Polítika UCAB

A tres días para las elecciones presidenciales salvadoreñas, organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación ante la militarización de las calles que inició el 30 de enero. Desde marzo de 2022, el país centroamericano ha estado bajo un estado de excepción decretado por el presidente, Nayib Bukele, quien optará a la reelección y es el candidato con mayor intención de voto, según las encuestas.

«En un país como el nuestro preocupa mucho porque venimos de un conflicto armado», comentó la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), Gabriela Santos, en una entrevista con La Prensa Gráfica. El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), dependencia de la casa de estudios, publicó a mediados de enero un estudio en el que Bukele registró 81,9% del apoyo de los encuestados.

Por otra parte, el jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales, aseguró que el gobierno «utiliza la militarización como una estrategia de intimidación». Considera que la Fuerza Armada (FAES) es un medio de «control político y social» junto a la Policía Nacional Civil, que ha hecho «detenciones arbitrarias» durante el régimen de emergencia. Según la BBC, hasta finales de enero se reportaron 75.000 detenidos por las fuerzas de seguridad.

Morales denunció que «no habrá elecciones limpias» en El Salvador, ya que hubo una «reforma electoral arbitraria», y los militares y policías están en un «despliegue absurdo» que tiene como fin «la intimidación de los votos opositores o el descontento».