
Tomada United Nations
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 31 países del mundo se unieron a una declaración en la que piden que se respeten los resultados electorales en Venezuela del pasado 28 de julio.
Esta semana en New York se reunieron para tratar la situación en Venezuela y mostrar su apoyo: Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
«Treinta y un países nos reunimos al margen de la Asamblea General de la ONU para discutir nuestras graves preocupaciones sobre la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos allí», indica la declaración conjunta.
Los países firmantes han divulgado un documento donde celebran «al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos que enfrentó».
Asimismo, señalan que más de 12 millones de personas acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto y su voluntad, por lo que piden que sea respetada.
«Sin embargo, han transcurrido casi dos meses desde las elecciones y los reclamos de transparencia electoral, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, siguen sin recibir respuesta. Los observadores electorales internacionales han documentado sus serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad del proceso electoral, en particular la negativa de la Comisión Electoral Nacional a publicar resultados detallados e independientemente verificables de los centros de votación, como se exige», reza el documento.
Los gobiernos condenaron la represión generalizada, abusos, violaciones de los derechos humanos y exigieron la liberación de todas las «personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo».



















