Tomada de Getty

El gobierno del presidente Donald Trump desmintió ante un juez que se haya omitido una orden que prohibía expulsar a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, en el marco de una ley de guerra de 1798.

La estrategia de la Administración de Trump fue abordada a través de una audiencia celebrada por un juez federal donde se pretendía aclarar si fueron ignoradas sus órdenes al trasladar a más de 200 migrantes a El Salvador, país al que se le retribuyó monetariamente la recepción de deportados para ser encarcelados.

De acuerdo a medios de comunicación estadounidenses, los abogados del Departamento de Justicia comunicaron al juez James Boasberg que los migrantes expulsados ya habían salido del país cuando emitió una orden que lo prohibía. En este contexto, argumentan que el magistrado carece de jurisdicción cuando los aviones ya han despegado del espacio aéreo estadounidense.

En medio de la situación, el Departamento de Justicia quiso cancelar la audiencia, alegando que el caso interfiere con «la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores». Los abogados del Gobierno intentaron apartar al juez del caso a través de una moción en un tribunal de apelaciones

Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo ante la prensa que se justifica el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, existente desde el siglo XVIII, ya que la banda Tren de Aragua fue declarada organización terrorista global. La funcionaria detalló que de 200 expulsados en la operación, 137 fueron expulsados bajo esta ley, 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).