El indulto presidencial es una vía rápida para que los más de 200 presos por razones políticas puedan regresar a sus hogares y comer una hallaca en familia. Los activistas María Verdeal y Enrique Ochoa Antich coinciden en que el país también necesita una ley de amnistía

Vanessa Davies

Son 200, 300 sillas abandonadas en igual número de hogares venezolanos. La sociedad civil representó una parte del drama de los presos políticos, el pasado 8 de diciembre en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, con una mesa vestida de negro, decoración navideña y asientos vacíos. Las organizaciones de derechos humanos pusieron de nuevo el tema sobre la mesa porque, a pocos días para la celebración de la Navidad, siguen solicitando al Gobierno nacional que libere a las personas presas por razones políticas.

“Para liberar a los presos políticos se necesita un poquito de buena voluntad por parte del Gobierno: que puedan comprender que los derechos humanos son los derechos de los adversarios”, enfatizó Enrique Ochoa Antich, defensor de derechos humanos y fundador del comité de pensionados del IVSS. La presión de los familiares es un elemento clave, acotó Ochoa Antich. “80% de los logros en materia de libertad de presos son por la presión de los familiares: ir, llamar, visitar, fastidiar tanto como se pueda”, subrayó a Polítika UCAB.

Según la organización Foro Penal en Venezuela hay 276 presos políticos: 257 son hombres, 147 son militares. De acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, hay más de 300 ciudadanas y ciudadanos encarcelados por sus ideas políticas. Varios son dirigentes sindicales, como los seis luchadores detenidos en julio de 2022 y condenados este año a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Indulto, sobreseimiento, amnistía

Varias figuras se barajan para que los presos políticos conquisten su libertad. Se habla, por ejemplo, de indulto y de amnistía. Como lo recuerda la organización Acceso a la Justicia, el indulto es un acto discrecional del jefe del Estado que se basa en atribuciones contempladas en la Constitución (artículo 236).

El sobreseimiento, en cambio, es una medida que ordena el juez.

La amnistía se logra con una ley discutida y aprobada por la Asamblea Nacional.

“El mecanismo más expedito en este momento es el indulto presidencial. La amnistía implica una ley”, lo que tomaría más tiempo, por lo que es más rápido el camino del indulto, aclaró Ochoa Antich. Sin embargo, afirmó que el país necesita una ley de amnistía “y no solo para un sector: es una amnistía para todos los lados; aquí se necesita un perdón mutuo, puesto que tanto el Gobierno como la oposición han cometido excesos”.

Aprobar algunos indultos “es dar un buen testimonio”, remarcó el activista. “Esto era costumbre en Venezuela en el pasado con los presos comunes. ¿Cómo no lo va a ser con los presos políticos?”, razonó. A los dirigentes del oficialismo que argumentan que hay acciones que no se pueden dejar en el olvido, les replica que, con ese razonamiento, los militares que insurgieron el 4 de febrero de 1992 “todavía estarían presos y Hugo Chávez se habría muerto en la cárcel, porque se alzaron dos veces contra un gobierno elegido por el pueblo. Nosotros defendimos los derechos humanos de ellos, que, por cierto, estaban presos en condiciones excepcionales”.

Indulto o amnistía funcionan, ya que “con cualquiera de las dos figuras se puede poner en libertad a los presos políticos”, reiteró María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) y defensora de derechos humanos. Verdeal ha expresado en repetidas oportunidades, a título personal y a nombre de su partido, que el país requiere una amnistía general: “Eso es lo que hemos pedido desde hace años, y ahí entrarían también personeros del gobierno”.

La Asamblea Nacional de 2015, con mayoría opositora pero torpedeada en sus actuaciones por el Tribunal Supremo de Justicia, aprobó la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional en marzo de 2016. Un mes después, el máximo tribunal la declaraba inconstitucional.

Para Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical, a fin de que los varios centenares de presos salgan de la cárcel en Navidad, “lo que se necesita es voluntad política y que se cumpla con el Acuerdo de Barbados” de octubre de 2023. ¿Por qué Barbados? “Porque allí se estableció la libertad de los presos políticos”, destacó Salazar a Polítika UCAB.

El Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, suscrito por el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria como parte de lo que se llamó el Acuerdo de Barbados, establece que continuarán las negociaciones relacionadas con el respeto por los derechos humanos. Dos días después de oficializarlo, el Ejecutivo liberó a varios presos políticos: Roland Carreño, periodista y dirigente político encarcelado desde 2020; el exparlamentario Juan Requesens; Marco Antonio Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto. Pero la puerta parece que se volvió a cerrar.

Perdón para la reconciliación

Navidad es una fecha de reencuentro familiar, y así lo defienden quienes abogan por un indulto o por alguna figura que saque de la cárcel a quienes hoy están presos. “Tienen que liberarlos a todos. Que Maduro lo llame indulto, o como quiera, pero tienen que liberarlos”, manifestó Salazar. El dirigente sindical consideró, además, que deben ser indemnizados por el daño que se les ha causado.

“Hay casos demasiado emblemáticos, como los de Javier Tarazona (coordinador de Fundaredes, encarcelado desde julio de 2021) y John Álvarez (estudiante de la UCV), con cuya liberación el Gobierno podría dar un buen testimonio si es que se quiere buscar un proceso de reconciliación nacional”, explicó Ochoa Antich.

Álvarez, detenido el 30 de agosto de este año, denunció -durante la audiencia de presentación- que fue torturado por los funcionarios policiales responsables de su aprehensión. Los señalamientos del joven ucevista, que todavía está preso en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, no han sido investigados por el Ministerio Público ni por la Defensoría del Pueblo, aseguraron sus padres, Wendelin Peña y Jhon Álvarez.

Quizá desde una perspectiva más filosófica Ochoa Antich insistió en que debe haber perdón mutuo, porque “si no hay perdón, no hay reconciliación; y si no hay reconciliación, no hay unidad nacional. Y un país dividido y fracturado no llega a ninguna parte”.