Tomada de AP News

Trino Márquez

La convocatoria del referendo consultivo fue un estruendoso fracaso. El pueblo no se movilizó para atender el llamado del Gobierno, a pesar de las presiones, chantaje y persecuciones que se desataron durante el mes que duró la campaña contra los empleados públicos y los pensionados que reciben míseros ingresos. A finales de la noche del domingo, Elvis Amoroso,  presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se sacó una cifra escandalosa de la manga: en la consulta supuestamente se habían emitido diez millones y medio de votos, que no es lo mismo que hubieran asistido esa cantidad de votantes. Lo cual hace suponer que en realidad lo que sucedió fue que como cada votante podía sufragar cinco veces, una por cada pregunta, en efecto se emitió esa cantidad de sufragios. Todos los números fueron presentados de manera opaca, con el fin de crear sospechas sobre un proceso caprichoso cuestionado desde el comienzo.

Fue la segunda derrota del régimen en menos de dos meses. El primer fracaso fue cuando la oposición organizó la primaria del 22-O. En esa ocasión, el Gobierno aseguró que esa cita encallaría porque la oposición carecía del músculo financiero y organizativo para llevarla adelante. La Primaria fue un éxito glamoroso y María Corina Machado emergió como la líder de la oposición. Esta herida trataron de sanarla con el referendo consultivo, pero no pudieron. Ahora Maduro y su gente cargan con el peso de dos derrotas en la antesala de la campaña presidencial que se realizará 2024. A Maduro, tan convencido de que será el candidato del PSUV, podría enredársele el panorama. Las cifras de la mayoría de las encuestadoras no lo favorecen.

Con los resultados arrojados por el referendo consultivo, el problema pasa a ser cómo a queda el Esequibo. La gente que votó supuestamente le dio un mandato categórico al Gobierno: este está obligado a defender ese territorio por todos los medios a su alcance,  debe someterse a los Acuerdos de Ginebra  de 1966, puede desconocer las competencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y crear el estado de la Guayana Esequiba, entregándoles ciudadanía y cedula de identidad venezolana a los habitantes de ese territorio. El Gobierno de Maduro, tan irresponsable en todos los niveles, ahora tiene en sus manos una bomba de tiempo. ¿Cómo usará ese poder que los ciudadanos le entregaron en una elección  efímera e ilegítima? En este momento todavía es prematuro realizar proyecciones. El régimen no ha dicho qué hará con esos resultados. Todos los caminos están abiertos: desde escalar en las provocaciones armadas contra Guyana con el fin de tensar las relaciones, declarar el Estado de emergencia y suspender los comicios de 2024; o no acudir a la cita fijada para abril del próximo  año en La Haya, en la cual a Venezuela le corresponde presentar la contramemoria y demostrar en la CIJ que el Laudo Arbitral de París, al cual Guyana está aferrado, es írrito y significó una gigantesco despojo de unas tierras que Venezuela venía reclamando desde 1842.

Desconocer la jurisdicción de la CIJ sería un error gravísimo. Ya la situación de Venezuela es muy precaria porque Guyana no se ha sujetado a lo pautado en el Acuerdo de Ginebra, sino que ha venido aplicando una política de ocupación y poblamiento de facto, que en los hechos la ha convertido en la usufructuaria de la zona en reclamación. No es la dueña de derecho, pero sí de hecho. A esta circunstancia la comunidad internacional le concede un enorme significado. Si Venezuela pretende conseguir el respaldo internacional para su causa, tendrá que acudir a la CIJ con todos los recaudos que la acreditan como la legítima propietaria de ese territorio.

El referendo convocado por Maduro fue un fracaso político gigantesco. Ahora a la oposición le toca contribuir a que no se convierta en un desastre diplomático que le cueste el Esequibo a Venezuela.  

@trinomarquezc