“El rescate de la institucionalidad, y por tanto de las reglas democráticas de gobernabilidad y convivencia, implican salidas a la crisis venezolana que pasan por la definición de una agenda electoral con garantías de transparencia y respeto al voto de los ciudadanos. Esta agenda incluye una Elección Primaria organizada por los partidos de oposición, que permita contar con una candidatura unitaria a presentar a las elecciones presidenciales anunciadas para el año 2024”. 

Así lo señaló el Padre Raúl Herrera, s.j., Vicario de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, durante su intervención en la rueda de prensa convocada por Creemos Alianza Ciudadana del estado Lara y varias organizaciones representantes de 36 sectores de la sociedad civil regional en las áreas de salud, educación, derechos humanos, sindicatos y gremios empresariales.

En la reunión con los medios intervinieron representantes designados por estas instituciones para abordar diferentes temas, como Julio Gutiérrez (servicios públicos), Yonaide Sánchez (corrupción), Natalia Reverón (educación) y Marisol Bustamante (elecciones primarias).

En el comunicado leído ante los miembros de la prensa, se reconoce el importante empeño unitario que cristalizó en la designación de una Comisión Nacional de Primaria, presidida por Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y que está en manos de los sectores independientes. Y en el estado Lara, la CNP cuenta con una comisión regional recientemente instalada y comprometida con el impulso a un proceso que garantice el derecho al voto de los larenses.

Los voceros insistieron en que la reconstrucción pasa ineludiblemente por un cambio político. Y alertaron que en este momento lo grave es que el Consejo Nacional Electoral no ha abierto el Registro Electoral, lo cual estaría privando a más de 10 millones de ciudadanos venezolanos de ejercer su derecho a votar; entre los cuales se encuentran los jóvenes que votarían por primera vez, las personas que cambiaron de domicilio en los últimos años y los migrantes.

Metástasis de los servicios

Por otra parte, en el documento presentado ante los medios de comunicación social, se destaca que la emergencia humanitaria compleja que experimenta Venezuela desde hace más de un quinquenio se ha venido agravando. “Diversas evidencias del deterioro de la capacidad adquisitiva de la población, de su creciente pérdida de medios de vida, sus precarias condiciones de alimentación y de salud y la persistente migración forzosa de más  de 7 millones de ciudadanos, así lo confirman. Lo más preocupante es que las capacidades institucionales y los recursos financieros para atenuar, contrarrestar o solventar esos graves deterioros, están desmantelados y devorados por la Gran Corrupción”.

De hecho reiteraron que, hoy en día, Venezuela tiene el salario mínimo más bajo del planeta, de apenas 6 dólares, lo que ha agravado la dificultad para acceder a la alimentación. En Lara, la proporción de personas en inseguridad alimentaria pasó del 18% al 38% entre marzo 2020 a marzo 2022.

En cuanto a educación, se destaca la deplorable condición de la infraestructura de los centros educativos, 54% de déficit en agua potable y aguas servidas, fallas severas en el Programa de Alimentación Escolar, 66% de déficit de docentes en instituciones públicas. Asimismo, los estudiantes asisten menos horas a los planteles, porque ha disminuido el número de días de clase. Natalia Reverón, Asociación Civil Mujeres de Frente en Lara, señaló que la calidad educativa se ha venido afectando en los dos últimos años, tendiendo a agravarse, y el Estado Lara no es la excepción.

La doctora Luzmila Leal, representante de Médicos Unidos capítulo Lara, aseguró que la salud no escapa de la grave crisis que se vive en el país.  En Lara, 63% de la población presenta falta severa de medios económicos para cubrir requerimientos de salud; 80% dejó de acudir a centros de salud, el 90% de los hospitales tienen servicios inoperativos o cerrados y la pérdida de personal  ronda el 80%, lo que incrementa la morbilidad y la mortalidad. 

Por otra parte, se resalta la situación de “metástasis” de los servicios públicos: agua potable, electricidad, gas doméstico, combustible y transporte público. En el caso del agua, entre marzo 2020 y marzo 2022, las restricciones en el servicio regular pasaron de 63,5% a 67,5%. Esto ha influido en el aumento de protestas públicas. Para el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros de Lara, el servicio eléctrico, y el suministro de agua potable y saneamiento ambiental se han venido a pique en la entidad por la centralización del Gobierno Nacional.

La gran corrupción

De acuerdo con lo expresado en el citado comunicado, la principal razón por la cual se ha producido esta emergencia humanitaria compleja está asociada a un intencionado desmantelamiento de todos los mecanismos de planificación, seguimiento, control y evaluación del gasto público, expresado en un progresivo desmontaje de la institucionalidad del Estado con una consecuente  destrucción de la capacidad productiva del país y del suministro de servicios vitales.

La socióloga Yonaide Sánchez, coordinadora de Transparencia Venezuela capítulo Lara, aseguró que la gran corrupción que existe en Venezuela es la causa la emergencia humanitaria que vive el país. Destacó que Lara es la entidad que más reportó obras inconclusas relacionadas a los servicios públicos.

“PDVSA, las empresas del Estado, las economías ilícitas y las obras inconclusas son algunos de los desaguaderos por los que se han perdido cientos de miles de millones de dólares. Como muestra, vale decir que en 246 obras inconclusas identificadas en 22 estados del país, se comprometieron  316.025.985.748 de dólares a manos de 124 entes responsables”. En el caso de Lara se perdieron más de 32 millones de dólares en 66 obras inconclusas en todos los sectores.

Las 36 organizaciones sociales finalizaron exigiendo el acceso a la información y la gestión pública al escrutinio de los ciudadanos como principales beneficiarios. 

“Requerimos una administración pública transparente, que respete los derechos de los venezolanos y particularmente a los larenses, con garantía en el acceso a la información pública, y de la obligación de los funcionarios a informar, tal y como lo consagra la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la Administración Pública”.

Descargue el comunicado aquí :