Tomada de diariosur.es

Rafael Quiñones

En los estudios políticos se usa el término “líneas rojas” para ofrecer claridad analítica y orientar la acción política. Pero muchas veces las líneas rojas son pésimas brújulas para orientar acciones concretas y generan pistas falsas que desembocan en terribles estrategias en política. Las «líneas rojas» implican que existen límites definidos para las acciones que desde el poder estamos dispuestos a aceptar de otros. Si la oposición a un gobierno pasa de esas líneas, se responderá a través de métodos de represión. Oponerse al gobierno implica conocer las líneas rojas del poder e imponer límites a las acciones que se pueden emprender para poder acceder a ese poder político.

En la política práctica, las líneas rojas son casi siempre suaves, variables y contingentes, no grabadas en piedra jurídica. Una estrategia creativa y asertiva para alcanzar el poder no se restringe de manera preventiva por temor a lo que la otra parte pueda considerar inaceptable. Más bien, coordina todos los elementos de una situación para inducir a un adversario a aceptar los objetivos propios. Un defecto de creer en línea rojas políticas es que al estudiar las escaladas de un gobierno para mantenerse en el poder, sólo se evalúan los riesgos y escarmientos que este impondría a quien se le opone, y no los que enfrenta el mismo régimen al escalar el conflicto. Porque escalar un conflicto implica asumir acciones cada vez más arriesgadas y que antes no se contemplaban por ese alto nivel de riesgo.

Otro defecto de las líneas rojas en el análisis político es que generan engaño y autoengaño en quienes planean una estrategia de obtención de poder. Un gobierno tratará de disuadir a su oposición para no buscar conflicto por el poder, exponiendo una serie de intereses que para él son fundamentales y, por lo tanto, señalizando qué acciones se considerarán inaceptables. En este contexto, la oposición baja el tono de sus demandas y la fuerza de sus acciones por miedo a la represión ya anunciada del gobierno en caso de cruzar las líneas rojas.  

Saber lo anterior es fundamental para mejorar las políticas para una liberalización, democratización y consolidación democrática en un país. En una autocracia de más de 5 lustros se han impuesto líneas rojas que la oposición respeta, pero el gobierno no. Unos cuantos ejemplos: solo si la protesta callejera se hace en lugares claves, habrá violencia; si la libertad de expresión sólo se restringe a criticar al gobierno y no a promover su reemplazo, no habrá censura; si un personaje con peso político nacional e internacional no hace nada para desestabilizar el gobierno, no debe temer a la prisión política, la tortura y la potencial muerte; y si se concursa electoralmente bajo las condiciones exigidas por el oficialismo, el gobierno reconocerá la victoria de la oposición y esta podrá ejercer el poder en determinados espacios políticos. Adicionalmente se añade una nueva línea roja: si el candidato de la oposición no sobrepasa determinadas líneas de “radicalización” según criterios del gobierno, se le permitirá competir en elecciones con condiciones dudosas y hasta reconocer su triunfo. Sobra decir que todas estas líneas rojas son engañosas y muy flexibles a favor del poder; es cada vez menor el costo político para el gobierno el traspasarla y mayor el costo de la oposición al violarlas.

El concepto de líneas rojas tiene sus usos. Sus orígenes se encuentran en el estudio de la negociación, donde se definen las condiciones mínimas de un Estado para un acuerdo aceptable. Si no se cumplen, el Estado puede retirarse. El problema es que cuando sola una de las partes es gobierno y por lo tanto tiene el monopolio de la violencia legítima de una nación junto con una gran suma de recursos de todo tipo (simbólico, utilitario y coactivo), el costo para quien representa el Estado es pequeño cuando se retira, pero inmensamente alto para la oposición si hace lo mismo. Por eso negociar con un gobierno autoritario, con pocas reglas a obedecer y un espectro muy pequeño de resultados, es estéril pensar en líneas rojas que una autocracia no tenga la libertad de cruzar.

Recapitulando, un gobierno autocrático como el descrito no tiene líneas rojas que violar. Si bien los niveles de censura y represión pueden aumentar, no existen elementos observables de qué acciones de la oposición específicamente pueden trazar líneas rojas, más allá de las poco fiables afirmaciones de los voceros gubernamentales. Una autocracia así no tiene líneas rojas, sino un rango de opciones y percepciones de sus riesgos y beneficios relativos. En una negociación, la presión interna y externa de la diplomacia debería apuntar a moldear las percepciones del gobierno para que sean estas las mismas las que se necesitan para generar acciones de liberalización y democratización del país.

Pero si un acuerdo internacional para liberalizar y democratizar a Venezuela es roto por la autocracia, perece cualquier certidumbre de sugestionar las percepciones del gobierno para retomar la senda democrática en un país. El autoritarismo intuirá que toda acción que él cometa tendrán costos mínimos porque tanto para la oposición local como la presión internacional, las acciones para sancionar la violación de acuerdos serán más caras para quienes la impongan que para el gobierno mismo. Esto se corona cuando la autocracia duda de que las sanciones que había logrado que se levantaran con los acuerdos que rompió no serán reimpuestas.

¿Qué se debe hacer? Prioritariamente, no hay otra cosa que hacer que replantear y rediseñar estrategias sin pensar en líneas rojas que contengan las acciones del gobierno. Que todos los que viven bajo una autocracia, independientemente de su conducta, podrán ser censurados, privados de su libertad, torturados e incluso pueden perder su vida si el gobierno considera que eso le genera una ganancia. Eso empieza primeramente con todo aquel que aspire a ser oposición en ese país. Pero, en segundo lugar, cuando la oposición internalice esa realidad, debe transmitirla cuanto antes a la parte del oficialismo que perfectamente puede sufrir lo mismo (el caso de la caída en desgracia de un poderoso e influyente ministro del régimen debería convencer de que ningún defensor del gobierno está protegido de sus castigos). Cuando ambas partes asimilen esa verdad, será el momento de construir estrategias consensuadas que devuelvan al país al camino hacia su liberalización y democratización.