Alex Fergusson

Aunque no es la primera vez que esto ocurre, a finales de marzo, la Policía Anticorrupción informó la detención de Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y director de Despacho de Tareck El Aissami; de tres jueces; del alcalde oficialista del municipio Santos Michelena del estado Aragua y de un teniente coronel, gerente general de la Dirección de Seguridad Integral de la Faja Petrolífera del Orinoco. Y solicitó al Ministerio Público procesar a este grupo de personas por estar incursos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos.

Pero el asunto no se detuvo allí y el escándalo se extendió a la empresa nacional petrolera (PDVSA) lo cual provocó la renuncia del ministro de Petróleo, luego de que un numeroso grupo de funcionarios, entre ellos un gerente de la empresa, fueron detenidos durante ese mismo fin de semana por presuntos hechos de corrupción.

También fue detenido el exgobernador chavista del estado Sucre; el exministro de Educación Superior, Hugbel Roa, amigo y compañero de universidad de El Aisami, señalado como su principal testaferro; un coronel, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, y otros, más de veinte, ligados a la trama de la corrupción oficial en la estatal petrolera.

El Aissami fue hasta ahora, hombre importante en el equipo de gobierno tanto del presidente Chávez como de Maduro, donde ha desempeñado no menos de 8 cargos ejecutivos, como el de vicepresidente de la República, además de diputado a la AN y gobernador de estado.  

Sus vínculos con la red de narcotráfico venezolana le valieron, en 2019, una sentencia de la Corte Federal de Manhattan (USA) por narcotráfico y su inclusión en la lista de los más buscados con orden de captura y una recompensa de 10 millones de dólares.

Pero ya desde 2014, El Aissami había sido señalado por sus vínculos con los jefes de las redes terroristas del Medio Oriente, especialmente Siria e Irán, además de sus relaciones con la ETA de España.

Con relación a este punto, se le acusó de haber desarrollado una sofisticada red financiera y de transporte para la movilización de militantes del Estado Islámico y grupos terroristas de otros países, como España, hacia Venezuela, y el envío de fondos de ayuda a grupos criminales en Europa y Medio Oriente.

Pese a ello, el gobierno reaccionó de inmediato dando un espaldarazo al ministro, anunciando: “Hemos dado un golpe a los mafiosos«, y el propio jefe del partido de gobierno señaló que «muchos traicionan a la revolución porque ya robaron lo suficiente”.

Casi al mismo tiempo se informó de la detención de un empresario, propietario de la Constructora HP, por presunta legitimación de capitales.

Esa empresa es la responsable de la construcción de siete grandes torres de oficinas y viviendas de lujo, de más de 20 pisos en la urbanización Las Mercedes; dueña de la concesionaria de vehículos Ferrari en Venezuela y también encargada de hacer labores de mantenimiento y reparaciones en los muelles de los complejos petroleros de PDVSA, amparada bajo el manto de contratos estatales otorgados a militares cercanos al gobierno.

La información disponible indica que a estos grupos se le atribuye la malversación de 3 mil millones de dólares y se le hace responsables de desaparecer el equivalente a cerca del 50% de los ingresos anuales de la estatal petrolera, es decir, unos 8 mil millones de dólares.

La guinda de la torta de la red de corrupción que se desveló, fue colocada por la reciente quiebra, en los EE. UU, de los bancos Silicon Valley Bank y el First Republic Bank, parte de cuyas actividades consistía en lavar los dólares de las exportaciones ilegales de oro y venta de petróleo, con intermediarios, por parte del gobierno venezolano para eludir las sanciones utilizando monedas virtuales.

A ello se suma la corrupción destapada en la CVG, en la empresa bolivariana de cementos y los vínculos de Alex Saab y el señor Pulido junto con la familia Perdomo, propietaria de HP.

Este entramado de corrupción, conformado por altos personeros de PDVSA, la CVG, del cemento, del CLAP, funcionarios del alto gobierno, jueces, miembros de las Fuerzas Armadas, del partido de gobierno, de la Superintendencia de Criptoactivos y de sus cómplices y testaferros, manejó allí más de 38 mil millones de dólares.

Habría que agregar la detención de las “chicas que coordinaban la red de prostitución y tráfico sexual de adolescentes varones que organizó Roa, y la detención del exgobernador de Trujillo y expresidente del SAIME, Hugo Cabezas.

En total ya van más de 100 detenidos, y cada semana se destapa una “olla” nueva.

Sin embargo, pese a la magnitud del escándalo por el monto involucrado (unos 50 mil millones de dólares) y por el alto nivel de sus protagonistas, particularmente El Aissami, Roa, Cabezas, el presidente de la CVG y militares de alta gradación, estos eventos no son sino una fracción del impacto de la corrupción genéticamente instalada en la política oficial desde hace veinte años.

En tal sentido comparto la opinión de muchos analistas y expertos, que indican que la cantidad total que la corrupción ha sustraído del erario nacional en los últimos veinte años, alcanza la obscena cifra de los 600 mil millones de dólares.

Por otra parte, tengo la impresión de que el intento del gobierno de presentar estas detenciones como expresión de su “férrea voluntad” de combatir la corrupción, no es más que el uso propagandístico de una situación que no puede controlar.

Durante veinte años se ha utilizado la corrupción como instrumento político para crear y mantener lealtades, como suele ocurrir en los gobiernos populistas de izquierda o derecha en todas partes.

No podemos olvidar los escándalos previos del Plan Bolívar 2000; de la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI, 2003-2014); de la PDVSA de Rafael Ramírez; de la importación de alimentos de PDVAL; de Odebrecht; de las cuentas bancarias de Andorra y Suiza, del Arco Minero del Orinoco, y de los casos del financiamiento al Partido Podemos, al exembajador Moroto y al expresidente Rodríguez Zapatero de España, solo para citar los más conocidos y que sumados, le costaron al país poco mas de 300 mil millones de dólares.

Ah, y no pasemos por alto los privilegios de los grupos narcotraficantes, que son muchos.

Pero la realidad es que creo, junto con muchos otros, que la trama de corrupción conformada por miles de pequeños grupos empoderados y dotados de cierta impunidad para robar, se ha ido independizando de la política y ahora solo velan por sus propios intereses económicos.

En los primeros años del gobierno de Chávez, como había mucho dinero disponible ingresando, los desfalcos y la malversación no se percibían con claridad y las pequeñas mafias de corruptos no se entorpecían. Pero ahora que el ingreso de dinero ha disminuido notablemente, la guerra de las mafias para acceder a los poco que queda, ha creado una guerra interna que el gobierno no puede controlar.

Así que la situación que está siendo expuesta a la vista pública, no es el resultado de la acción del gobierno contra la corrupción, sino el producto de una guerra inevitable entre pandillas que quieren intervenir en el territorio de otro y apropiarse de su negocio, o defender el suyo.

Hasta allí hemos llegado, pero falta por ver el monto de la factura política que esta guerra de pandillas le pasará a Maduro, de cara al proceso electoral que se avecina y a su posicionamiento internacional.