Tomada de El Periódico

Maykel Navas

31.10.24

Pretendía ser candidato presidencial para el 2026, pero el destino le tenía otra suerte; el pasado 11 de septiembre partió de este plano sin poder tener ninguna otra aspiración política y sin pagar sus culpas. Alberto Fujimori, el exdictador peruano, quien marcó un antes y un después en la historia de ese país suramericano, dejó más de 13 procesos penales pendientes; entre ellos el caso de la esterilización forzada de más de 200 mil peruanos (mujeres y hombres), según cifras del Ministerio de Salud del Perú.

El 19 de noviembre del año 2000, “El chino” se fue al país natal de sus padres (Japón) para no enfrentarse a los casos de corrupción y violación de derechos humanos por los que se le perseguía, en medio de una crisis política sin precedentes de su gobierno.

A pesar del repudio explícito de un sector, Fujimori aspiraba para ese entonces a un tercer período presidencial, pero el 14 de septiembre ocurre un hecho que lo hace huir. Un canal de televisión transmitió un video donde se veía a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), entregando un paquete de 15 mil dólares al congresista Alberto Kouri para que se pasara al bando fujimorista.

A raíz de este suceso, Fujimori envió su renuncia formal a la Presidencia vía fax desde un hotel en Tokio. En lo sucesivo siguieron apareciendo pruebas de corrupción a través de los famosos “Vladivideos”.

Al día de hoy, los peruanos recuerdan su período presidencial (1990-2000) como una era que marcó para siempre su historia. Para sus simpatizantes, salvó al país de la guerrilla, el terrorismo y el colapso económico. Sin embargo, sus detractores consideran que fue un autoritario que abusó de las instituciones democráticas de la nación para mantenerse en el poder.

Un outsider

En principio, es oportuno recordar cómo llega un ingeniero agrónomo, desconocido en la política, a la Presidencia peruana. Fujimori aprovechó la crisis de los partidos tradicionales para vencer a Vargas Llosa en las elecciones de 1990.

Recibe un país quebrado económica y socialmente, con una inflación anual del 7 mil por ciento, por lo que adoptó un estricto plan antiinflacionario, conocido como «Fujishock», que provocó el descontento de los sectores sindicales y del Congreso. Al no contar con el apoyo parlamentario, comenzó a gobernar por decreto y el 5 de abril de 1992,  propició un autogolpe de Estado con el apoyo del Ejército, disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial.

En paralelo, se enfrentaba a la actividad de los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). El 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, fue arrestado por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú.  

La lucha contra la violencia de Sendero y el MRTA se transformó en la bandera principal de Fujimori, quien supo capitalizar su éxito para arrasar en las elecciones de 1995.

Masacre

No todo fue color de rosa, en ese primer trayecto gubernamental ocurren dos masacres atribuidas al Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que seguía órdenes de Alberto Fujimori.  En estos sucesos murieron 25 personas. La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda, en 1992 en la Universidad de la Cantuta.

También tuvo participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

«Las violaciones de derechos humanos que se cometieron de forma generalizada y sistemática en el Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori constituyen crímenes contra la humanidad, sobre los que todo Estado puede ejercer jurisdicción universal. Todos los Estados están obligados, además, a procesar y castigar a cualquier persona responsable de delitos de este tipo y a cooperar en su búsqueda, captura y castigo», así lo expresó Amnistía Internacional.

A lo largo de los 10 años de gobierno del presidente Fujimori (1990-2000), la tortura y los malos tratos fueron prácticas generalizadas en el Perú, y centenares de personas «desaparecieron» o fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Alberto Fujimori  enfrentó múltiples acusaciones y juicios durante y después de su mandato. Su proceso judicial comenzó con su extradición a Perú en 2007 desde Chile para responder por 7 de los 13 procesos penales pendientes.

En 2009, Fujimori fue condenado históricamente como autor mediato de crímenes cometidos por militares en La Cantuta y Barrios Altos, y por el secuestro agravado de dos personas, recibiendo una pena de 25 años de prisión. Además, fue hallado culpable de ordenar un allanamiento ilegal y de robo, siendo sentenciado a seis años de cárcel y al pago de una reparación civil.

Otro juicio concluyó con una condena de 7 años y medio por peculado doloso y falsedad ideológica, tras el pago indebido de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos. Fujimori también fue condenado por pagos ilegales a congresistas y por la compra de líneas editoriales de medios de comunicación, aceptando los cargos presentados por la Fiscalía.

Esterilizaciones forzadas

Durante la década de 1990, Perú fue escenario de un programa de esterilización que afectó a miles de mujeres, principalmente indígenas y de comunidades rurales. Este programa, presentado oficialmente como una iniciativa de salud reproductiva y planificación familiar, fue criticado ampliamente por su ejecución coercitiva y las violaciones a los derechos humanos que conllevó.

Las esterilizaciones, muchas veces realizadas sin el consentimiento informado de las mujeres, han dejado una huella imborrable en la sociedad peruana, marcada por el trauma y la búsqueda de justicia.

El impacto de estas prácticas no solo se refleja en las vidas alteradas de las mujeres y sus familias, sino también en el tejido social y cultural de las comunidades afectadas.

La esterilización forzada, como política de control de natalidad, ha sido condenada por organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, que la consideran una grave violación a la autonomía reproductiva y a la dignidad humana.

En marzo de 2021, después de casi 20 años de investigaciones, la Fiscalía peruana presentó al Poder Judicial una acusación penal contra Fujimori, tres ministros de su gobierno y otras personas por la supuesta esterilización forzada.Aunque el gobierno peruano señaló que los procedimientos quirúrgicos fueron realizados con el consentimiento de los pacientes.

El fiscal Pablo Espinoza explicó que “el Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay problemas de otros sectores sociales”.

La Fiscalía expuso, además, que entre los años 1996 y 2000 se organizaban varios “festivales de salud” en pueblos, en donde detrás de muestras artísticas, fuegos artificiales y comida buscaban engañar a las personas y conseguir la esterilización.

“Fujimori premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también los amenazaba con despedirlos si no lograban los objetivos”, añadió el fiscal.

Fue así como a más de 1.300 mujeres se les practicaron ligaduras de trompas en contra de su voluntad por medio del reconocido Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, según datos oficiales.

Sin embargo, reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo apuntan que fueron muchas más, al menos 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres. La mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos económicos.

Fin de un capítulo

Fujimori es el padre de la dictadura del siglo XXI, implementada con una fórmula civil y electoral, que se basó en aprobar la reelección, controlar las decisiones judiciales y manejar los medios.

Este artículo busca no solo recordar un capítulo oscuro de la historia peruana, sino también reflexionar sobre las lecciones aprendidas y la necesidad de garantizar que tales injusticias no se repitan. A través de testimonios y análisis, se ilumina la lucha continua por la justicia y la reparación, y se destaca la resiliencia de las mujeres que, a pesar de las adversidades, siguen adelante con la esperanza de un futuro más justo.

Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024, hace apenas menos de dos meses, dejando pendientes procesos judiciales por crímenes de corrupción y delitos contra la humanidad. Su muerte generó incertidumbre entre los familiares de las víctimas que aún esperaban justicia. Además, una reparación civil de S/57 millones quedó sin efecto tras su fallecimiento, según la ley peruana. Los juicios que persiguieron a Fujimori reflejan una vida política marcada por controversias y desafíos legales.