Benigno Alarcón Deza

Después del contundente triunfo de María Corina Machado en las primarias de la oposición y la aparente baja participación ciudadana en el referéndum sobre el Esequibo, resulta evidente que el gobierno de Maduro atraviesa su momento político más desafiante. Esta situación le ha llevado a una reorientación estratégica, centrada en dos frentes: por un lado, la creación de un clima beligerante en la disputa limítrofe con Guyana, y por otro, la fabricación de una “teoría de la conspiración”

Después de la arremetida del régimen contra el partido VENTE y su dirigencia, así como la detención del presidente de Súmate, Roberto Abdul, queda claro que el gobierno está preocupado por la precaria movilización lograda por su maquinaria durante el referéndum sobre el Esequibo del pasado 3 de diciembre, a pesar de anunciar que participaron más de 10 millones de votantes; en contraste evidente con la concurrencia masiva registrada en la elección primaria opositora, que solo convocaba a un sector de la oposición, y dio como ganadora a María Corina Machado.  Su actitud persecutoria es la de un gobierno que está consciente de que perdió la calle y difícilmente podrá recuperarla de cara a una elección presidencial que deberá tener lugar en algún momento dentro de los siguientes 11 meses.

Inesperadamente se dictaron, además, ordenes de aprehensión por conspiración contra el referéndum contra Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Uchurrurtu, directivos de VENTE; así como contra Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Yon Goicochea y Lester Toledo, este último miembro de la comisión negociadora en Barbados en representación de la Plataforma Unitaria Opositora; Julio Borges (Primero Justicia), Rafael Ramírez y Andrés Izarra, estos dos últimos otrora altos dirigentes del chavismo.

A pesar de la presión ejercida por el gobierno sobre los medios el pasado 3 de diciembre para limitar la transmisión exclusivamente a las declaraciones del canal oficial Venezolana de Televisión (VTV), la evidencia recabada a través de los medios digitales reveló la notable ausencia de personas en las calles y la escasa concurrencia en los centros de votación, tanto en Caracas como en otras regiones del país. 

Asimismo, es importante destacar que se presentaron contradicciones significativas en las declaraciones oficiales. Inicialmente, la afirmación del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, la noche del domingo tras el cierre de las mesas, al indicar que se contabilizaron 10 millones de votos afirmativos, lo que implicaría la participación de unos 2 millones de votantes que, distribuidos entre algo más de 28.000 mesas de votación, resultaba medianamente creíble. Sin embargo, al día siguiente,  se “corrigió” esta cifra al afirmar que en total participaron 10 millones 400 mil votantes, lo que no resulta para nada creíble. Esta discrepancia en los datos comunicados suscita interrogantes sobre la transparencia y consistencia en el manejo de la información oficial, generando inquietudes sobre la veracidad de los resultados proporcionados por las autoridades electorales.

Es necesario recordar que Elvis Amoroso, antes de ser Rector y Presidente del CNE, era el Contralor General de la República, desde donde se inhabilitó a varios políticos, incluída la misma María Corina Machado. 

Para agravar aún más la desconfianza en relación a la participación y los resultados del referéndum, a la ambigüedad en el anuncio de resultados se suma la ausencia de resultados desglosados por mesa en la página web del CNE, y vemos poco probable que se publiquen en el futuro, ya que ello haría evidente cualquier  discrepancia entre las actas reportadas, las publicadas y los resultados oficiales. 

Opacidad en los resultados de referéndum y las debilidades de la maquinaria oficialista

Las presiones ejercidas sobre gremios, universidades y comunidades, así como la inercia de los demás integrantes de la cúpula gobernante fueron evidentes, y como resultado, los niveles de movilización no cumplieron con las expectativas que tenía el gobierno. Aunque es innegable que el evento sirvió para calibrar la maquinaria electoral, la percepción generalizada entre la población es que el referéndum se tradujo en un autogol para el gobierno, especialmente considerando el despliegue significativo de recursos financieros en la campaña y la negativa del pueblo a apoyarlo, aunque se tratase de una iniciativa sin oposición,

Así como la primaria hizo evidente la relación entre participación y apoyo político, lo que pasó el domingo 3 de noviembre evidenció la falta de apoyo al gobierno, incluso en temas que deberían convocar a todos los venezolanos, como es reclamo sobre el Esequibo, y pese al apoyo de líderes políticos de oposición y de organizaciones empresariales que terminaron alineándose y colocando en entredicho su propio liderazgo. 

En este sentido, la conclusión acá es que la estructura de movilización del partido de gobierno no funcionó por múltiples razones, entre ellas la falta de recursos para mantener una estructura esencialmente clientelar y la pérdida de conexión con la gente. El oficialismo tendrá que hacer sus ajustes, y para ello necesitaría mucho dinero que no tiene porque, a falta de legitimidad, es muy difícil movilizar electores sin que medie un fuerte componente utilitario. 

Definitivamente, en esta prueba el gobierno salió reprobado y eso implica reordenamiento de la maquinaria de movilización, tiene mucho que hacer y pocos recursos y tiempo para ello. De allí que surge un escenario en el cual, tomando como excusa el conflicto del Esequibo, el gobierno se vea tentado a abandonar los compromisos formalizados en Barbados en relación a tiempo y condiciones electorales.

La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno con el tema del Esequibo. Tratar de cohesionar al país en torno a este tema no ha funcionado ni funcionará. Una hipótesis, que sería congruente con el comportamiento habitual del gobierno, sería la de agregar otro tema de negociación para tratar de quitar peso a los temas políticos y electorales.  De hecho, esa ha sido su estrategia durante todo el tiempo que han estado vigentes negociaciones como la de Noruega, México y ahora Barbados. Siempre ha buscado poner otros temas sobre la mesa, incluir a otras personas en el grupo negociador, con lo cual manipula la posibilidad de ceder en algunos puntos (liberación de presos, ayuda humanitaria), desviando la atención de los temas más gruesos y prioritarios en los que se juega su futuro.

No debería sorprendernos entonces que el gobierno trate de incluir ahora el tema Esequibo para complejizar la actual negociación, considerando que los norteamericanos también tienen intereses en este territorio, en un intento por tratar de intercambiar concesiones donde el gobierno estaría dispuesto a ceder, plantear alguna forma de dividir ganancias, pero con él ánimo de complejizar la negociación y no llegar a acuerdos en lo político.

Las inhabilitaciones y Barbados

Dentro de este contexto, sigue presente el tema de las inhabilitaciones, sobre el cual se creó en la mesa de Barbados un procedimiento mediante el cual los afectados debían introducir una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que tomara una decisión a favor o en contra. 

Desde afuera, Juan González, asesor de Biden para América Latina, dijo que todo está en estudio, como el hecho de que hasta ahora el gobierno de Venezuela no ha cumplido con la liberación de los presos políticos y de los norteamericanos, sino que por lo contrario insiste en perseguir y encarcelar a líderes sociales y políticos que se le oponen. Pero además dijo no estar muy de acuerdo con la forma en que se asumió el tema de las inhabilitaciones.

Por su parte, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en declaraciones muy cautelosas suministradas el pasado lunes 12 de diciembre anunció que las sanciones sobre Venezuela fueron prorrogadas por seis meses, a la espera de que haya alguna posibilidad cierta de solución a la situación venezolana. 

De alguna manera, esto demuestra lo que se ha venido señalando. El gobierno continúa estirando la liga mientras no se rompa, y parece no importarle tanto las sanciones porque al final no están dispuestos a pagar un incremento de ingresos por la venta de petróleo con concesiones que lo pongan en riesgo de perder el poder. En todo caso, lo que si se observa es la pérdida de relevancia de lo acordado en Barbados. Y habrá que ver hasta donde Maduro está dispuesto a ceder o intentará negociar otras cosas.

En conclusión…

A pesar de la escasa participación electoral en el referendo por el Esequibo, el gobierno persiste en centrar su estrategia política en este tema, construyendo una narrativa conspirativa que vincula a la oposición con petroleras y el gobierno estadounidense, generando una persecución contra líderes opositores, especialmente aquellos asociados a movimientos prodemocráticos o al liderazgo de María Corina Machado.

Es de hacer notar que todas las acciones iniciadas por el gobierno de Venezuela son destinadas a las audiencias internas, con muy poca o ninguna repercusión en el territorio esequibo y menos cuando esta postura belicista, carente de fundamento, y las persecuciones a la dirigencia política y social democrática podría tener un alto costo político y económico, tanto dentro como fuera de Venezuela, para el gobierno de Maduro. En este contexto, países antes considerados como aliados del chavismo, hoy han comenzado a distanciarse, mientras los acuerdos de Barbados han perdido solidez al no cumplirse las acciones convenidas como la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos, las garantías electorales y las habilitaciones para los comicios de 2024, mientras Maduro continua burlándose de las advertencias del gobierno norteamericano sin que hasta ahora se vislumbre respuesta alguna ni consecunecias mayores para la élite gubernamental venezolana.