Ambas variables son mecanismos fundamentales que han permitido a Nicolás Maduro mantenerse en el poder sacando del juego político a líderes y partidos políticos que se convierten en amenaza de cambio democrático

Francisco Olivares

Cuando los ciudadanos recibimos las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el caso de las inhabilitaciones con “abiertas violaciones a la Constitución y leyes de la República”, como lo demuestran importantes juristas del país, las reacciones de la gente se inclinan a señalar que “era de esperarse” o “se veía venir”. Es la costumbre de vivir 25 años en un país en donde los poderes públicos están al servicio de un grupo que gobierna y forman parte integral del modelo autocrático.

Transparencia Internacional presentó este 30 de enero el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, en el que Venezuela figura como el segundo país más corrupto del planeta, lo cual tampoco es algo que sorprende a los venezolanos ya que el país lleva años ocupando las últimas posiciones en materia de corrupción.

Transparencia Internacional sostiene que el mundo está experimentando un declive en el funcionamiento de los sistemas de justicia que refleja que los que registran mayor corrupción también presentan un bajo índice en el Estado de derecho. Es decir que hay una conexión directa entre ser un país corrupto y al mismo tiempo carecer de un sistema de justicia.

En esa escala Venezuela es el país más corrupto y al mismo tiempo ostenta el peor índice mundial en Estado de derecho y en donde más se violan los Derechos Humanos, como lo registra el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (WJP).

Ese índice correspondiente al año 2023, en el que se analizaron 142 países, considera que el Estado de derecho se ha erosionado en la mayoría de los países y señala que más de 6 mil millones de personas viven en naciones donde el sistema de justicia se debilitó, como consecuencia de las tendencias autoritarias que se han impuesto en 78% de los países escrutados para ese índice.

“El mundo sigue sumido en una recesión del Estado de derecho caracterizada por la extralimitación del poder ejecutivo, la disminución de los derechos humanos y unos sistemas judiciales que no logran satisfacer las necesidades de las personas», afirmó William H. Neukom, cofundador y presidente del WJP. «Personas de todo el mundo están pagando el precio».

Los países peor clasificados son: Venezuela que ocupa el último lugar con el puesto 142; le siguen Camboya (141), Afganistán (140), Haití (139) y la República Democrática del Congo (138).

El Índice Global de Estado de Derecho 2023 del WJP es la principal fuente de datos original e independiente sobre el Estado de derecho en el mundo. Su rigurosa metodología se basa en encuestas a expertos y hogares en 142 países y jurisdicciones, que abarcan 95% de la población mundial.

A juicio de Transparencia Internacional tanto los regímenes autoritarios como los líderes democráticos que menoscaban la justicia contribuyen a profundizar la impunidad de la corrupción, e incluso la fomentan al eliminar las consecuencias para los infractores. De allí se destaca el caso Venezuela que lidera ambos índices: corrupción y Estado de derecho.

Esa realidad indica que la corrupción seguirá ganando terreno en Venezuela cuando la justicia se puede comprar o interferir políticamente como ha ocurrido con la inhabilitación de María Corina Machado.

En el reciente Índice de percepción de la corrupción en el que se estudiaron 180 países, Venezuela ocupó el segundo lugar como el más corrupto del mundo superado solo por Somalia, un país del este de África, y comparte esa indeseable posición con Siria, Sudán del Sur y Yemén, naciones que, a diferencia de Venezuela, padecen prolongados conflictos armados.

La corrupción del país, que se ha apropiado cerca de cien mil millones de dólares, tiene a Petróleos de Venezuela (PDVSA) como el principal ente gubernamental que registra cerca de 28,8% de los casos de corrupción identificados en el país y en 29 naciones en donde hay procesos judiciales por legitimación de capitales y corrupción. De acuerdo a los registros de Transparencia Venezuela, la mayoría de los organismos públicos tienen casos de corrupción en los que el sistema de justicia, los cuerpos de seguridad y el narcotráfico también se destacan.

Los efectos de la inhabilitación

El caso de María Corina Machado tiene una gran importancia porque conforma el camino a la radicalización y consolidación del modelo autocrático que agrupa a una reducida élite que gobierna con el soporte principal en la Fuerza Armada Nacional, que es parte fundamental del modelo político.

La Sala Político Administrativa del TSJ aplicó la fórmula previamente decidida por el factor político e incluso anunciada previamente por sus principales voceros oficialistas. En ella se inhabilitó a la principal dirigente opositora con gran apoyo popular y candidata electa en primarias para representar al sector mayoritario por la democracia.

«La sala cometió violación al debido proceso y al derecho a la defensa», afirmó  Gerardo Blyde, quien preside la delegación de la oposición en el diálogo con el gobierno para acordar condiciones de libertad y respeto a las tendencias políticas de cara a las elecciones de este año.

La Sala Político Administrativa del TSJ anunció que María Corina Machado “está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un período de 15 años”, en respuesta a un recurso interpuesto sobre una sanción administrativa ocurrida en 2015, que la inhabilitó por un año para ocupar cargos públicos por una inconsistencia en la declaración de impuestos.

«La sala cometió (…) violación al debido proceso y al derecho a la defensa», cuestionó Blyde. No hay que olvidar que las inhabilitaciones son un recurso permanente del gobierno cuando se ve perdido en un proceso electoral.  No hay que olvidar las dos inhabilitaciones que aplicaron en Barinas, incluso uno de los casos ni siquiera había ejercido un cargo público

La medida no sólo es un severo golpe contra las libertades democráticas y ciudadanas sino que al mismo tiempo es un camino que llevará a Venezuela a una situación económica mucho más grave de la que se ha conocido hasta ahora.

No solo se trata de que se suspendan algunas de las medidas de flexibilización que se han anunciado, sino que se paraliza el proceso para suprimir gran parte de las sanciones financieras a empresas del Estado.

Al mismo tiempo esta postura del gobierno echa por tierra la posibilidad de una apertura hacia la democracia ya que también mantendrá alejados a posibles inversionistas y el acceso de Venezuela al crédito internacional, fundamental para un país con una deuda externa de 160 mil millones de dólares y en default que lleva 6 años.

El costo del poder

Para Nicolás Maduro y el grupo que gobierna perder el poder frente a una candidata con más de 70% de apoyo popular es mucho más costoso que terminar de hundir al país al cerrarle el camino de la apertura financiera internacional,  que se ha ido comprimiendo como consecuencia de la alta corrupción y ausencia de Estado de derecho.

La suspensión del proceso de flexibilización de sanciones es lo que menos le preocupa al gobierno madurista. De hecho, sus políticas han mermado las principales industrias del país, han reducido a la clase media y generado una pobreza de 80% de la población que la hace dependiente de las dádivas del Estado.

Una vez lograda la liberación de Alex Saab, entregado a cambio de varios prisioneros políticos, se profundizaron las persecuciones a opositores políticos con especial énfasis en algunos de los coordinadores regionales del partido de la candidata, Vente Venezuela. 

El lenguaje violento y ausente de argumentos, que el escritor Leonardo Padrón describe como “gramática del odio”, y que expresan los voceros del gobierno para sentenciar el fin de los acuerdos con la oposición, muestra que hay una decisión definitiva de encaminarse a una autocracia abierta y sacar del juego al sector mayoritario del país, que clama por un cambio hacia libertades políticas y económicas.

Sin embargo el juego no está cerrado para los factores democráticos. El sector opositor luego de las primarias está creando una fuerza de cambio que en este momento encarna María Corina Machado y el proyecto electoral 600K, que está organizando los factores opositores en todo el país .

Aún inhabilitada, esa fuerza civil existe frente a un poder que en este momento solo tiene el sector militar y el dinero de la economía negra para sostener el rumbo autocrático que están imponiendo.

@folivares10 IG y Twitter