Tomada de la Voz de América

Andrés Cañizález 03.04.25

Las elecciones presidenciales celebradas el 14 de abril de 2013, a escasas semanas de que el país conociera la noticia del fallecimiento de Hugo Chávez, han sido las más reñidas en la historia electoral venezolana, durante el primer cuarto del siglo XXI. De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), el entonces presidente interino Nicolás Maduro obtuvo la victoria por 224.742 votos frente al gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles.

Tal como reseñó en su momento Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, estas elecciones sobrevenidas, producto del fallecimiento de Chávez, anunciado al país el 5 de marzo, puso a las autoridades del CNE y a los actores político en una inédita carrera de escasas cinco semanas entre la confirmación de que el presidente reelecto en los comicios presidenciales del 7 de octubre de 2012, finalmente no asumiría el cargo para el período 2013-2019, y se hacía necesario, por tanto, realizar unas nuevas elecciones presidenciales.

“De la experiencia vivida con la sobrevenida elección de abril, creo que quedó evidente que el artículo 233 (de la Constitución) debe ser enmendado. El plazo allí establecido (30 días consecutivos siguientes) para la convocatoria a nuevas elecciones en caso de falta absoluta del presidente es extremadamente corto, poniendo en alto riesgo la posibilidad de realizar unas elecciones justas y transparentes”, sostenía Lander. Este tema no ha sido abordado por la Asamblea Nacional a más de una década de aquel momento histórico.

Lander y otro experto electoral, Luis Salamanca, coinciden en resaltar que las elecciones del 14 de abril de 2013 pudieron realizarse en un clima de competitividad y alta participación por varias razones de aquella coyuntura.

En primer término, apenas seis meses atrás habían tenido lugar las elecciones presidenciales con la más alta participación, hasta entonces; en segundo lugar, Maduro fue ungido por Chávez antes de morir y por tanto no había discusión en el chavismo sobre quién debía ser el candidato, y en el campo opositor, de la entonces Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aunque Capriles había perdido contra Chávez en el octubre anterior, era en ese momento la figura política más conocida por la población y se reconocía que había hecho una excelente campaña electoral en 2012, en medio del denunciado ventajismo oficialista.

Finalmente, la población acudió a votar masivamente en abril de 2013, aunque ligeramente menos que en octubre anterior, en medio de un acelerado proceso de re-identificación política y emotividad tras la muerte de Chávez.  El 14 de abril la abstención fue de 20,31%, lo cual representó un aumento de 1% en comparación con el 7 de octubre.

Según el boletín del CNE del 3 de mayo de 2014, Maduro obtuvo 7.587.161 votos, mientras que Capriles recibió 7.362.419 votos. Como ya indicamos hubo una diferencia menor a los 225 mil votos. Lo llamativo para Lander y Salamanca, es que la diferencia entre Chávez y Capriles, medio año antes, había sido casi de un millón 600 mil votos. La diferencia de votos entre el chavismo y la oposición, aún en el clima de emotividad tras la muerte de Chávez, se redujo drásticamente.

“El uso de recursos públicos para la campaña a favor del candidato oficialista ha sido más que evidente, sin que el Poder Electoral haya querido o podido controlar este desequilibrio. Además, la ´para-campaña´ hecha como publicidad gubernamental durante la campaña electoral misma, en esta oportunidad alcanzó niveles de abuso difícilmente vistos antes”, sostenía el director del Observatorio Electoral Venezolano en un artículo que le publicó la revista SIC.

Salamanca, por su parte, recalcaba lo que se proyectaba con el declive de la salud de Chávez, antes de su fallecimiento incluso, y el impacto político que tendría esto. Para este estudioso de los temas electorales en Venezuela, el país estaba entrando en el cierre de un ciclo que se había inaugurado con el triunfo electoral en 1998 del exmilitar golpista de 1992.

“Los resultados del 14 de abril mostraron, sorprendentemente, que la velocidad del debilitamiento (oficialista) era mayor que la esperada por la opinión pública”, concluía Salamanca en un texto suyo de 2013.

Controversia e impugnaciones

Tal como lo reseñó un informe del Centro Carter, en aquel 2013, las elecciones presidenciales venezolanas quedaron atrapadas en la diatriba y la falta de respuestas adecuadas de las autoridades ante las demandas del campo opositor. Henrique Capriles exigió inicialmente un “recuento” completo de los comprobantes de papel antes de aceptar los resultados.

La controversia en torno al significado de los conceptos “auditoría” y “recuento” en el marco del sistema automatizado de votación venezolano, las complejidades de la ley electoral y la comunicación imprecisa sobre el tema por parte de los actores políticos contribuyeron a un prolongado debate sobre la naturaleza de la auditoría solicitada por la oposición, como registró en su momento el Centro Carter.

El 18 de abril, el CNE anunció la ampliación de la verificación ciudadana del 53 por ciento de las mesas auditadas la noche de los comicios al 100 por ciento y Capriles aceptó. Sin embargo, luego de que el CNE anunciara el 26 de abril los protocolos para dicho procedimiento, denominado Fase II de la Verificación Ciudadana, Capriles rechazó esta auditoría, alegando que la misma no incluía los cuadernos manuales de votación para verificar la identidad de los votantes, ni los materiales electorales adicionales solicitados por escrito por su comando de campaña el 17 y el 22 de abril.

Sin la presencia opositora, entre el 6 de mayo y 10 de junio de 2013, el CNE llevó a cabo la Fase II de la Verificación Ciudadana, cotejando los comprobantes de papel con las actas de escrutinio electrónicas emitidas por las máquinas de votación, encontrando una coincidencia de 99.98 por ciento.

Mientras tanto, el comando de campaña de Capriles presentó dos impugnaciones ante el TSJ, la primera el 2 de mayo, solicitando la anulación de las elecciones en su totalidad, y la segunda, más detallada, el 7 de mayo, solicitando la anulación parcial de los resultados. La impugnación del 7 de mayo contenía tres solicitudes: una para anular 5.279 mesas (que afectaban a unos 2.3 millones de votantes); otra para anular unas 21.000 actas de escrutinio, y la tercera para anular las actas de totalización, adjudicación y proclamación.

Como registró el informe del Centro Carter de entonces, en cuanto al primer componente, la MUD enfatizó la existencia de graves deficiencias en la calidad de la votación (algunas de las cuales podrían haber afectado los resultados o ser consideradas infracciones que ameritarían la anulación legal de los votos en las mesas en las que se cometieron). La MUD subrayó también en su impugnación las condiciones desiguales bajo las cuales se desarrolló la campaña proselitista.

De acuerdo con la ley venezolana, el TSJ debe anunciar sí admitió o no una petición dentro de los cinco días posteriores a la presentación de la misma. Habiendo transcurrido ese plazo sin una decisión, la oposición presentó una recusación contra el tribunal supremo por dicho retraso el 14 de mayo de 2013.

Sobre este proceso electoral y las impugnaciones, así como la falta de respuesta institucional en su momento, en diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Henrique Capriles, tras una demanda de éste al sistema interamericano. En la sentencia, en el caso Capriles Vs. Venezuela, el tribunal continental declaró la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de Henrique Capriles, en el marco del proceso electoral de 2013.

Fuentes

Centro Carter (2013). “Informe preliminar de la Misión de Estudio del Centro Carter: Elecciones presidenciales en Venezuela 14 de abril de 2013”. Centro Carter, Atlanta.

Lander, Luis (2013). “La sobrevenida elección de abril”. En: SIC. N° 755. pp. 196-199.

Salamanca, Luis (2013). “La nueva situación política”. En: SIC. N° 755. pp. 200-202.