Claudio Alberto Briceño Monzón^[1] 17.04.26

“Para que una nación pueda erigirse sólidamente en Estado, es indispensable que en su territorio exista coherencia. El arquetipo del Estado moderno es aquel en cuyo seno se funden las tres unidades: la geografía, la nación y la política.”^[2]

Carlos Badía Malagrida

La intangibilidad del Laudo París

A partir de 1962, Venezuela inició formalmente ante las Naciones Unidas la solicitud para la reanudación de conversaciones sobre el territorio Esequibo. En ese contexto, se expusieron pruebas que demostraban la nulidad del laudo arbitral de 1899, y se ordenó incluir la franja reclamada en todos los mapas del país.

Como consecuencia de la reactivación de la demanda venezolana, el gobierno del presidente Rómulo Betancourt decidió replantear el problema ante la Organización de Naciones Unidas. En virtud de ello, se resolvió que Gran Bretaña y Venezuela discutirían la cuestión de manera bilateral, a la luz de documentos históricos que demostraban fehacientemente la naturaleza del despojo del que fue objeto Venezuela.

En una muestra de la típica manipulación histórica por parte de Gran Bretaña en la controversia por la Guayana Esequiba, su representante ante las Naciones Unidas argumentó que Venezuela parecía albergar dudas sobre la validez del memorándum de Mallet Prevost. Dicha afirmación se basaba en el hecho de que Venezuela tardó 13 años después de la publicación del célebre memorándum para presentar formalmente ante el gobierno británico la apertura de negociaciones sobre la cuestión fronteriza, lo cual ocurrió en febrero de 1962.

Venezuela planteó la cuestión de la controversia fronteriza con la Guayana Británica ante la Comisión Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo era lograr una solución amistosa a este problema con el Reino Unido. En este contexto, el 22 de febrero de 1962, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Dr. Carlos Sosa Rodríguez, declaró:

“En esta oportunidad, cuando ha sido planteada ante las Naciones Unidas la cuestión de la independencia de la Guayana Británica y la legítima aspiración de su población de alcanzar, mediante pacíficas negociaciones con el Reino Unido, el ejercicio pleno de su soberanía, el Gobierno de Venezuela, al apoyar tan cálidamente tan justa aspiración, se ve al mismo tiempo obligado en defensa de los derechos de su propio pueblo, de pedir que se tomen también en cuenta sus justas reivindicaciones y que se ratifique en forma equitativa la injusticia cometida. Esto espera poderlo hacer mi país mediante amistosas negociaciones entre las partes interesadas, tomando muy en cuenta, no sólo sus legítimas aspiraciones, sino también las circunstancias actuales imperantes y los legítimos intereses del pueblo de la Guayana Británica.”[3]

El 12 de noviembre de 1962, el entonces canciller de Venezuela, el doctor Marcos Falcón Briceño, declaró en la sesión de la Comisión Política Especial de las Naciones Unidas:

“…deseosa de resolver amistosamente y definitivamente esta cuestión espinosa, Venezuela ha considerado oportuno explicar las razones por las cuales no puede reconocer la validez de un Laudo dictado a espaldas del derecho y en las condiciones y circunstancias que ya se conocen. Todo esto que estoy diciendo se ajusta a la doctrina internacional que no reconoce validez a decisiones arbitrales adoptadas en circunstancias como las ya descritas.”[4]      

El acuerdo para la revisión de los documentos que fueron fruto de la negociación quedó expresado, con autorización de las partes, en la declaración del señor Leopoldo Benítez (Ecuador), presidente del comité político especial, el 16 de noviembre del 1962. En marzo de 1963, Gran Bretaña propuso reducir las conversaciones al nivel de una discusión académica entre expertos. Sin embargo, Venezuela expresó claramente su criterio, no entraría en tales conversaciones mientras el Reino Unido no se comprometiera de antemano a discutir la cuestión a nivel ministerial. Esta postura se mantuvo a pesar de las advertencias de algunos participantes, quienes señalaban que el Foreign and Commonwealth Office nunca aceptaría dicho compromiso.

De esta manera, se inició el examen tripartito con la participación de la entonces Colonia de la Guayana Británica. Esta investigación se centró en los documentos que Venezuela había recopilado pacientemente, los cuales demostraban cómo estaba sólidamente justificada la denuncia del llamado Laudo como nulo e írrito. Estas conversaciones tripartitas se llevaron a cabo entre expertos en 1963 y 1964, correspondió representar a Venezuela a los notorios investigadores e historiadores Hermann González Oropeza y Pablo Ojer Celigueta.

Finalmente, Venezuela continuó presionando hasta obtener la aceptación por parte de Gran Bretaña de que las discusiones se llevarían a cabo en dos fases: primero a nivel de expertos y posteriormente, en alto nivel ministerial.

La primera reunión de ministros tuvo lugar en Londres en noviembre de 1963. En esa ocasión, Venezuela llevó la discusión al fondo de la cuestión al presentar su punto de vista en una memoria fechada el 5 de noviembre de 1963. En dicho documento, luego de sintetizar los argumentos por los que Venezuela rechaza el llamado laudo de 1899, se expone la siguiente posición:

“La verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del territorio del cual se ha visto desposeída, y a este respecto, cuenta confiadamente con la buena voluntad y la cooperación del Gobierno de Su Majestad.”[5]

Pablo Ojer Celigueta y el padre Hermann González Oropeza SJ profundizaron en la relevancia del estudio fronterizo para la territorialidad venezolana. Estos expertos venezolanos representaron al país en 15 sesiones de conversaciones celebradas en Londres entre febrero y mayo de 1964. La experiencia de estos dos especialistas en la historia y documentación de fronteras los llevó a ejercer roles cruciales: fueron asesores de la Cancillería, Ojer Celigueta entre 1963 y 1978, y González Oropeza entre 1963 y 1986; miembros de la Comisión Especial Presidencial para la Reclamación del Esequibo, y asesores del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Ojer Celigueta señala al respecto:

“En 1963 fui llamado por disposición del propio presidente Betancourt a colaborar con el gobierno en materia de la reclamación a la Guayana Esequiba. En nada influyeron en ese llamado las consideraciones políticas. Únicamente se tomaron en cuenta mi experiencia en la investigación de temas históricos y la preparación obtenida a lo largo de muchos años como especialista en la historia de nuestra Guayana. Baste decir que, para la fecha indicada, llevaba trece años de variada dedicación a la investigación de la controversia territorial entre nuestro país y la Gran Bretaña sobre la frontera guayanesa.”[6]

En el informe que ambos expertos presentaron el 18 de marzo de 1965, expusieron detalladamente los títulos venezolanos en la Guayana Esequiba, el sumario de la controversia, el Tratado Arbitral de 1897, los vicios del Laudo Arbitral y la posición venezolana ante dicho laudo. Concluyeron de manera contundente que:

“Venezuela nunca ha dado asentimiento al llamado laudo del 3 de octubre del 1899. La participación de Venezuela en la demarcación de la frontera revistió un carácter puramente técnico. A ello fue forzado el país por circunstancias para él insuperables. Tanto el Gobierno como el pueblo venezolano, en cuanto y como les fue posible, protestaron el llamado laudo de 1899.” [7]

[1] Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela por el Estado Mérida. Investigador y Docente del Instituto de Investigaciones Históricas «P. Hermann González Oropeza, S. J» de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Titular de la Escuela de Historia, de la Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad de Los Andes ULA, Mérida-Venezuela. Magister en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello. Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata–Argentina. Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos ULA.

[2] Carlos Badía Malagrida. El Factor Geográfico en la Política Sudamericana. Madrid: Retés, 1919

[3] “Extracto de la declaración del embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Dr. Carlos Sosa Rodríguez, pronunciado en la 130ª Reunión de la Cuarta Comisión, el 22 de febrero de 1962.” En: Reclamación de la Guayana Esequiba (Documentos 1962-1981). Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1981, pp.18-19 

[4] “Extracto de la declaración de su excelencia el Dr. Marcos Falcon Briceño, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en la 348ª Sesión de la Comisión Política Especial, celebrada el 12 de noviembre de 1962 sobre la Cuestión de Límites entre Venezuela y la Guayana Británica.” En: Reclamación de la Guayana Esequiba (Documentos 1962-1981). Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1981, pp.20-21     

[5] “AIDE-Memore Presentado por el Dr. Marcos Falcón Briceño, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, al HON. R. A. Butler, Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, el 5 de noviembre de 1963, en la conferencia que celebraron en Londres.” En: Reclamación de la Guayana Esequiba (Documentos 1962-1981). Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1981, pp.23-24     

[6] Pablo, Ojer Celigueta. Los Documentos de la Casa Amarilla (Historia de una calumnia). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1982, p.8  

[7] Pablo, Ojer Celigueta y Hermann, González Oropeza. “Informe que los expertos para la cuestión de límites con Guayana Britaniza presentan al gobierno nacional.” En: Reclamación de la Guayana Esequiba Documentos 1962-1967. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1967, pp.29-44, p.44