Tomada de World Energy Trade

Vanessa Davies

La disputa por el Esequibo alimenta la posibilidad de una escalada entre Venezuela y Guyana, y justo en un año electoral. No hay nada que justifique la suspensión de elecciones, reafirma Gustavo Márquez, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Parece que el país va a una guerra y no a una consulta popular, argumenta el dirigente político y social José Patines

Lo dijo en los primeros días de noviembre: Habrá elecciones en 2024 con sanciones o sin sanciones. Palabras del mandatario Nicolás Maduro, pronunciadas después del alivio de las medidas de Estados Unidos (EEUU). Palabras bajo examen después de las acciones tomadas por el gobierno venezolano tras la firma del Acuerdo de Barbados (en octubre) y luego del referéndum consultivo sobre el Esequibo (efectuado el pasado 3 de diciembre).

«El próximo año habrá elección presidencial, ahí está en la Constitución, como siempre se cumplirá, de manera impecable, con sanciones o sin sanciones, vamos a elecciones. Con sanciones o sin sanciones, gringos, vamos a elecciones», prometió Maduro, según la reseña de EFE.

El jefe del Estado reiteró que esta es una decisión soberana, que no aceptará chantajes y que todos los factores tendrán garantías para votar.

Según el Acuerdo de Barbados las elecciones presidenciales deben celebrarse en el segundo semestre de 2024. En este toma y dame, Estados Unidos, como lo recordó Crisis Group, emitió autorización amplia para las transacciones relacionadas con sectores petrolero, gasífero y aurífero. “La licencia que levanta las sanciones a los sectores del petróleo y el gas expira a los seis meses, con la advertencia del Departamento de Estado de que sólo se renovará si el gobierno de Maduro cumple con el acuerdo electoral y libera a los presos políticos estadounidenses y venezolanos”, subrayó Crisis Group.

Honrar la palabra

Desde que Maduro fue electo en un proceso cuestionado, en 2018, la discusión sobre su legitimidad ha estado presente. Seis años después deben materializarse las elecciones, acompañadas de la lucha por mejores condiciones para efectuarlas. No obstante, una escalada con Guyana, además del riesgo de perder el Esequibo después de casi 200 años de reclamación, podrían dejar los votos en el tintero.

El Estado venezolano tiene hasta abril de 2024 para presentar sus alegatos por el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Expertos como el abogado y profesor universitario Rafael Badell evalúan que la nación tiene todo para ganar este juicio. Mas el gobierno ha defendido su postura de no reconocer a la CIJ.

El dirigente político Gustavo Márquez, integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y exministro del gobierno de presidente Hugo Chávez, manifestó que si -a su juicio- realizar el referéndum consultivo sobre el Esequibo se justificaba pese a estar en una situación tan compleja, con más razón se justifica celebrar elecciones presidenciales en 2024. “Hasta en momentos de guerra puede ser necesario hacer elecciones, que se consulte al pueblo”, indicó a Polítika UCAB.

No cree que esta sea razón suficiente para que no haya comicios. “No puede haber excusas, y mucho menos, esa excusa, porque las sanciones son un mecanismo de presión contra el gobierno, pero el gobierno no puede estar jugando con eso, porque hay una Constitución que tiene que respetar y que establece que el pueblo tiene derecho de elegir a sus gobernantes; eso está en la Constitución”, razonó Márquez.

Hay un tiempo, unos plazos, y eso debe cumplirse. “No hay nada que justifique su suspensión”, subrayó.

Las sanciones no son nuevas, y el hecho de que estén vigentes (o a medias) no debe frenar la consulta popular. Consideró, por otra lado, que el alivio por parte de EEUU será permanente, independientemente de que habiliten o no a la ganadora de la primaria, la dirigente María Corina Machado. “Creo que eso no tiene regreso, porque hay inversiones que están haciendo Chevron y otras empresas, con contratos a largo plazo”.

Criticó duramente cualquier medida que afecte los comicios. “Creo que detrás de una posición como esa lo que hay es la intención de ejercer una presión para profundizar un régimen autoritario como el que tenemos hoy”, deplora, “que viola la Constitución sistemáticamente y que, sin duda, ahora pretende avanzar en ese esquema autoritario, porque no de otra forma se podría calificar a un gobierno que niega las elecciones. Las elecciones no pueden depender de un factor externo; las elecciones son un problema nuestro”.

En todo caso, posponer los comicios es una resolución que debería tomar, no el gobierno, sino la sociedad entera, alega Márquez.  “Las elecciones cuestan dinero. Nadie ha dicho que no. Pero también es verdad que la economía venezolana se ha movido a pesar de las sanciones, y siempre hay alternativas”.

“Creemos en la democracia”

Si suenan o no los tambores de guerra, y si suenan lo suficientemente duro como para alarmarse, es algo que sin duda conocen las cancillerías de Venezuela y de Guyana; también lo anticipan los líderes políticos regionales como el presidente de Brasil, Lula Da Silva, que ha insistido públicamente en buscar soluciones pacíficas.

El contexto nacional es preocupante, admitió el dirigente político y laboral José Patines. “Por la forma como se está presentando todo esto parece que vamos a una guerra en lugar de ir a unas elecciones”, advirtió Patines en conversación con Polítika UCAB. Es incomprensible “que hablen tanto de democracia y elecciones y nos están llevando a un enfrentamiento con Guyana”.

“¿Qué pretenden en el gobierno? ¿Decidir cómo, cuándo y con quién hacer elecciones”, interrogó Eduardo Sánchez, dirigente social y presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra-UCV). La población venezolana ve las cosas de otra manera, explicó Sánchez a Polítika UCAB. “Nosotros somos demócratas, creemos en la democracia y creemos en procesos electorales abiertos”.

El contexto en el cual el país iría a las elecciones deja mucho que desear, criticó. Para Sánchez es injustificable que no se permita la participación de todas las organizaciones políticas con sus tarjetas. “Este gobierno decidió arrebatarle, de manera inconsulta, la tarjeta al Partido Comunista, porque no puede tener organizaciones que puedan disputarle los votos de ese segmento descontento con la gestión. Ellos saben que es una sangría, una hemorragia lo que vive el PSUV como consecuencia de las políticas hacia los trabajadores”.

De acuerdo con Patines, nueve de cada 10 venezolanos quieren elecciones, porque el principal problema del país es político “y para resolverlo necesitamos elecciones a escala nacional, elecciones generales. Pero por como van las cosas, por lo que ha hablado el presidente Maduro, parece que están más pendientes de una guerra, que de dedicarse el CNE a lo que tiene que hacer”. ¿Quedarán, entonces, los comicios para otro momento?