El Acuerdo de Barbados las ubicó en el segundo semestre de 2024. La consulta realizada por la Asamblea Nacional ha generado una feria de fechas que se mueven entre abril y julio. La gran pregunta: Si se celebran así, ¿mejoran o agravan el conflicto político?

Vanessa Davies

El 14 de abril, el 5 de julio, el 28 de julio. O, incluso, “lo antes posible”. Aun cuando el Acuerdo de Barbados, suscrito en octubre de 2023 entre la Plataforma Unitaria y el gobierno, llevaba las elecciones presidenciales al segundo semestre de este año, las reuniones convocadas por la Asamblea Nacional (controlada por el oficialismo) para elaborar un cronograma electoral apuntan a un día más cercano. El encuestador Oscar Schémel, constituyente de 2017, rompió el celofán al asomar que los comicios presidenciales se celebrarían en mayo. Así comenzó una feria de fechas que parece no obedecer a más lógica que el criterio personal de los políticos que las promueven.

El profesor Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, aclara que, según la legislación venezolana, la instancia responsable para fijar cronogramas es el Consejo Nacional Electoral. La AN no tiene potestad para marcar el calendario, reitera Lander, e incluso podría considerarse que usurpa las funciones que la legislación otorga al Poder Electoral.

“Hay diversas fechas propuestas, en una especie de regateo, y son fechas que responden a intereses parciales porque coinciden con efemérides, cuando el criterio tiene que ser técnico”, manifiesta Mario Dum, analista político y dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los lapsos deben ser “los que garanticen las actividades” propias de un proceso electoral, expone Dum a Polítika UCAB, y eso involucra el Registro Electoral.

“Desafortunadamente la legislación electoral venezolana le da libertad absoluta al Consejo Nacional Electoral para fijar la fecha de las elecciones. En la legislación anterior a la actual se establecía con mucha claridad que toda elección tiene que ser convocada con al menos seis meses de antelación”, explicó Lander en una entrevista reciente con Unión Radio. Pero la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales “no contempla una disposición que establezca esto”, por lo que deja en libertad al ente comicial de poner un día, o quitarlo. Ejemplo reciente: el de las elecciones presidenciales de 2018, que dieron como resultado la reelección del mandatario Nicolás Maduro en un proceso cuestionado nacional e internacionalmente.

Barbados, far away

Al debate se suman las declaraciones del rector suplente del ente comicial, Conrado Pérez, quien garantizó -en entrevista con el canal Globovisión- que el CNE “está técnicamente preparado para hacer elecciones, incluso, en 35 días”. Para ratificarlo, Pérez echó mano de lo ocurrido en el primer cuatrimestre de 2013: falleció el presidente Hugo Chávez, y en poco más de un mes se realizó un nuevo proceso electoral.

Como no hay fecha establecida en ley no hay por qué decir que las elecciones se adelantan o se atrasan, subraya Mario Dum. “Lo que se toma como referencia es el Acuerdo de Barbados, que afirma que las partes que negocian acordarán la fecha en el segundo semestre de 2024”, confirma. Barbados es un compromiso que necesita ser honrado.

Técnica y legalmente el país puede materializar las elecciones prontamente, indica Luis Lander. Pero “el Acuerdo de Barbados sí lo impediría”, puntualiza el director del OEV en conversación con Polítika UCAB. Las auditorías del sistema electoral necesitan tiempo para generar confianza, “con presencia de testigos de los factores políticos”, y ese tiempo parece acortarse si prosperan las fechas propuestas por los precandidatos que atendieron el llamado del Poder Legislativo.

 “En el Acuerdo de Barbados está la campaña intensiva de actualización del Registro Electoral”, y eso requiere de tiempo. “Tenemos alrededor de 3 millones de venezolanos que han cumplido 18 años y no están inscritos en el Registro Electoral. Tenemos un millón de venezolanos que se han mudado dentro del país y no han actualizado sus datos”, y más de 4 millones de electores que migraron, recuerda Lander.

Otro factor, de apurarse el calendario electoral, es el de los observadores o acompañantes electorales, que quedarían en veremos si los comicios se convocan en pocas semanas: “Eso tiene sus protocolos y lapsos”, enfatiza Dum. También lo tienen las auditorías. “El CNE no puede estar sometido a una camisa de fuerza”, insiste el analista. “Se le debe garantizar el tiempo necesario”.

El principal problema de un cambio de fecha es político, estima Lander, “porque estas elecciones de 2024 se nos han presentado como la posibilidad de que, mediante el ejercicio del sufragio en elecciones con condiciones razonablemente aceptables, se pueda solucionar el conflicto político”.

-¿Elecciones en marzo o en mayo ayudan a solucionar el conflicto?

-Creo que pueden complicarlo. Es perfectamente posible que muchos sectores del país desconozcan esas elecciones y terminen haciendo lo que ha ocurrido en otros procesos: que no participen; que haya una abstención activa porque consideren que producto de esas elecciones no puede salir un gobierno legítimo.

-Para que las elecciones ayuden a resolver el conflicto, ¿cómo deberían ser?

-Como lo establece el Acuerdo de Barbados. Este compromiso es bastante nítido. Quizá la única debilidad que tuvo fue que no hubo una propuesta clara para resolver el problema de los inhabilitados, y quedó una cosa medio ambigua. Pero los mismos firmantes dicen que eso fue lo más que pudieron lograr. El problema de las inhabilitaciones para nada se solucionó, sino que contribuyó a seguir con el conflicto.

A juicio de Dum, el mejor escenario es el de las presidenciales en el último cuatrimestre de 2024, lo que garantizaría mejores tiempos políticos para todos los actores. Mas vuelve al punto de partida: es competencia del CNE y debería calzarse los zapatos de Barbados.