
Tomás Straka
La Compañía Guipuzcoana
La relación de los negocios con la política arribó a una nueva etapa en el siglo XVII. Holanda, Gran Bretaña y otros países seguirían el camino que España ya había ensayado con los Welser, pero de una forma mucho más sistemática (y, cosa importante, exitosa). No se trataba ya de entregarles a unos particulares la conquista y administración de un territorio, sino de crear una compañía en específico para ello, dentro del marco de una economía global. El sistema de compañías consistía en el otorgamiento a una compañía del monopolio del comercio con una colonia. Esa compañía a cambio se encargaba de armar sus flotas e incluso organizar ejércitos. Por lo general los monarcas eran socios de las mismas, pero la mayor parte de sus acciones estaban en manos de comerciantes. La Compañía Británica de las Indias (1600), Real Compañía Holandesa de las Indias Orientales (1602) y las compañías francesas de las Indias Orientales y de las Occidentales (ambas de 1664), fueron las más famosas de una larga lista en la que aparecen países como Suecia[i], Prusia y Dinamarca. Las compañías de Virginia y de Plymouth formaron también parte de este grupo; no entre las más más prósperas, pero sí entre las que tuvieron consecuencias más importantes: nada menos que las primeras colonias que después serían los Estados Unidos.
Ya dos de estas compañías habían tenido que ver con Venezuela, como la Real Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que quiso conquistar las salinas de Unare, y la Compañía del Mar del Sur, vinculada a la trata de esclavizados. A inicios del siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, Venezuela entraría al sistema de compañías. En efecto, la Compañía Guipuzcoana fue el intento tardío de España por incorporarse al lucrativo sistema de compañías. Puede sorprender que haya tardado tanto, sobre todo viendo lo que sus enemigos estaban haciendo a sus alrededores, pero el volumen de los ingresos en plata que provenían del Potosí y México eran tales, que no había demasiados incentivos para este tipo de emprendimientos. Pero los Borbones, que ocupan el trono español después de la Guerra de Sucesión, sí sabían de lo que se estaba perdiendo. Además, si algo demostró la guerra es que España era una potencia en declive, a lo que hay que sumar la situación económica que dejó el conflicto de una década y la pérdida de todas sus posesiones europeas como parte de los acuerdos para alcanzar la paz.
Una posesión en el Caribe, con condiciones ideales para establecer plantaciones, era el lugar ideal para hacer el ensayo. La provincia de Caracas, a la que se le solía seguir llamando Venezuela, y que abarcaba más o menos todo el centro de la actual república, fue el lugar indicado. Un informe presentado al respecto por José de Olvarriaga, un funcionario enviado para evaluar las posibilidades, había sido contundente al respecto[ii]. Por si fuera poco, el chocolate había dejado de ser un producto de consumo fundamentalmente mexicano, para generalizarse en España y poco a poco en el resto de Europa. De hecho, la bisabuela de Felipe V, Ana de Austria, había sido la introductora del chocolate en la corte francesa. Su mamá, María Teresa de Austria, también española, importaba chocolate desde España, por lo que la fama del cacao de Caracas no debía serle desconocida. Una fanega de cacao de Caracas ya costaba 80 pesos, más de lo que anualmente ganaba un trabajador agrícola. Para la década de 1720, la Provincia de Caracas exportaba unas doscientos cincuenta mil fanegas anuales[iii].
De ese modo se constituye en 1728 una sociedad mercantil con el nombre de Real Compañía de Caracas, o como se la conoció en Venezuela: Compañía Guipuzcoana, por tener su sede en Guipúzcoa. Básicamente, se le entregaba el monopolio de la exportación de cacao y de la importación de mercancías para la provincia, a lo que después se incluyó esclavos. Como en todas las compañías coloniales, se trató de un consorcio entre el Rey (que era accionista) y un grupo de comerciantes, en este caso vascos. El capital inicial era de aproximadamente 3.000.000 de pesos, con un valor de 500 pesos por cada acción. Además del comercio cacaotero, la Compañía tenía la tarea de patrullar las costas de la provincia, desde la desembocadura del río Orinoco hasta la región de Riohacha en la actual Colombia, evitando el desarrollo del contrabando y centralizando la venta de cacao a un único destinatario: la corona española. De nuevo, política y negocios en su máxima expresión.
La Compañía fue un éxito rotundo. El primer año de operaciones, 1730, produjo una ganancia neta de 730.000 pesos. Ganancias que no dejaron de crecer en la medida en la que la compañía aplicaba los típicos sistemas de exacción coloniales: el precio de la fanega la bajó unilateralmente de 80 pesos a 45, historia que recuerda bastante a la que estancó la producción de tabaco, aunque la Compañía otorgó créditos e hizo muchas inversiones directas para aumentar la producción de cacao y poco a poco otros productos. Obviamente, la reacción por parte de los plantadores venezolanos no se hizo esperar. En la medida en la que el servicio de guardacostas de la Compañía redujo las posibilidades de exportar cacao de contrabando, sobre todo a los holandeses, el malestar que ya la baja de los precios había producido, se hizo más intensa. Ya en 1731 estalla una primera rebelión armada bajo el liderazgo de un plantador, Andrés López del Rosario, conocido como el Zambo Andresote[iv]. Focalizada en el valle del río Yaracuy, obligó a la movilización de un contingente importante de tropas. A pesar de la ayuda de los holandeses con armas, al final la rebelión es sofocada y Andresote se marcha al exilio en Curazao (lo que lo hace, probablemente, el primer exiliado de nuestra historia).
No obstante, la rebelión más importante fue la liderada por Juan Francisco de León, comerciante canario residente del valle de Panaquire en la provincia de Caracas. El detonante fue el nombramiento de un Teniente de Justicia (jefe y juez de municipios rurales) vasco, en su pueblo, que él había ayudado a fundar y por lo que sentía en el derecho de ocupar el cargo. La colocación de vascos muy cercanos a la Compañía en todos los cargos públicos, de la gobernación para abajo, ya era una fuente de fricciones, sobre todo cuando en casos como los de Panaquire resultaba obvio que su objetivo era defender sus intereses frente a los de los plantadores. El levantamiento estalla en 1748 y logra agrupar a prácticamente toda la provincia, al extremo de poder tomar la capital, Caracas, y conseguir el apoyo del Cabildo. En un primer momento sus demandas son aceptadas, pero pronto viene otro gobernador con un contingente grande de tropas, lo que lleva a una segunda rebelión. Pero esta vez la Compañía y la Corona están mejor preparadas. Así, en 1752 Juan Francisco de León apresado bajo cargos de agitación pública, es llevado a la prisión de la Carraca en Cádiz, donde morirá ese mismo año. Sin embargo, la Corona española siempre que podía, optaba por la negociación. De modo que mientras León va preso, se crea una Junta de precios, presidida por el gobernador, un representante del Cabildo y otro de la Compañía, cuyo propósito era fijar precios adecuado para los productos agrícolas de la región. De la misma manera, se les permitió a los productores comerciar con barcos procedentes de México y la oportunidad de adquirir acciones de la Compañía. Esto último en concreto es muy notable: si algo podía bajar la animadversión de los plantadores hacia la Compañía, era hacerlos socios y permitirles participar de sus fabulosas ganancias.
De cara a España, en especial a Guipúzcoa, la Compañía promovió el crecimiento económico, especialmente en la ciudad de San Sebastián, donde se encontraba la sede metropolitana de la institución. La incorporación de capital privado y la constitución de una compañía por acciones, hace de esta empresa un caso especial en la historia colonial hispanoamericana, ya que se evidencia la colaboración entre el rey y la burguesía en la promoción del comercio con una filosofía ilustrada, caracterizada por la creación de incentivos para el progreso. La Compañía se mantendrá activa hasta el año 1785, luego de que el monarca español Carlos III promueva medidas económicas tendientes al desarrollo del Libre Comercio[v] y no sea necesario un control estricto de la producción agrícola americana.
La Compañía de Filipinas se crea luego de concretada la disolución de la Compañía Guipuzcoana en 1785 y es otorgada a Francisco Cabarrús, un francés naturalizado español, quien ya se desempeñaba como miembro de la administración real y tenía contactos cercanos con los principales asesores económicos del monarca español. En sus inicios, la Compañía contaba con un capital de 8.000.000 de pesos, a razón de 250 pesos cada acción, con un abanico de 3000 acciones disponibles para la venta. Dentro de sus funciones se encuentra el estímulo del comercio entre las Filipinas y la corona española a partir de la ruta comercial a través del cabo Buena Esperanza. Desde el principio tuvo ciertas dificultades debido a los conflictos de intereses con los monopolios constituidos por otras compañías en el Imperio español, así como con los propios productores filipinos, los cuales comerciaban sus productos con España vía el puerto de Veracruz en México. A pesar de que la Compañía se mantuvo activa hasta 1834, el desarrollo de las guerras napoleónicas y los movimientos independentistas hispanoamericanos afectaron el desarrollo del comercio y marcaron una decadencia prolongada. Así la Compañía fue disuelta por la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1833-1843), previo ascenso de la reina Isabel II.
Una gran parte de las manufacturas, como la ropa, los muebles y el arte (no siempre separado de los objetos decorativos), se producía en talleres. Si algo se ha demostrado con las investigaciones es que sus niveles de calidad eran altísimos[vi]. Todo esto demuestra la existencia de un sistema de créditos que permitiera a los pequeños comerciantes y artesanos trabajar. Naturalmente, había personas que, dentro de los límites que las leyes imponían al agio, ejercían de prestamistas, pero en general la gran institución financiera del período fue justo la encargada de combatir la usura: la Iglesia. Ello puede sorprender en la actualidad, pero había al menos dos razones que explicaban esto, una moral y otra práctica. La primera, es que al ser la usura un pecado, era necesario mantener los préstamos y el cobro de intereses (que en sí mismos no son pecados), dentro de los límites éticos. Si con algún problema se encontraron las reformas de libre mercado aplicadas después de la Independencia, eran los estrictos límites a las tasas de interés, así como a la ejecución de los embargos para los deudores fallidos. La segunda razón, es que la Iglesia era la institución que contaba con más circulante en aquella sociedad. La Compañía Guipuzcoana tenía, sin lugar a dudas, mucho dinero, y de hecho otorgó financiamientos; había comerciantes ricos que prestaban dinero, así como hacendados que proveían materiales y tierras a crédito a los esclavos u otros campesinos, pero la Iglesia recibía, como ninguna, un flujo constante de dinero por la vía de los diezmos[vii], las limosnas, las primicias[viii] y la administración de sus bienes, desde inmuebles que alquilaba, hasta las haciendas que administraba a través de capellanías y obras pías[ix]. Una idea del volumen de circulante con el que contaba la Iglesia puede medirse con las misiones capuchinas del Caroní, que sin contar con nada de lo anterior porque estaban literalmente en los márgenes de la sociedad colonial, para 1811 tenían tres millones de pesos en sus arcas de Guayana y Cataluña, más otro medio millón de pesos en bienes[x]. ¿Qué mejor destino para todo ese dinero que usarlo en la financiación de la economía?[xi]
Negocios y política en Venezuela (II)
Negocios y política en Venezuela (I)
[i] Dentro de las compañías suecas, en 1731 se creó una en Gotemburgo para explotar azúcar y tabaco en la isla de Tobago. Desde ella se envió una expedición que fundó una colonia en Barima, en una zona en disputa entre los españoles y los holandeses establecidos en el Esequibo. Ya entonces se trataba de una zona en conflicto, en medio de la cual había una gran rebelión del pueblo Kariña, apoyada con armas por los holandeses. Los suecos fueron vistos como un peligro para ambos bandos. Por algún motivo su colonia desapareció después de 1737. Es muy probable que hayan sido finalmente expulsados por la fuerza, sobre todo cuando los españoles logran finalmente someter a los Kariñas; o que el contexto conflictivo haya quebrado a la colonia.
[ii] Pedro José de Olavarriaga, Instrumentación de la Provincia de Venezuela (1721).
[iii] Eduardo Arcila Farías, “Compañía Guipuzcoana¨, Diccionario de Historia de Venezuela, http://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/c/compania-guipuzcoana/(consultado el 17 de febrero de 2020).
[iv] Zambo era el nombre que se le daba a las personas cuyos orígenes étnicos eran negros e indios.
[v] Con el objetivo de fomentar las actividades económicas, el rey Carlos III promulgó en 1778 el Reglamento de Libre Comercio, que permitió el libre intercambio entre trece puertos españoles y 24 puertos americanos. Sólo quedaron excluidos de la medida Venezuela, por el monopolio de la Compañía Guipuzcoana, y México, para evitar que sus enormes recursos terminaran centralizando todo el comercio de exportación e importación.
[vi] Véase: Carlos Federico Duarte, Muebles venezolanos, siglos XVI, XVII y XVII, Caracas, Grupo Editor 4, 1967; e Historia del Traje durante la Época Colonial Venezolana, Caracas, Ernesto Armitano Editor, Fundación Pampero, 1984.
[vii] La décima parte de la producción de cada feligrés iba a la Iglesia, aunque en el sistema hispánico en América, el diezmo lo cobraba la Real Haciendo y era repartido entre la Iglesia y la Corona.
[viii] La primera ganancia de cualquier feligrés se entregaba a Dios.
[ix] Muchos feligreses erigían capillas a una determinada devoción, y para mantenerlas les adjudicaban algún bien. A esos bienes se les llamaban capellanías. Del mismo modo, los feligreses que querían ejercer la caridad estableciendo un hospital, orfanato u otra iniciativa similar, solía hacerlo a través de la Iglesia, que lo administraba, y para su mantenimiento le entregaba alguna hacienda o inmueble para alquiler. A eso lo llamaban obra pía.
[x] Janet A. Buchholz, “De la plenitud a la escasez. Problemas de la Iglesia en el Cantón de Upata, 1817-1831”, Tiempo y Espacio, No. 50, 2008, pp. 275-294
[xi] Véase: Ermila Troconis de Veracoechea, La función financiera de la Iglesia Colonial venezolana. Discurso de Incorporación a la Academia Nacional de la Historia. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1978.
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