Rafael Quiñones

La comunidad internacional actualmente presiona al presidente Nicolás Maduro para que acepte su derrota en los comicios presidenciales del 28 de julio del 2024 (28J) o al menos presente evidencia palpable de su supuesto triunfo, pero hasta el momento de este escrito todo este esfuerzo ha sido insuficiente. Por otro lado, la represión encarnizada y violenta de los cuerpos de seguridad ha limitado seriamente la capacidad de movilización de la oposición para reclamar su victoria en las urnas. El 87% de las actas de votación ya han sido publicadas en diversos órganos de difusión de Venezuela y otros países. Quien quiera puede conocerlas, comprobarlas, revisarlas. De acuerdo a esos documentos, el candidato Edmundo González obtuvo 7.156.462 votos y el candidato Nicolás Maduro 3.241.461 votos (30%). El resto, 250.897 votos (0,002%).

El evento del 28J del 2024 es el clavo final que ha puesto el actual gobierno venezolano al uso de las elecciones como modo de resolver los conflictos de poder en Venezuela sin apelar a la violencia y con la renovación administrativa del Estado. Unas elecciones en las que no se respeta el resultado y se falsifican otros, con además poca destreza, es un llamado a que la lucha de poder en una sociedad ya no se haga por competencia agonal entre adversarios, según reglas legales (como lo es en la democracia moderna), sino por luchas existenciales donde el más fuerte (en este caso, quien maneja el monopolio de la violencia legítima del Estado) es el que se impone, como ocurre en las autocracias. En forma resumida: se ha acabado la salida institucional a un conflicto político nacional.

Según V-Dem, el índice para elecciones limpias en Venezuela para 1998 (año en que se celebraron las elecciones con las que llegó Hugo Chávez al poder) era de 0,81/1. Para el 2020, año en que se celebraron las últimas elecciones parlamentarias, la cifra había bajado a 0,08/1. Tendremos que esperar el año que viene para saber cómo este centro de estudios valorará las elecciones presidenciales de julio de 2024. Sin embargo, el deterioro del voto/sufragio como medio para competir por el poder en democracia, se ha deteriorado de forma constante y sustancial en los últimos 25 años hasta niveles que parecen llegar al inframundo grecorromano.

Primero comenzó con el ascenso del presidente Hugo Chávez al poder en 1999, cuando dispuso de los medios y otros recursos del Estado, junto con sus apariciones públicas, para respaldar su propuesta para una Asamblea Nacional Constituyente.  Luego, para la ratificación de las nuevas autoridades locales, regionales y nacionales, fue también inmensamente frecuente el uso del poder del Estado para favorecer a las fuerzas oficialistas. En 2002-2004, cuando la polarización política buscaba a través de la celebración de un referéndum revocatorio a la presidencia de Hugo Chávez, una solución a la crisis política, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se atribuyó la interpretación de la legislación electoral a conveniencia del gobierno para retrasar la celebración de la consulta y darle tiempo de recuperar su nivel de popularidad ante el electorado. Sobra decir que la celebración de este referéndum, en el año 2004 y la victoria innegable del oficialismo, generó más dudas en la oposición para confiar en las elecciones como modo de resolver el conflicto político del país.

Y allí surgió la muy lamentable decisión de la dirigencia opositora de no participar en las elecciones parlamentarias de 2005, que dio la mayoría absoluta del parlamento al oficialismo. Muchos analistas acusan a esa acción política como la madre de la crisis electoral actual, pero en contraparte podemos argumentar que la forma en que progresivamente iba deteriorándose la manera de arbitrar elecciones en Venezuela, fue la principal razón que condujo a tan mala decisión. Igual, el año siguiente, la oposición participó en las presidenciales 2006, donde perdió y aceptó los resultados.

El verdadero punto donde empezó a quebrarse aceleradamente la credibilidad del voto para un cambio político fue en el año 2007. El gobierno promocionó (gracias a su mayoría en el Parlamento) una serie de sustanciales cambios en la Constitución que alteraban el sistema político del país,  apuntando a uno de tipo socialista marxista; tales modificaciones  fueron sometidas a referendo. En esa consulta el gobierno perdió por estrecho margen. El problema surgió después: las reformas refrendadas y rechazadas por sufragio ciudadano se implementaron vía decreto presidencial sin consulta previa y en el 2009, se celebró otro referendo que el oficialismo ganó para aprobar la reelección indefinida incluida en el referendo del 2007. Desde el 2007 comenzó la verdadera crisis política en torno al voto: se podía competir y ganar elecciones, pero no con eso influir en la agenda pública del país, independientemente del resultado y mucho menos obtener el poder.

En las elecciones regionales y municipales de 2008, la oposición ganó en los estados más densamente poblados (incluyendo la región capital de Caracas). Como respuesta, el gobierno retiró las facultades administrativas de esos estados y se las transfirió a organismos afines al gobierno central, convirtiendo a los gobiernos locales en adornos administrativos. En 2009, a través de una irregular reforma a la Ley Electoral, la oposición sacó más votos que el gobierno para las parlamentarias, pero con la reforma legislativa el oficialismo tuvo más diputados en contraste a un menor grado de votos. En el año 2013, en las elecciones presidenciales, el candidato oficialista Nicolás Maduro se proclamó vencedor frente al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, en medio de graves denuncias de fraude. Se prometió desde la Presidencia de la República misma una revisión exhausta para quitar cualquier sombra de fraude. La revisión nunca se concretó.

Y llegamos a otro punto de fuerte quiebre de la confianza del voto como institución en la ciudadanía venezolana. En 2015 la oposición ganó mayoría absoluta del parlamento. El TSJ anuló a los candidatos de Amazonas para perder esa mayoría absoluta. Luego inventó la figura (no contemplada en la legislación venezolana) del desacato constitucional para dejarla sin funciones, interviniendo el Ejecutivo nacional en materia legislativa por medio de decretos. En 2016 la oposición convocó un referéndum revocatorio. El proceso se anuló por medio de tribunales regionales no facultados para ese tipo de actividades. En 2017, el gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente que violaba los preceptos constitucionales para ser invocada. La ANC nunca redactó una nueva Constitución y usurpó las funciones legislativas de la Asamblea Nacional de 2015, hasta diciembre del 2020, cuando fue elegido otro parlamento de mayoría oficialista.

Nuevamente en el 2017, la oposición ganó las elecciones regionales en varios estados del país y el gobierno impuso la figura inconstitucional del «protector del estado», para quitarles sus funciones administrativas. Caso especial fue el de las elecciones en el estado Bolívar donde el candidato de la oposición, Andrés Velázquez, probó actas en mano que había ganado, cosa que no fue acatada por el árbitro electoral. 

Y saltamos al 2023-2024. El gobierno desde el año anterior se había comprometido a través de acuerdos con mediación internacional en Barbados, a generar unas condiciones mínimas para celebrar elecciones presidenciales en 2024. Pero la ruptura de ese acuerdo comenzó con la inhabilitación inconstitucional de varios dirigentes de la oposición para ir a esas elecciones y que eran candidatos a las primarias para elegir al candidato unitario. Igual, a través del Poder Judicial se declaró la ilegalidad del proceso electoral de las primarias, asunto que no concernía a ese poder, por ser un asunto interno político de los partidos de oposición. Luego de muchas irregularidades, por consenso se eligió al diplomático retirado Edmundo González Urrutia (EGU) como candidato único de la oposición, luego hubo una campaña electoral en la que el oficialismo no ahorró en acoso y persecución contra la actividad política de su contrincante.

Y el 28 de julio de 2024 se celebraron las elecciones presidenciales en medio de irregularidades. Una bien conocida encuestadora afín al gobierno publicó resultados a boca de urna cuando aún los colegios electorales no habían cerrado, contradiciendo la legislación electoral. Ese mismo día, sin dar resultados por actas y centros electorales, el CNE proclamó a Nicolás Maduro presidente electo del país. Lo que no contaban es que los testigos de la oposición hicieron una labor titánica al obtener copias de las actas electorales en más del 80% de los centros electorales, que dejaban claro que el ganador era Edmundo González, por más del 30% de diferencia. La oposición gritó fraude y la respuesta hasta el momento en que se escriben estas líneas ha sido una represión salvaje para los miembros de la oposición que no aceptaban los resultados electorales,  con cargos de terrorismo y sedición, en medio de denuncias, detenciones ilegales y torturas, incluyendo menores de edad.

El 28 de julio del 2024, la confianza en las elecciones como método civilizado y pacífico para competir por el poder, murió. La salida institucional a la crisis política en Venezuela falleció ese día. En estos momentos la comunidad internacional ejerce presión para que esa situación se modifique, con expectativas inciertas de su éxito. Y, aun así, ciertos sectores del país llaman alegremente en el año 2025 a votar en las regionales para preservar espacios políticos.

No se puede pasar la página para nuevos procesos electorales hasta que se resuelva ese entuerto. La pérdida de la fe de la ciudadanía en el voto no vino de una oposición desleal a las reglas democráticas y con deseos autoritarios llamando a la abstención electoral, sino de una élite gubernamental que durante 25 años erosionó una de las instituciones democráticas por excelencia hasta prácticamente su desaparición.

No se puede pasar página sin resolver esto. El resto es creer que fingir que si el voto elige en un contexto autoritario, se puede salvaguardar alguna rendija de democracia. Esa es una mentira, un placebo político. Sin cura por lo que pasó el 28J no hay solución para la crisis política venezolana. Nadie creerá en resultados de unas próximas elecciones. El resto, son promesas vanas.

Anexos:

Elecciones limpias en Venezuela: 1998-2023. Fuente: V-Dem.

Índice de institucionalidad electoral democrática en Venezuela: 2005-2022. Fuente: Freedom House.