Benigno Alarcón 08.01.25

Publicado originalmente en Americas Quarterly

El 28 de julio, Venezuela celebró elecciones presidenciales. Era la séptima vez que la oposición se enfrentaba al chavismo en una votación presidencial y la tercera desde que Nicolás Maduro asumió el cargo tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Pero fue la primera vez en 26 años que la oposición derrotó al chavismo de forma incontestable y contundente, obteniendo el doble de votos que el candidato oficialista.

El viernes, Nicolás Maduro pretende ignorar ese resultado e investirse de nuevo presidente, esta vez para un tercer mandato. Pero a pesar de los fastos ceremoniales que veamos esta semana y del posible recrudecimiento de la represión, todo apunta a que Maduro no logrará su objetivo de pasar página y devolver a Venezuela a un clima de normalidad en los próximos meses.

De hecho, las encuestas de opinión pública muestran que la mayoría de los venezolanos entienden claramente lo que ocurrió en julio: Edmundo González ganó. Una gran mayoría exige acciones y también cree que cualquier cambio político futuro no depende de terceros, sino de los mismos venezolanos que obtuvieron la victoria electoral, cuya credibilidad y liderazgo siguen obteniendo altas calificaciones a pesar de todo lo que ha ocurrido desde entonces.

Estas encuestas sugieren que más del 50% de los venezolanos apoya las protestas contra Maduro, y alrededor del 20% está dispuesto a participar, lo que, de ser cierto, estaría muy por encima de la participación en marchas pasadas. María Corina Machado, líder de la oposición, ha convocado nuevas protestas para el jueves.

Lo que la gente está dispuesta a hacer para garantizar que se materialice un cambio político sigue sin estar claro: los riesgos personales son elevados. El secuestro del yerno de González el martes, más otros movimientos del aparato de seguridad de Venezuela, muestran que los riesgos para los líderes de la oposición y los venezolanos de a pie son considerables. La presión internacional y las decisiones de las instituciones nacionales, especialmente las fuerzas armadas y la policía, que pueden decidir intervenir o mantenerse al margen de las manifestaciones populares, podrían sellar el destino de la siguiente era política.

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