
Tomada de Wikipedia
Benigno Alarcón Deza
16.12.24
El fin de la era democrática: Una década después del 27 de febrero de 1989
Asumiendo el riesgo que significa no poder entrar en los detalles precisos por la brevedad que un artículo como este demanda, hoy intentaré desarrollar una cronología que podría ayudar a comprender por qué es posible iniciar una transición política en Venezuela a partir del 10 de enero del próximo año. Y aunque la historia no siempre se repite y menos sirve para predecir el futuro, sí es útil para comprender cómo sucedieron las cosas en el pasado y cómo pueden suceder en el futuro.
Aunque podríamos comenzar por la derrota de Marcos Pérez Jiménez en el plebiscito del 15 de diciembre de 1957, y cómo el desconocimiento de los resultados nos llevó al inicio de una transición democrática el 23 de enero de 1958, evitemos irnos a eventos que la mayoría no vivió y solo conoce por los textos, así como darle excusas a alguien para malintepretar este artículo.
Partamos entonces de un evento que el mismo chavismo celebra y reivindica como propio, aunque no lo sea, el Caracazo del 27 de febrero de 1989, que muchos de nosotros sí vivimos y recordamos como la mayor ola de disturbios, protestas y saqueos que Caracas haya vivido durante varios días, y que fue respondida con represión y un toque de queda que se extendió por una semana.
Si bien el gobierno de Pérez, instalado apenas unos días antes, el 2 de febrero, logró sobrevivir a este revés inaugural, hoy no cabe duda de que el 27 de febrero de 1989 finalizaba una era de estabilidad democrática, que se había extendido por décadas, pero comenzaba a mostrar signos evidentes de agotamiento en las asimetrías de una sociedad en la que un número cada vez mayor de personas no encontraba formas de insertarse y adaptarse a los cambios sociales y económicos que sucedían aceleradamente en el país.
Y la mejor prueba de la imposibilidad de pasar la página del Caracazo fueron los dos intentos de golpe de Estado de 1992, cuya narrativa se apoyaba en los eventos de 1989, a los que Pérez también logró sobrevivir porque el suyo era un gobierno legítimamente electo, aunque a partir de allí estuvo marcado por la inestabilidad hasta que finalizó abruptamente en mayo de 1993, bajo la excusa de una causa judicial abierta en su contra, dando paso a un gobierno de transición presidido por Ramón J. Velásquez hasta la elección de Rafael Caldera en diciembre de ese año y la inauguración de su gobierno en febrero de 1994.
El fin de la era chavista: Una década después de la muerte de Chávez
Pero pese a la elección de Caldera en 1993, la era democrática de la que Venezuela era ejemplo para América Latina, tras cuarenta años de elecciones libres y estabilidad política, había quedado herida de muerte. Al final el gobierno de Caldera terminó convirtiéndose en un gobierno de transición entre la era democrática, de la que él mismo era uno de sus padres fundadores, y una nueva era de signo autoritario, que comienza a incubarse, no con la elección de Chávez en 1999, sino diez años antes con el Caracazo de 1989 y las dos intentonas golpistas de 1992 lideradas por un teniente coronel venido a presidente electo sobre los hombros de un pueblo movido por la rabia, la frustración y la esperanza.
Es así como la destrucción de la democracia comienza de inmediato tras la inauguración del gobierno de Chávez el 2 de febrero de 1999, aunque algunos se han negado hasta hoy a verlo así, con la convocatoria a la elección inmediata de una Asamblea Constituyente, cuyos poderes supra-constitucionales destruyeron los balances y contrapesos institucionales propios de una democracia. Con ello se abrió paso a un régimen autoritario y personalista que consolidó su poder progresivamente, usando la vía electoral que le permitió llegar a la presidencia, ahora mediante la aprobación de una nueva constitución en 1999, las elecciones generales del año 2000 y las siguientes en 2005 y 2006.
El declive de la era chavista comienza, como sucede con la mayoría de los regímenes personalistas, a partir de la desaparición de su líder, Hugo Chávez, y la elección de Nicolás Maduro como su sucesor en un proceso sobre el cual persisten las dudas hasta hoy en día, en 2013.
A partir de entonces ocurrieron varios eventos que podrían ser los equivalentes a un Caracazo para Maduro, como fueron las protestas de 2014 y sobre todo las de 2017 en todo el país, que ocurrieron de manera espontánea e inesperada. A esto hay que agregar la derrota electoral del gobierno en las elecciones legislativas de 2015, en las que la oposicón se hace con dos tercios de la Asamblea Nacional, lo que obligó al gobierno a renunciar a los procesos electorales competitivos como medio de legitimación al constatarse que, pese a los mecanismos de organización basados en una lógica político-clientelar, que les funcionó durante muchos años, el gobierno había pasado a ser, irremediablemente, una minoría electoral.
La constatación de esta realidad llevó al gobierno a evitar a toda costa realizar elecciones competitivas en los años siguientes (2017, 2018, 2020, 2021 y 2024), lo que acarreó una caída progresiva en todos los índices internacionales que miden el estado de la democracia y la calidad de los procesos electorales en el mundo (V-Dem, The Economist Democracy Index, Freeform House, Proyecto Integridad Electoral), así como el desconocimiento de resultados electorales por la comunidad internacional democrática, y en especial los de la eleción presidencial de 2018, las parlamentarias de 2020 y la presidencial de 2024.
Como podemos ver, al igual que el Caracazo de 1989 marcó el inicio del fin de la democracia que terminó concretándose tras la llegada de Chávez diez años después, en febrero de 1999, la partida de Chávez y la llegada de Maduro en 2013 dio inicio a la fase de declive del chavismo, que se tradujó en inestabilidad política y el deterioro acelerado de todos los indicadores de democracia a partir de entonces, pasando Venezuela de ser un régimen híbrido a uno autoritario de corte hegemónico.
Pero aun con el enorme deterioro de condiciones de competitividad electoral, el 28 de julio de 2024 la oposición logra imponerse por un amplio margen en la elección presidencial. Pese a los veredictos oficiales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, la falta de pruebas auditables, la posición asumida por la comunidad internacional democrática, e incluso los estudios de opinión, el veredicto público sobre el triunfo de González Urrutia no es reversible y tendrá consecuencias en lo internacional y lo doméstico.
Es así como el 28 de julio, once años después de la desaparición de Chávez, se convierte en el hito que marca el fin de la era chavista, independientemente de lo que suceda en el futuro inmediato.
¿Quiere decir esto que el chavismo pierde su legitimidad a partir del 28 de julio o después del 10 de enero? No, estos fenómenos son procesos. Al igual que el obelisco de Barquisimeto no es Barquisimeto, ni el puente sobre el lago no es Maracaibo, el hito del 28 de julio es una referencia inequívoca del fin de la era chavista, aunque ya había evidencias previas de que estábamos entrando en una nueva etapa como fue el resultado electoral de 2013, las protestas masivas y espontáneas de 2017, el resultado electoral de 2015, e incluso el resultado de una encuesta que realizamos a finales de 2022, en la que Carlos Andrés Pérez derrotaría a Hugo Chávez si se presentasen juntos en una nueva elección.
¿Qué implica el fin de la era chavista?
El fin de la era chavista implica que la pérdida de legitimidad del proyecto iniciado por Chávez y continuado por Maduro, solo tiene dos caminos: abrir paso, voluntariamente, a los cambios que el país reclama, tal como los partidos y las instituciones democráticas le abrieron paso al proyecto liderado por Chávez en 1998, reconociendo su triunfo electoral y, a partir de 1999 , permitiendo la instalación de su gobierno; o intentar mantenerse por la fuerza asumiendo los costos políticos, económicos e incluso en violaciones de derechos humanos que ello implicaría para la cúpula gubernamental, las instituciones y para el país en general.
No es cierto que tras el conflicto que se generó por los resultados anunciados el 28 de julio, el país pasó la página. Al igual que la represión y el toque de queda de 1989 no lograron dejar atrás el descontento ni superar las causas del conflicto que se manifestó el 27 de febrero de ese año, y que logró su resolución solo con el triunfo electoral de Chávez en 1998 y el inicio de su presidencia en 1999, hoy estamos ante el posible desenlace de un conflicto que se inició hace 11 años con la cuestionada elección de Maduro en 2013, continuó con la derrota electoral pero desconocida del oficialismo en la elección parlamentaria de 2015, las protestas de 2014 y 2017, y el desconocimiento del gobierno de Maduro a partir de 2018, entro otros episodios. Hoy con un ingrediente adicional y muy importante: la mayoría del país, incluidas las instituciones del Estado, así como la comunidad internacional democrática, saben lo que pasó.
El adelanto de la elección presidencial a julio de 2024, como se hizo en 2018 cuando tuvieron lugar en mayo con la intención de reducir el tiempo de preparación para la oposición, no funcionó. El distanciamiento entre la elección y la toma de posesión tampoco parecieran estar funcionado para el gobierno, cuando se constata a través de estudios de opinión confiables que el liderazgo de Machado se mantiene intacto, así como el apoyo a Edmundo González como presidente electo, mientras que el 10 de enero se ha convertido en nuevo hito como lo fue el 22 de octubre de 2023 y el 28 de julio de 2024, en los que la gente espera, “como caimán en boca e’pozo“ a que algo pase, una nueva oportunidad, un siguiente paso para producir el cambio.
No se necesita una bola de cristal para saber que alrededor del 10 de enero pasarán cosas. ¿Cuáles? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que la gente espera que pase algo, la gente no se quiere quedar de brazos cruzados y dejar que se pierda una nueva oportunidad, porque además percibe que esta podría ser su última oportunidad.
Tampoco se necesita tener una bola de cristal para saber que en torno al 10 de enero la presión internacional aumentará junto a la presión interna. Nadie lo ha ocultado, todos lo han dicho. Desde el gobierno de Biden que está a días de terminar y, cuando ya no tiene nada que perder, anuncia medidas que no tomó nunca antes, hasta una nueva administración de Trump que nombra a Marco Rubio como jefe de su política exterior. Ello sin olvidar los cambios de posición que operarán desde el nuevo parlamento europeo, y las que han asumido los gobiernos de América Lartina, incluidos los de izquierda, supuestos aliados de Maduro, ante el evidente quebrantamiento de todas las reglas de la democracia.
Y tampoco se necesita una bola de cristal para comprender que la presión interna y externa, si suceden simultáneamente en torno al hito del 10 de enero, se retroalimentarán mutuamente. La presión externa tendrá un efecto sobre la actitud de la gente y la actitud de la gente tendrá un efecto sobre la posición y las decisiones que tome la comunidad internacional.
Para lo que sí se necesita una bola de cristal es para saber como responderá el gobierno, y sobre todo las instituciones del Estado, que como todos sabemos están bajo el control de actores íntimamente vinculados a la élite gubernamental. No hay duda sobre que el gobierno, al menos hasta el día de hoy, no está dispuesto a transferir el poder a Edmundo González Urrutia, pero la respuesta final del gobierno no dependerá de lo que el gobierno quiera, sino de lo que las instituciones, en donde muchos votaron por un cambio político y no están alineados con la posición gubernamental, decidan hacer, o no hacer, para sostener al gobierno o facilitar un cambio político, ateniéndose a la neutralidad político-institucional que les corresponde.
La historia está llena de ejemplos en donde las transiciones se produjeron pese al esfuerzo del gobierno por evitarlas, aunque también existen los casos en donde lograron sostenerse contra la voluntad de sus propios pueblos mediante procesos de represión masivos, que en algunos casos terminaron en genocidios que solo lograron extender el control del poder por algunos años, como sucedió en Serbia, Libia, Ruanda y Siria, entre otros, que terminaron muy mal.
La importancia de la negociación para el gobierno
Hoy en día la oposición al gobierno no está integrada por un pequeño grupo de conspiradores y golpistas como algunos voceros oficiales afirman, sino por una mayoría equivalente, al menos, a las 3/4 partes de la población, dejando por fuera a los cerca de ocho millones de venezolanos en el exterior, de los cuales más de tres millones y medio habrían votado contra el gobierno si se les hubiese permitido.
Los gobiernos autoritarios que han logrado sostenerse a través de la historia gozan, en su mayoría, de un piso importante de legitimidad en el que al menos tienen a su favor un país polarizado por razones religiosas, étnicas, sociales o políticas, y en el que tienen el apoyo de una parte importante del país, lo que les ha permitido sobrevivir con bajos niveles de represión dura, tal como han sido los casos de Cuba, Rusia, China, Turquía, Hungría, Filipinas y Singapur[1].
Evidentemente, el caso de Venezuela hoy no es el de estos últimos países, y la historia también nos enseña que la salida más inteligente para los gobiernos cuando están en esta situación ha sido negociar las condiciones y garantías de un cambio político que inevitablemente sucedería, mientras aun estaban en el poder, tal como lo hizo el Franquismo en España, la derecha en Chile, de Klerk en Sudáfrica o Rawling en Ghana. La ausencia de acuerdos negociados no solo genera incertidumbre para la oposición, que en el peor de los casos continuará siendo oposición, sino también para el gobierno que depende de fuerzas que no necesariamente controla, pero que si no logran sostenerlo, o deciden regresar a la neutralidad institucional que por naturaleza les corresponde para ser capaces de trascender a un proceso de transición política, quedaría en una situación en la que ya no tendrían nada que negociar.
[1] https://nuso.org/articulo/por-que-perduran-los-regimenes-autoritarios/
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