Economía en dictadura

Por PolitikaUcab en octubre 3, 2024 • ( Deja un comentario )

Tomada de ComexPerú

Rafael Quiñone

03.10.24

«El que renuncia a la libertad a cambio de pan es sólo un estúpido. Si la libertad no da pan, es aún más seguro que tampoco lo da la falta de libertad». Giovanni Sartori. “La democracia en 30 lecciones”.

Ha empezado a circular en redes sociales y en otros espacios de discusión pública, el planteamiento de que ante el fraude electoral ejecutado por el gobierno venezolano el 28 de julio del 2024, hay que resignarse frente a que el problema político en Venezuela no puede resolverse y enfocarnos en el económico. “Las ambiciones políticas de alguien no pueden ser justificación para empobrecer aún más a la población. Estar haciendo campañas para que Venezuela no pueda vender petróleo, solo conducirá a más pobreza y problemas”. Es decir, desear que en el país se retome la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos sólo son ambiciones políticas de unos pocos codiciosos dirigentes políticos. Tamaño cinismo o ingenuidad, cuesta digerirlo y aún más dotarlo de explicación alguna sin caer en la especulación irresponsable. Adicionalmente el deseo expresado de que ante un fraude electoral y su repercusión política, un gobierno no sufra sanción alguna por estas acciones ilegales e inmorales.

Venezuela no es la Chile de 1988 de Pinochet, el Perú del año 2000 de Fujimori, la Corea del Sur de 1987 de Chun Doo-hwan o la Taiwán de Chiang Ching-kuo de 1988, donde atroces dictaduras políticas convivían con prósperas economías nacionales en auge. Incluso con esa prosperidad, el desear en cada caso mencionado que una dictadura se mantuviera en el poder en pro de una economía pujante era tanto irracional como inmoral, ya que sólo en democracia se puede presionar para que el auge económico se traduzca en bienestar social más allá del crecimiento del PIB nacional. Y en el caso de Venezuela, ni siquiera esos casos pueden servir como analogía, porque la crisis económica que experimenta actualmente el país surge de la política; el autoritarismo auspiciado desde el Estado violó los derechos económicos de los venezolanos, a la vez que destruía toda la institucionalidad política y económica que se necesitaba para funcionar a nivel económico. Muchos tratan de usar como coartada las sanciones internacionales contra la autocracia venezolana cuando fácilmente, a través de datos objetivos, se puede ver que la crisis económica y las políticas que la auspiciaron fueron muy anteriores a las sanciones (incluso las individuales a funcionarios del régimen que no afectaban a la economía nacional).

Douglass C. North, economista norteamericano y ganador del Premio Nobel de Economía 1993, define a las instituciones como: “restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y los códigos de conducta, como así también reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad). Las instituciones facilitan la estructura de incentivos de una economía; a medida que la estructura va cambiando, dan forma a la dirección de cambio económico hacia el crecimiento, el estancamiento, o el declive” (North, 1981, Structure and Change in Economic History).

Las instituciones son aquellas reglas que regulan nuestras interacciones como seres humanos, nuestras expectativas, cómo competir y cómo cooperar en sociedad entre otras cosas, tanto a nivel político, económico y social, para alcanzar nuestros objetivos, personales y colectivos. Las tiranías, despotismos y autocracias odian la institucionalidad. La detestan, aborrecen y la denigran. Porque si bien el autoritarismo ama el Estado, detesta cualquier constreñimiento al poder bruto que pueda emerger del Estado. Vaciar de institucionalidad al Estado lo convierte en una maquinaria brutal para imponer la voluntad de un déspota o de la élite que lo sostiene en el poder, siendo imposible construir consensos hacia fines comunes. Reducen el poder del Estado a mera coacción activa. No es casualidad que lo países con mayor debilidad institucional (política y económica), sean a su vez los más autoritarios, corruptos, poco competitivos económicamente y con peor bienestar social del mundo. Venezuela es uno de los más claro ejemplos de eso. Su pobreza viene tanto de las erráticas políticas económicas de un gobierno de discurso revolucionario (que cada quien puede identificar como de derecha o izquierda) como de la demolición de la institucionalidad política y económica del país a favor de la concentración del poder en una élite corrupta.

La debilidad institucional de una sociedad o una institucionalidad esencialmente extractiva se traduce en autoritarismo político; supremacía del prestigio personal sobre el meritocrático, altas tasas de corrupción y escasa libertad económica. Sin reglas y mecanismos para contener el poder bruto del Estado como las interacciones de los individuos, la libertad muere y la miseria prospera. Si bien algunas autocracias han logrado importantes logros económicos, son bastante excepcionales en contraste con la gran mayoría de quienes no lo logran, y cuando lo logran lo hacen a costo de grandes disparidades sociales, que sólo en democracia pueden resolverse combinando equidad social, crecimiento económico y libertad política.

Las dictaduras, salvo raros casos contados, no pueden llevar a la prosperidad a las naciones en lo económico, político y social. En una democracia, los gobernantes se sostienen con base al electorado que los haya elegido o no, al cual deben satisfacer sus necesidades, aunque sea de manera parcial para mantenerse en el poder usando el patrimonio común de la nación. En comparación, las dictaduras se mantienen con un grupo mucho más reducido de actores que tienen mucho poder e influencia, una élite de cientos de personas comparándola con los millones que necesita un gobernante democrático.

En dictadura, para sostenerse, el patrimonio público en vez de dedicarse a los servicios públicos y otras funciones del Estado, se dedica a beneficiar de manera privada (corrupción) a los miembros de su coalición ganadora que mantienen al régimen en el poder. Muy rara vez se ven dictaduras que gasten cantidades significativas de recursos del patrimonio público en el bienestar de su población, porque tienen el imperativo de satisfacer al pequeño grupo que lo sostiene de la forma más eficiente posible. Eso mata el mito de que las dictaduras pueden generar bienestar en las personas que son gobernadas, y aunque en algunos pocos casos pueden alcanzar altos niveles de crecimiento del PIB, rara vez se traducen en mejoras de la calidad de vida. Las dictaduras se caracterizan por gobernar naciones más pobres que las democráticas. Venezuela sigue siendo un ejemplo claro de eso.

Y justamente para tener recursos destinados a la compra de lealtades, las dictaduras por lo general se caracterizan por gobernar las naciones con mayores tributos posibles, lo que desincentiva la iniciativa privada y el crecimiento económico en general. Un autócrata tiende a tener una estabilidad política mucho más sólida cuando su coalición es pequeña, para que a cada miembro de la misma le toque una porción mucho más grande del patrimonio común que administra el gobernante, y así ellos tener mayores incentivos para mantener el statu quo imperante. No hay interés alguno, incluso cuando la dictadura tiene ingresos extraordinarios, en invertir en la nación porque el bienestar social puede traducirse en inestabilidad política para una autocracia.

Además, permitir a una dictadura acceder a mayores ingresos en su patrimonio común bajo la premisa falsa de que la prosperidad democratiza una sociedad puede ser fatal. A menos que dicho proceso esté sujeto a sólidos acuerdos con poder de sanción, los acuerdos de liberalizar y democratizar un país, lo que logran es el efecto contrario. El autócrata necesita todos los recursos posibles para comprar lealtades, un aumento del bienestar de la ciudadanía puede generar demandas de libertad política y democracia, demandas obviamente no le convienen. Dar recursos a un déspota sin estar sujeto a sanción alguna si no cumple las obligaciones de invertirlos en el país, es hacerlo más poderoso y reduce las probabilidades de liberalizar y democratizar la sociedad que gobierna.

Para finalizar este escrito, citaremos a la periodista Anne Applebaum en su artículo “No hay orden mundial liberal”: “Comerciar con autócratas promueve la autocracia, no la democracia”. Algo que deberían tomar en cuenta quienes apuestan al retiro de sanciones, particulares y generales, para resolver los problemas económicos de Venezuela.

Bibliografía:

Bueno de Mesquita, Bruce; SMITH, Alastair (2012). “The Dictator’s Handbook: Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics”. New York: Public Affairs.

Bueno de Mesquita, Bruce; SMITH, Alastair; Siverson, Randolph M.; Morrow, James D. (2003). “La lógica de la política de supervivencia”. Cambridge: MIT Press.

North, Douglas (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Reino Unido, Cambridge University Press.

Sartori, Giovanni (2003). ¿Qué es la democracia? España, Editorial Taurus.

1. Evolución durante el tiempo de los derechos de propiedad en Venezuela.