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Nuestra crisis de legitimidad democrática

Foto: Cortesía

Juan Manuel Trak

30 de agosto de 2019

La crisis que atraviesa Venezuela es estructural. Los cimientos mismos de la convivencia ciudadana han sido socavados a tal punto que la recuperación de la sociedad va a requerir de un esfuerzo colectivo de gran envergadura. El origen de esta crisis estructural está atado a la ruptura entre los objetivos sociales y los político-institucionales del sistema democrático establecido en la Constitución de 1961, y su excesiva dependencia de la renta petrolera.

En lo político la ruptura se evidenció a mediados de los 90, cuando el sistema de partidos venezolanos hizo implosión. El proceso de modernización que se dio entre 1958-1979 generó cambios sociales profundos que no podían ser procesados a través de las instituciones que se habían creado luego de la dictadura de Pérez Jiménez. Así, la incapacidad y lentitud de las élites partidistas para procesar estas nuevas demandas arrojó a muchos venezolanos a los brazos de una promesa anti-sistémica.

Luego de 20 años, la promesa anti-sistémica se convirtió en un sistema autoritario cuyo propósito era la privatización y monopolización del poder y la renta. La democracia representativa fue sustituida, en un primer momento, por un autoritarismo competitivo (Chávez 1999-2012), para luego ser transformado en un autoritarismo cerrado (Maduro 2013- ¿?). De manera que, a medida que el sistema autoritario se fue consolidando, la legitimidad democrática perdió valor.

En su libro, “La quiebra de las democracias”, J.J. Linz argumentaba que la legitimidad democrática supone la creencia de que las instituciones existentes, a pesar de sus limitaciones y fallos, son las mejores posibles, y quienes están en el gobierno tienen derecho a estar allí, gracias a los procedimientos democráticamente establecidos para su elección.

Siguiendo la definición anterior, hoy se puede afirmar que la legitimidad democrática del gobierno ha muerto en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha asumido el poder mediante unas elecciones que distaron de ser libres, justas y competitivas. Por el contrario, se anularon partidos y candidatos, se manipuló el calendario electoral, se usó abiertamente los recursos del Estado para condicionar el voto, entre otras malas prácticas electorales. En definitiva, se convocó a una elección en el que el resultado estaba predicho de antemano, donde no había incertidumbre de quien iba a ganar.

Es por esto que los datos del Latinobarómetro de 2018 muestran que el 86% de los venezolanos dicen estar “no muy satisfecho” (26%) o “nada satisfecho” (60%) con el funcionamiento de la democracia en el país. Pero más aún, al preguntar sobre cómo diría que es la democracia en el país, 44,5% dice que es “una democracia con grandes problemas”, mientras que 36,4% indica que “No es una democracia”, frente a un 4% de personas que dice que “es una democracia plena” y 10% que señala que es “una democracia con pequeños problemas”. Así, la mayoría de los venezolanos observa que la democracia no existe o tiene problemas muy graves (80%), y en consecuencia muestran un alto grado insatisfacción con su funcionamiento.

Pero la crisis de legitimidad democrática en Venezuela no solo proviene del hecho de que la mayoría de los venezolanos crea que quien ejerce el poder no tiene derecho a hacerlo, aunque de facto lo haga. También se refleja en una pérdida de fe en la democracia como sistema.

Según los datos del Latinobarómetro, para 2013 el 93% de los venezolanos estaba de acuerdo con que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible, frente a un 5% que dijo no estarlo. Para 2015, el apoyo bajó a 85%, y el desacuerdo aumentó a 14%. Para 2018, el apoyo a la democracia fue de 75%, mientras que el desacuerdo con que es el mejor sistema de gobierno e incrementó a 25%. En resumen, en un período de 5 años, el apoyo a la democracia disminuyó en 18%, y el rechazo a la misma aumentó en 20%.

Así, la crisis de legitimidad de la democracia venezolana descansa sobre una combinación de tres elementos: 1) La creencia de que en Venezuela no hay una democracia, o tiene graves problemas; 2) Una evaluación muy negativa sobre desempeño de la democracia; 3) Una tendencia, de mediano plazo, de pérdida de fe en la democracia como mejor sistema de gobierno posible.

En este contexto, el sistema es percibido como no democrático, incapaz de representar los intereses y preferencias de los ciudadanos, por lo que la legitimidad democrática del sistema político está en entredicho. Parafraseando a Abraham Lincoln, quienes gobiernan no son percibidos como representantes del pueblo, no han sido electos por el pueblo y no gobiernan para el bienestar del pueblo. Pero también la idea democrática misma ha perdido valor.

Así las cosas, la obstrucción del gobierno a cualquier intento democrático por salir de la crisis, la manipulación de los procesos electorales y el surgimiento de discursos no democráticos, tanto desde el gobierno como en el seno de la oposición más radical, impulsan esta crisis de legitimidad. La incapacidad del sistema político establecido en la constitución de 1999 para resolver los conflictos de distribución del poder (y en consecuencia la renta) ha llevado a que muchos consideren que la democracia no es el mejor sistema para conducir el país. El error detrás de esta percepción es creer que ha sido la democracia la fuente de la crisis actual, cuando en realidad es lo contrario. La sistemática erosión de los aspectos democráticos ha evitado que los venezolanos hagan rendir cuentas al gobierno, y que este fuese reemplazado por uno diferente mediante elecciones libres, justas y competitivas. La cooptación de las instituciones, la represión y la manipulación electoral han cerrado la puerta al anhelo de cambio de los venezolanos.

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