Alex Fergusson

Venezuela se encuentra en una situación marcada por la incertidumbre respecto a su futuro político inmediato, la cual se relaciona con los dilemas que ambas partes deben enfrentar.

Respecto al gobierno, el primer dilema se refiere al manejo de las consecuencias sociopolíticas del impacto de la crisis económica que se inició en 2008 y continúa, agravada, hasta la fecha.

Esta crisis se puede resumir de la siguiente manera. La paridad cambiaria bolívar-dólar sufrió ajustes artificiales consistentes en quitar ceros a su valor “nominal”; así, en 2008 se quitaron tres ceros y el “valor” del bolívar frente al dólar paso de 5.700 a 5,70; en 2018 se quitaron cinco ceros y la paridad pasó de 47.000 a 4,70, y poco después, en 2021 se eliminaron otros seis ceros y la paridad quedó en 24,5 bolívares por dólar, que es donde está ahora.

En total, entre 2008 y 2021 se retiraron catorce ceros al “valor nominal” del bolívar.

Solo para el asombro, un bolívar de 2008 se redujo en su valor, cien millones de millones de veces (100.000.000.000.000). Así, el billete más pequeño circulando actualmente es de un millón de bolívares.

Por su parte, en el mismo período, la inflación pasó de 6,3% anual a 130.000% y, por la magia de las reconversiones (eliminación de ceros) a 2.959%. Actualmente es de 500%, como consecuencia de la “burbuja económica” producto de la libre circulación del “dinero lavado” por la corrupción.

Finalmente, y en el mismo período, el salario mínimo pasó de 209,5 dólares mensuales, a 5,4 en 2023.

No conozco otro país que, sin estar en guerra y sin haber sufrido catástrofes socioambientales considerables, haya mantenido una crisis económica de tal magnitud por quince años consecutivos.

El segundo dilema, es enfrentar las consecuencias de la corrupción generalizada e impune, que ha sustraído del erario público la cifra obscena de 600 mil millones de dólares y comprometido al país con una deuda externa de más de 180 mil millones, buena parte en regalos y obras pagadas y no ejecutadas.

El reciente escándalo que involucra a la petrolera nacional (PDVSA); a la Superintendencia de Criptomonedas; a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que maneja los materiales estratégicos y la electrificación del país; a la empresa bolivariana del cemento;  a las empresas importadoras de alimentos para las bolsas CLAP, se calcula en poco más de 100 mil millones de dólares, y más recientemente, se suma  la Corporación que maneja el suministro eléctrico (Corpoelec; a la cual se atribuye un desfalco de 11 mil millones).

Esto muestra la incapacidad del gobierno para controlar los efectos de la corrupción que él mismo promovió.

Un tercer dilema es: ¿cómo mitigar el impacto de la “guerra de mafias” que se ha desatado entre las decenas de grupos que se aprovechan de la impunidad de la corrupción y sus consecuencias en términos de la estabilidad del régimen y sus posibilidades de continuar en el poder?

Aquí las cosas se ponen difíciles y resulta complicado hacer predicciones.

La obscena red de corrupción, solo parte de la cual ha sido desvelada, pone en evidencia la amplitud y profundidad de sus alcances, e involucra al propio presidente y su tren ejecutivo, al alto mando militar, a los organismos de seguridad e inteligencia, a las instituciones del poder público (Fiscalía General, Contraloría de la República, Tribunal Supremo de justicia y Defensoría del Pueblo) y a casi todas las instituciones del gobierno y a sus mandos altos, medios y bajos.

Finalmente, es necesario señalar la pérdida progresiva del capital social (electores y pueblo leal) del partido de gobierno, que se pone en evidencia con la respuesta cada vez más tibia, a sus convocatorias y exhortos para la defensa del régimen y sus líderes.

Por su parte, el liderazgo opositor continúa transitando un escabroso camino y enfrentando el dilema que tiene que ver con sus propósitos centrales: lograr depurar el liderazgo, construir una unidad creíble y efectiva, lograr generar confianza y poder motivar a sus bases para participar masivamente en la contienda electoral presidencial.

Aquí se trata de “vencer o ser derrotados”, no hay más opciones, pues el destino de la nación es lo que está en juego.

No obstante, a lo largo de ese tortuoso camino, comienzan a aparecer algunas luces portadoras de esperanza.

Una de ellas, es la animosa respuesta de la gente cuando es visitada por los candidatos, inscritos a las elecciones primarias de la oposición, que están recorriendo el país desde hace dos meses.

Otra es la notable reducción del número de candidatos haciendo campaña visible.

De los 27 que expresaron inicialmente su voluntad de participar, solo unos diez quedan activos en las calles y los medios.

De esos, solo unos pocos dan muestras de avance en su convocatoria y en el reconocimiento público; es el caso de María Corina Machado (la primera en la lista), Henrique Capriles (quien todavía no logra despojarse de la carga de debilidad al no reclamar el premio de su triunfo electoral contra Maduro), César Pérez Vivas (quien tiene una gran acogida en el occidente del país, donde está la mayoría de los votantes), Juan Guaidó (quien, pese a su prestancia, aún paga el precio de la traición de sus compañeros del G4), Delsa Solórzano (que comienza a avanzar), Manuel  Rosales (en el que nadie confía, pero tiene sus seguidores entre los opositores que coquetean con el gobierno) y, colándose por la baranda, la candidatura bufa del comediante Benjamín Rausseo (alias Er Conde del Guácharo) apoyada y financiada por personeros vinculados al gobierno y a la oposición.

Un tercer elemento, ahora convertido en falso dilema en el cual la oposición, otra vez, se atrapa a sí misma, es “primarias con CNE o sin CNE”.

Al respecto, es mi opinión que no hay ninguna razón que obligue a la participación del CNE, pues las primarias son un evento público-privado en el cual los partidos opositores convocan a su militancia a participar en un proceso de selección de su candidato presidencial, e invita a todos aquellos ciudadanos dentro y fuera del país a hacerlo también, voluntariamente.

Es como la elección de la Junta de Condominio, la directiva de un Consejo Comunal o de las autoridades de las universidades públicas.

La data puede ser obtenida a través de un proceso de inscripción, como en cualquier otro evento, y la legitimidad del resultado es potestad de la Comisión Nacional de Primaria y de los partidos políticos que lo convocaron, no del gobierno.  

Así que, las perspectivas, aunque aún confusas, nos permiten percibir a un gobierno debilitado pasando por su peor momento político, con una estructura interna frágil como consecuencia de la lucha de poderes entre las “mafias de la corrupción”, su incapacidad para dar respuesta a los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que ha creado y la creciente pérdida de confianza en el seno de su propio partido y su militancia, así como en el ámbito internacional.

Una muestra de esto último es que 26 países del mundo prendieron las alarmas y comenzaron o retomaron las investigaciones sobre la trama de corrupción que involucra a venezolanos, sus socios comerciales y testaferros.

Mientras tanto, percibimos un liderazgo opositor en proceso de depuración y consolidación, ganando terreno en el seno del pueblo opositor, que es cerca del 82% de los votantes, entre los simplemente descontentos y entre los que antes eran indiferentes a la política y a los políticos.

¡Amanecerá y veremos!