Tomada de Correo del Orinoco

Alex Fergusson

26.09.24

Producto del monitoreo y mapeo continuo de la huella de la minería, de los cambios en la cobertura vegetal y en el uso de la tierra en la Amazonía venezolana, la ONG “SOS Orinoco” presentó un terrible informe sobre la situación actual, colocando el foco en los estados Bolívar y Amazonas, pero incorporando el territorio Esequibo y el estado Delta Amacuro.

El informe cubre lo acontecido en lo que va del año 2024, destacando la tragedia de la mina llamada “Bulla Loca” que llegó a congregar entre 6.000 y 10.000 personas y que sepultó a decenas, con al menos 16 muertos reconocidos oficialmente.

Esta tragedia, se suma a las varias que han ocurrido en la región, como las de la mina en San José de Wadamapá, famosa por un par de accidentes graves. Sobre esta se denunció la existencia de una carretera ilegal que un “empresario brasileño” con cédula venezolana, construyó entre el poblado brasileño de Tepequém y la cuenca venezolana del río Icabarú, con el fin de facilitar la logística del tráfico de oro y del boom minero que se está dando en esta cuenca.

Todo esto provocó que la dirigencia indígena señalara que, con el ingreso de los militares, también ingresan las mafias delincuenciales, los grupos irregulares armados (guerrilla colombiana) y, según se dice, algunos dirigentes de comunidades indígenas, lo cual suele causar un disturbio social aún mayor al que ha causado la minería misma. 

Otro signo de esta primera etapa del año fue la violencia desplegada por los militares contra la población civil, particularmente en el estado Bolívar, y en general hacia la minería de los sectores vecinos al embalse de Guri, que ha llevado al asesinato de varios líderes ambientalistas y comunitarios, incluidos indígenas.

En general, concluye que los operativos antimineros de los militares en Bolívar y Amazonas, son operaciones de propaganda e intimidación, a fin de imponer luego algún tipo de arreglo o negociación, donde la minería vuelve a la normalidad al cabo de poco tiempo.

La única excepción a esto, por los momentos, es el caso de Bulla Loca, donde el impacto negativo a la imagen del gobierno los ha obligado a mantener el desalojo. Pero todo apunta a que esto no durará mucho.

Con respecto a Amazonas, lo más destacado ha sido la grave crisis sanitaria que sigue propagándose en el Alto Orinoco, particularmente entre los Yanomami. Un gran número de fallecidos y la ausencia de efectivas acciones por parte del Estado, son el signo recurrente y distintivo de ello.

Allí se evidencia, además, la falta de transparencia de las autoridades, que niega y rechaza las denuncias, pero luego monta operativos de emergencia, dándoles una connotación de “normalidad”. 

Con respecto a lo que había dominado la escena de Amazonas durante más de un año y que fue el desalojo de los mineros del parque nacional Yapacana, la situación actual es que siguen operando algunos grupos mineros, avalados por las autoridades militares, tanto dentro del parque nacional, como en sus zonas aledañas.

Ciertamente se desalojaron muchos y las evidencias están allí, pero por otro lado otras minas han crecido y se observan más deforestaciones.

Está, además, la creciente actividad de balsas mineras en el extremo sur del estado, esta vez dentro de la Reserva de Biosfera, y en los bordes del parque nacional Serranía de La Neblina. En este último caso se sospecha que algunas de las operadoras “turísticas” de la zona, mundialmente famosa por la pesca deportiva, pudieran estar actuando como fachada de operaciones mineras. También destaca que estas balsas son todas operadas por colombianos o brasileños. 

En cuanto a la situación de Delta Amacuro nos revela una grave crisis sanitaria. El tema minero tal vez no sea el más relevante para ese territorio, pero la crisis humanitaria sí lo es. En este contexto resalta el posible asesinato de un religioso, quien había denunciado el tráfico de seres humanos hacia Guyana. 

En cuanto al territorio Esequibo, señalan que continúa la tensión en torno al contencioso territorial, esta vez teniendo como foco de importancia la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se evidencia alguna actividad militar relevante que pudiera tener relación con este contencioso.

En síntesis, el informe destaca que lo que probablemente veremos en los próximos meses, es la continuación de los operativos militares especialmente en Bolívar; la actividad minera seguramente seguirá en expansión en las cuencas de los ríos Caura, Paragua, Caroní y en sus cabeceras (Icabarú); así mismo, la actividad de minería fluvial desde balsas seguramente continuará en aumento.

En las inmediaciones del parque nacional Canaima, particularmente a lo largo del río Caroní, las minas seguirán creciendo, y no se prevé que se permita o se acuerde la visita de la Misión Reactiva de UNESCO, la cual se está esperando desde el año 2022; habrá también, un paulatino incremento de la actividad minera en la cuenca del Ventuari, en los alrededores de La Esmeralda y al interior del parque nacional Duida Marahuaka, y por supuesto, en el Alto Orinoco (parque nacional Parima Tapirapecó). 

La actividad minera dentro del parque a lo mejor crecerá, especialmente la que se realiza mediante balsas a lo largo de la cuenca del río Carrao, y con activa participación de miembros de las comunidades indígenas.

Finalmente, no dejaron de resaltar la extraordinaria temporada de incendios que azota la región, especialmente en la Gran Sabana y en el noroeste del estado Bolívar.  La cantidad de incendios y de superficie quemada ha batido todas las cifras conocidas históricamente.