Tomada de El Debate

En la mente de los venezolanos domina el pensamiento de lo ocurrido el 10 de enero de 2025 como fecha clave de un largo período oscuro en el que se declara una dictadura abierta, tras una proclamación presidencial que no ocultará su verdadera naturaleza ante el mundo

Francisco Olivares 23.01.25

En primera fila, mientras se juramentaba Nicolás Maduro, estaban allí otras dos figuras que hoy encarnan el rostro de las autocracias de Latinoamérica: el nicaragüense Daniel Ortega y el cubano Miguel Díaz Canel. El resto de los mandatarios de la región desconocieron su supuesto triunfo y algunos de sus aliados evadieron acompañarlo. Hasta el momento 31 países han reconocido a Edmundo González como el ganador en las elecciones del pasado 28 de julio.

Luego de las manifestaciones en Venezuela y en el mundo ocurridas el día anterior, reclamando el triunfo de González y una expectativa de cambio, el 10 de enero el país amaneció militarizado con sus fronteras cerradas y la población resguardada en sus hogares. En un reducido espacio del Palacio, custodiado por fuerzas militares, pocos asistentes estuvieron en la tercera toma de posesión de Maduro, que más que todo fue un juramento por la permanencia de su revolución.

Los titulares más importantes del mundo occidental anunciaron ese evento solitario con expresiones como: “Maduro se autoproclama presidente sin mostrar las actas”; “El dictador Maduro terminó de dar su golpe de Estado”; “Desolación y silencio en la autoproclamación”; Maduro se corona dictador”; “Maduro asume su tercer mandato frente al rechazo mundial”; “Maduro consumó su toma del poder y reforzó la amenaza militar”. El diario Granma de Cuba fue uno de los pocos  condescendientes con su aliado titulando: “Venezuela volvió a triunfar”.

Fue un suceso esperado ya que durante meses o años tanto Maduro como altos funcionarios del gobierno han reiterado que permanecerán indefinidamente en el poder con señalamientos como que la revolución triunfará “con votos o con balas”, y en este caso habían alertado que ganarían las elecciones “por las buenas o por las malas”. Las evidencias indicaban que sería “por las malas” y “con balas”.

Sin Constitución y sin votos

Especialistas en derecho constitucional como la exmagistrada Cecilia Sosa Gómez han explicado las violaciones del proceso que llevaron a esa juramentación.

Señala que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela regula la juramentación para asumir el cargo de Presidente de la República en el título V  “De la organización del Poder Público Nacional” en la sección primera: “Del Presidente  o Presidenta de la República” en los términos siguientes:

Artículo 231. “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.

El texto determina que quien se juramente es “el candidato elegido”. Resalta Sosa Gómez en su escrito, que no dice “el candidato proclamado” de manera que ese requisito, de “proclamación”, es una actividad prescindible, por cuanto la esencia del cumplimiento de la juramentación es consecuencia del acto de sufragio como manifestación directa del ejercicio de soberanía popular por parte de su titular, el pueblo venezolano y rasgo característico de la democracia.

El artículo 231 establece con precisión que quien asume la investidura como Presidente de la República es quien ha resultado electo. Para que pueda el presidente electo llegar al momento de jurar, tiene que haber alcanzado u obtenido en la votación correspondiente la mayoría de los votos válidos que exige el artículo 228 de la Constitución.

En cuanto a la elección, reafirma Sosa Gómez, “ha quedado demostrado que el candidato Nicolás Maduro, dadas las pruebas públicas de las actas de escrutinio, no obtuvo la mayoría de votos en la elección del 28 de julio de 2024”. Y pregunta: ¿cómo puede  un candidato a presidente que no obtuvo los votos necesarios  para ser elegido jurar “cumplir y hacer cumplir la Constitución, fortalecer la democracia  participativa y resguardar y proteger  la soberanía y desempeñarse de manera honesta y transparente?

La exmagistrada señala que “estamos ante un presidente electo, que es Edmundo González y un presidente de facto que es Nicolás Maduro”. Maduro no tiene las pruebas para ser un presidente electo y González Urrutia tiene las pruebas físicas. 

El hecho de amenazar al presidente electo con ponerlo preso como lo declararon altos funcionarios de los distintos poderes públicos que impidieron que González Urrutia se juramentase en la fecha establecida por la Constitución ante la Asamblea Nacional, para Sosa Gómez, es un acto de fuerza y una burla contra los electores, tanto para los que lo eligieron como para los que no votaron por él, por cuanto es la negación de un proceso electoral cumplido de manera transparente por la ciudadanía el 28-J.

Mientras que el fundamento para que Maduro se atribuya el carácter de presidente electo, lo sostiene en unos resultados parciales, leídos por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que hubiera concluido la totalización y sin aún  haber publicado los resultados del proceso electoral del 28-J, sostiene la exmagistrada.

Celiz Mendoza, ex consultor jurídico del CNE, indica que ese organismo electoral, al no publicar la totalización de las actas de escrutinio, como lo establecen los artículos 150 y 154 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), no ha podido demostrar o desvirtuar el valor probatorio de las actas mostradas por el equipo de González Urrutia, las únicas conocidas y exhibidas públicamente. “Ante esa falta, no hace sino convalidar que las referidas actas son fidedignas y pone en duda el acto administrativo de proclamación del candidato Nicolás Maduro”.   

Mendoza destaca que los votos determinan la elección del candidato contenidos en las actas de escrutinio, las cuales se reflejan en la totalización.  En este caso el CNE  proclamó al candidato sin efectuar la totalización formal como lo señala expresamente el artículo 150 de la LOPE, mientras al candidato electo lo convirtieron en un perseguido como forajido por los órganos del poder público ofreciendo públicamente recompensas por su captura con imputaciones como usurpador, terrorista y traidor a la patria e impedido de cumplir con la normativa constitucional para juramentarse como presidente electo. Ante semejante impedimento, se podría interpretar que es un incumplimiento forzoso provocado por las instituciones del Poder Público Nacional.

La caída predecible

La pérdida electoral de Maduro el pasado 28-J ya se venía prediciendo a través de los principales estudios de opinión en los estudios que algunas ONG venían realizando desde hace algunos años.

El Centro de Investigaciones Populares y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) pudieron constatar cómo la revolución y el gobierno de Maduro estaban perdiendo el apoyo de las bases sociales en los sectores populares que durante los años de Hugo Chávez fueron el bastión principal del chavismo.

Ese nuevo escenario obligó a Maduro a recurrir a la fuerza militar para contener el descontento de la población ante la severa crisis económica, lo cual se reflejó fundamentalmente en los sectores populares, sindicatos y gremios laborales. Al mismo tiempo buscó profundizar la lealtad de los cuerpos armados a la revolución extremando la vigilancia sobre los más importantes mandos de los componentes militares y policiales.

Durante los primeros meses de campaña, el gobierno madurista comenzó a eliminar a sus oponentes. El 26 enero de 2024 el TSJ, en su resolución 005, ratificó que Machado estaba inhabilitada para ser candidata por un período de 15 años, a pesar de que había sido designada por unas elecciones primarias con cerca de 2 millones de votos y que el gobierno y la oposición habían firmado en octubre de 2023 los “Acuerdos de Barbados”, un mecanismo con observadores internacionales que permitirían la celebración de presidenciales con garantías para todos los sectores en 2024.

 El 25 de marzo, Corina Yoris, candidata propuesta por Machado y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para sustituirla como  aspirante a la presidencia, no pudo inscribirse en el sistema dispuesto por el gobierno, cuando faltaba poco tiempo para que terminase el plazo de registro de candidatos para esas elecciones.

Ese evento puso en emergencia a la PUD y el 19 de abril horas antes de culminar el período de inscripción se tomó la decisión de designar a González Urrutia, quien ya figuraba como candidato provisional en la tarjeta unitaria de la PUD.

Los estudios de opinión del segundo semestre, elaborados por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB con la encuestadora Delphos, registraron que en cualquiera de los escenarios de participación la oposición superaba en 20% al candidato del gobierno, mientras el resto de candidatos no sumaba más de 3% de apoyo.

Ante el avance del candidato opositor, desde los primeros días de campaña el gobierno profundizó la persecución y detención de miembros del equipo de campaña y altos dirigentes opositores, acusándolos de que tramaban una conspiración violenta, especialmente los que trabajaban directamente con el partido Vente Venezuela, dirigido por María Corina.

El caso más emblemático se produjo a finales de marzo cuando emitió órdenes de captura contra la jefa de campaña de Machado, Magali Meda y otros cinco miembros del equipo, quienes aún permanecen aislados en la Embajada de Argentina, sin servicios de agua y electricidad.

A esas persecuciones le siguieron reiteradas detenciones a coordinadores regionales, integrantes del equipo de comunicaciones, colaboradores que participaron en la campaña para las elecciones del 28-J, miembros de mesas electorales  y testigos; acciones que continuaron intensificándose en el período postelectoral. En lo que va del mes de enero se identificaron 85 detenciones.

El 30 de julio, Maduro desde una reunión con el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación, anunció el despliegue del plan especial para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las fuerzas policiales desarrollasen patrullaje y protección de calles, avenidas, urbanizaciones y comunidades ante lo que llamaron “comanditos violentos”. También anunció que en la aplicación “VenApp” se podía denunciar “grupos delincuenciales y criminales, con total privacidad y confidencialidad” e hizo referencia a la “Operación Tun Tun”. De acuerdo a los registros de la ONG Acceso a la Justicia, el 29 de julio perdieron la vida 27 personas en el contexto de las manifestaciones.

Con ello se produjeron importantes cambios en el alto mando militar y político del gobierno, especialmente en las unidades de contrainteligencia militar. El más importante fue la designación como ministro de Interior y Justicia a cargo de la seguridad y el orden público del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

En los meses posteriores al proceso electoral se produjo la detención de altos oficiales de la FANB, que se suman a más de 140 militares presos por razones políticas. Las cifras recopiladas por el Foro Penal indican que actualmente se encuentran 163 militares detenidos, acusados de complots y conspiraciones.

“80% de protestas postelectorales en Caracas se dieron en barrios populares,  principalmente en los barrios más empobrecidos, enfrentando una represión brutal” indicó la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). La organización indicó que entre el 29 y 30 de julio de 2024, documentó 915 protestas tras el anuncio del resultado por parte del CNE, que otorgó la victoria a Maduro.

Aislamiento y crisis económica

Uno de los efectos más negativos que se avecinan en esta nueva etapa es un mayor aislamiento internacional para el país; los cuestionamientos han venido incluso de países con gobiernos de izquierda democrática como el caso de Chile. Se agregan aliados como Lula Da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia. La Unión Europea ha emitido nuevas sanciones contra figuras del madurismo y crece la incertidumbre del rol que jugará Estados Unidos con Donald Trump como presidente.

Estos elementos complicarán aún más el sistema económico con el gobierno de Maduro, que gran parte de sus ingresos depende de empresas internacionales como Chevron, con permisos limitados para operar desde Venezuela. En estas circunstancias y sin reconocimiento de los países occidentales más importantes, el acceso a operaciones globales, el crédito internacional y la deuda externa podrían  complicarse aún más.

Ese escenario empuja con fuerza  la alianza con las principales autocracias como Rusia, que protagoniza el conflicto bélico más grave de Oriente Medio e Irán, otro centro de conflictos contra Occidente. 

A lo interno, difícilmente un gobierno no reconocido por gran parte de la población podrá recuperar el apoyo social. La revolución chavista al día de hoy carece de líderes reconocidos que puedan recobrar parte del apoyo que logró Hugo Chávez durante sus primeros años frente al gobierno.