea afectada. De esta manera, se está buscando aliviar las medidas que tienen efectos directos o son transferidos por el gobierno a la población.

Debe estar claro también que si el gobierno venezolano se ha sentado a negociar es por la presión de las sanciones, cuyo efecto aumenta en la medida que el régimen agota su disponibilidad de recursos o aumenta su necesidad, como sucede en un año electoral. Asimismo, las sanciones han contribuido a generar algunos conflcitos internos por el control de recursos que hoy son escasos, como ha sucedido con los recientes casos de corrupción que se dieron a través de fórmulas evasivas de estas sanciones. Pero más allá de si las ventas de petróleo se dieron o no de manera oscura, la crisis fundamentalmente tiene que ver con la forma cómo se manejaron esos recursos. En este sentido hay que recordar siempre que lo que se ataca no es la corrupción, porque la corrupción es parte esencial de un sistema que busca garantizar la lealtad incondicional de actores que resultan esenciales para mantener el poder.

Quizá habría que destacar que en la jornada en Bogotá, el rechzo a las sanciones podría ser crucial. Pero es importante estar claros en que para que haya avances, debe haberlos en ambos lados y es evidente que Miraflores no quiere eso.  No hay interés de regresar a la agenda de México dado que eso implica avance en el tema político y electoral.

Primaria en peligro

En este camino hacia un posible cambio político, tan esperado, la primaria constituye un paso fundamental para unificar a la población opositora venezolana en torno a un referente de liderazgo político unitario que debería ser capaz de derrotar al candidato oficialista en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, las primarias están en peligro porque el gobierno quiere acabar con ellas. Eso se ve claramente en dos declaraciones recientes: una del propio presidente Maduro sobre el posible adelanto de las elecciones, incluso para este mismo año; y la otra del Consejo Nacional Electoral (CNE) señalando que no habrá apoyo para estos comicios opositores si no se aceptan sus condiciones, entre las que se destaca el voto automatizado con uso del captahuella.

Esto pone a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) en una posición complicada porque en estos momentos no está preparada para llevar adelante este proceso sin el CNE. Ya algunos miembros defienden hacer la primaria con el CNE pese a las trabas establecidas.  Pero también está el intento de algunos actores de la oposición por detener esta elección. Esto porque prefieren elegir al candidato por consenso debido a que quienes se asoman como potenciales ganadores, según recientes encuestas, no tienen nada que ver con la Plataforma Unitaria, como es el caso de María Corina Machado (Vente) y Benjamín Rausseo.

Bajo este escenario, es posible predecir que sin la primaria la posibilidad de ganar una elección presidencial se reduce prácticamente a cero. Si no se da aumentará la abstención y habrá comicios con múltiples candidatos que terminarán dispersando el voto opositor, que es lo que busca repetir la estrategia oficialista, tras el éxito de los comicios parlamentarios de 2020, así como en los regionales y municipales de 2021. Existe, sin embargo, una alta probabilidad de que la elección termine polarizándose entre Maduro y un candidato opositor, lo que dejaría a Maduro ante el panorama de enfrentar una stunning election o asumir las consecuencias de echar por la borda las mínimas condiciones para una legitimación electoral, como ha sido la práctica en otras autocracias aliadas como Rusia, Bielorrusia y Nicaragua.  

Caiga quien caiga

No cabe duda de que la operación “Caiga quien caiga” que arrancó oficialmente el pasado 17 de marzo con un primer comunicado de la, hasta entonces desconocida, Policía Nacional Anticorrupción, sorprendió a la mayoría de los venezolanos, que aún no entienden qué es lo que hay detrás de esta persecución de gente del mismo bando.

Lo más llamativo fue que el principal implicado en tan sonado caso de corrupción fue uno de los funcionarios más allegados a Maduro, Tareck El Aissami, hasta ese momento ministro del Petróleo y cuyo paradero se desconoce hasta la fecha. Luego de la primera fase de detenciones de personas muy vinculadas con el exministro, como es el caso del exdiputado Hugbel Roa; se dio inicio a la segunda fase ejecutada en organizaciones del Estado como la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Sidor, donde se mantiene el objetivo primario de la operación: cortar las áreas de influencia de El Aissami.

La tercera fase comenzó la semana pasada, sin participación de la Policía Anticorrupción, con las detenciones de dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta y otros personajes vinculados con el exministro El Aissami, como son los hermanos Almeida, encargados del espionaje electrónico y hackeo de cuentas electrónicas y teléfonos, así como del minado de bitcoin. 

Paralelamente la operación empieza a regionalizarse, como en Aragua, y en Táchira, donde el gobernador Freddy Bernal jugaría un papel importante. Se ha solicitado un listado de posibles objetivos de alcaldes relacionados con Tareck,se realizará un posible escrutinio para ampliar la lista de detenidos.

Vale la pena señalar que las purgas son tradicionales en gobiernos de este tipo, en los que es necesario mantener un delicado balance de contrapesos para garantizar la lealtad incondicional de quienes depende la estabilidad en el poder. Es conocida la pugna que desde hace tiempo había entre Tareck El Aissami y los hermanos Rodríguez, quienes competían en el área de influencia de Maduro. El primero más pragmático e impulsor de la dolarización; los segundos más empeñados en la preservación de las divisas y la defensa del bolívar como instrumento de pago. El Aissami además era bien visto por los sectores empresariales, emergentes, enchufados  e incluso algunos tradicionales, que lo consideraban un posible actor en el que había que invertir para garantizar una transición económica, aunque no política, a semejanza del modelo chino o vietnamita. Es así como en este caso se encuentran factores políticos y de manejo de recursos, no tanto por la corrupción, sino porque el exministro de Petróleo no estaba generando los recursos necesarios para mantener la estructura de apoyo clientelar al gobierno, sino para generar una estructura clientelar propia.

Sin solución política no habrá crecimiento

Todo esto ocurre con un entorno económico debilitado, donde ya sucumbió el relato de que Venezuela se arregló. El problema es de carácter estructural.

Ya en 2009, la economía venezolana empezó a dar signos de alarma. Cuando Chávez se reelige en 2012 el nivel de gasto fue muy elevado. Maduro llega al poder con una provisión de divisas limitada, donde lo ideal hubiera sido elaborar un plan de ajustes que no se hizo. Se enfocó en lo político más que en recuperar la economía. De 2013 a 2016 se postergaron los ajustes, la crisis se profundizó, la provisión de divisas hizo crisis y se produjo una caída muy fuerte de las importaciones, empieza a colapsar el gasto público y también hay un colapso de la producción petrolera porque se privilegió el pago de deuda antes que la inversión. Todo esto fue una tormenta perfecta para la peor crisis en el hemisferio occidental. La economía perdió 78% de su tamaño desde 2013, con una hiperinflación inédita y un episodio de desabastecimiento severo. Una crisis profunda con consecuencias que afectarán a varias generaciones.

Maduro puede decir que “tuvo éxito” porque se consolidó en el poder y le importó poco esta crisis. Pero cuando consolida su vena autoritaria y vienen las sanciones en 2017 y 2018, se prohíbe la exportación de petróleo a EE. UU. especialmente. Por necesidad, el gobierno dio signos de apertura: Pausa (no eliminación) de controles, permitió la dolarización, total apertura a las importaciones y una actitud más constructiva con el sector privado. Eso detuvo la caída de la economía, lo que provocó un crecimiento de 1% en 2021, 10% en 2022 y para este año se estima será de apenas 5%, por la ralentización del proceso a partir del último trimestre de 2022.

Hoy la economía no está en caída como entre 2014 y 2021, pero tampoco está creciendo, se mantiene estancada. Para que se sienta bienestar, la economía tiene que crecer por mucho tiempo y con altas tasas. Estamos creciendo a un nivel muy bajo y en los últimos meses se ha detenido, y en algunos sectores incluso hay ya signos claros de decrecimiento.

Mientras no haya crecimiento mucha gente no se puede incorporar al sistema productivo. En estos momentos, 40% de la población está excluida de las bondades del mercado, y hay otro 40% que consume en condiciones precarias.

El gobierno no tiene capacidad para reactivar la economía. El dilema al que se enfrenta Maduro está entre dar condiciones políticas en la negociación, con la posibilidad de perder el poder, para que la economía crezca, o retener el poder bajo condiciones económicas y sociales precarias, lo cual es perfectamente factible como lo demuestra la longevidad de la gran mayoría de los regímenes autocráticos .

El gobierno ha hecho de todo para imponerse, e incluso creó una economía oscura para enfrentar las sanciones lo que, de alguna manera, condujo a la crisis de corrupción que se llevó por delante a Tareck El Aissami y a sus relacionados. Por eso la insistencia en que sin solución del problema político de fondo, seguiremos teniendo una economía pobre y estancada y eso no permitirá superar las condiciones de pobreza e inclusión.