Tomada de Transparencia Venezuela

Andrés Cañizález 12.06.25

Las elecciones de 2017 tuvieron como telón de fondo en Venezuela, un país atravesado por una severa e inédita crisis económica, iniciada en 2015. Las elecciones estuvieron precedidas del proceso para escoger una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue entonces un punto de inflexión en la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro.

En 2017, Venezuela enfrentaba una inflación superior al 1.600%, según el Fondo Monetario Internacional, y una contracción económica que redujo el Producto Interno Bruto (PIB) en un 16% respecto a 2016. La escasez de productos básicos llevó a que el 87% de los hogares viviera en pobreza, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), que aplicó la Universidad Católica Andrés Bello. Y aunque aún no se había alcanzado lo que sería el punto clímax de la migración masiva,  más de 1,5 millones de venezolanos salieron del país entre 2015 y 2017, según las agencias especializadas de Naciones Unidas.

En este contexto, tuvieron lugar las elecciones regionales del 15 de octubre y las municipales del 10 de diciembre de 2017. Ambos procesos estuvieron signados por la controversia, las acusaciones de fraude y manipulación del proceso, restricciones a la oposición y acciones del gobierno de Nicolás Maduro para consolidar su poder.

Las elecciones de 2017, estando ya en funciones una ANC electa de forma irregular y desconocida por la comunidad democrática internacional, lejos de ser un ejercicio democrático en las urnas, reflejaron el deterioro progresivo de la democracia venezolana. En ambos procesos se documentaron irregularidades que favorecieron al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en julio de 2017, tras un proceso electoral boicoteado por la oposición y rechazado por países como Estados Unidos y la Unión Europea, marcó un punto de inflexión. La ANC, compuesta solo por oficialistas, asumió funciones legislativas con el fin de anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015. Según Polga-Hecimovich (2022), las elecciones de 2017 fueron un paso estratégico en el proceso de “autocratización” del chavismo, utilizando comicios controlados para legitimar su dominio.

Las elecciones, asimismo, reflejaron la falta de consenso en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En la principal coalición opositora se vivían crudas divisiones internas tras las protestas de 2017, que dejaron 125 muertos, según la reconocida ONG Foro Penal. La decisión de participar en las elecciones regionales generó tensiones, con líderes como Henrique Capriles apoyando la vía electoral y otros, como María Corina Machado, abogando por la abstención ante la falta de condiciones justas.

Elecciones regionales de octubre de 2017

Las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017, destinadas a elegir a los gobernadores de los 23 estados venezolanos, estuvieron marcadas por diversas denuncias de irregularidades. Originalmente previstas para diciembre de 2016, fueron pospuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que alegó problemas logísticos, aunque Alarcón, Álvarez e Hidalgo señalaron que en realidad el retraso buscaba evitar una derrota del PSUV, cuya aprobación rondaba el 20%, según una encuesta de la Datanálisis, citada por estos autores en un artículo que publicó Journal of Democracy.

Entre las irregularidades más notorias destacaron:

Reubicación de centros de votación: Días antes de los comicios, el CNE reubicó 274 centros de votación, afectando a más de 700.000 votantes, principalmente en zonas opositoras como Petare (Miranda) y Catia (Caracas). Por ejemplo, en el municipio Libertador de Caracas, centros tradicionales como el Liceo Andrés Bello fueron trasladados a zonas de difícil acceso, como Caricuao, lo que desincentivó la participación.

Restricciones a la observación electoral: El CNE no permitió observadores internacionales de la OEA o la UE, limitando la supervisión a grupos progubernamentales como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA). En el estado Lara, el Observatorio Electoral Venezolano reportó que se impidió el acceso de testigos opositores a centros de votación en Barquisimeto, afectando la auditoría de actas.

Coacción electoral: En el estado Carabobo, se documentaron “puntos rojos” del PSUV a menos de 200 metros de centros de votación. Particularmente en Valencia, funcionarios verificaban la participación con el Carnet de la Patria, un documento oficialista ligado a la distribución de alimentos. Esta práctica, prohibida por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, fue denunciada por la MUD como un mecanismo de presión.

Finalmente, los resultados oficiales dieron al PSUV 18 gobernaciones, incluyendo estados clave como Miranda, donde Héctor Rodríguez derrotó a Carlos Ocariz  con 52,8% frente a 45,7%. La MUD ganó en Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, pero denunció un fraude masivo. En Bolívar, la elección quedó en disputa por una diferencia de 1.471 votos, y el CNE tardó semanas en proclamar al candidato oficialista Justo Noguera. La participación fue del 61,14%, pero la MUD exigió una auditoría total, respaldada por países como Argentina y Canadá, que cuestionaron la legitimidad del proceso.

Un episodio polémico fue la exigencia de la ANC de que los gobernadores electos se juramentaran ante ella. En Zulia, Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia) se negó, argumentando que la ANC era inconstitucional, lo que llevó a su destitución y a la convocatoria de nuevas elecciones para elegir a su reemplazo. En contraste, los cuatro gobernadores opositores en Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Táchira aceptaron juramentarse, lo que debilitó la cohesión de una ya menguada MUD.

Tal como señaló Luis Lander, en un artículo publicado por la revista SIC, las elecciones regionales de 2017 resultaron en un ejercicio desde el poder en el cual “sistemáticamente” se dejaron de lado principios contemplados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).

“Desde su mismo inicio estuvo plagado de irregularidades evidentes y difíciles de pasar por alto. Y hasta el mismo día de las elecciones se continuaron agregando obstáculos, arbitrariedades y abusos. Principios como confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, eficiencia (…)  fueron sistemáticamente puestos de lado”, sostenía a fines de aquel 2017 el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV).

Elecciones municipales de diciembre de 2017

Las elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017, para elegir 335 alcaldes y al nuevo gobernador de Zulia, se realizaron en un contexto de desmovilización opositora. La MUD, tras denunciar fraude en las regionales, optó por no participar, aunque partidos como Un Nuevo Tiempo (Zulia) y Avanzada Progresista presentaron candidatos. Esta fractura agravó la crisis del liderazgo opositor.

Las irregularidades incluyeron:

Uso del Carnet de la Patria: En el estado Aragua, el candidato oficialista Marco Torres instó a los votantes a presentar el Carnet de la Patria en “puntos rojos” cerca de centros como el Grupo Escolar Maracay, una práctica documentada por el Observatorio Electoral Venezolano. En Guárico, se reportaron casos de empleados públicos obligados a votar bajo amenaza de perder beneficios sociales.

Registro electoral desactualizado: El CNE no actualizó el Registro Electoral desde 2015, excluyendo a unos dos millones de votantes, especialmente jóvenes y migrantes internos. En el municipio Chacao (Miranda), el candidato opositor Gustavo Duque denunció que el padrón no reflejaba el crecimiento demográfico, afectando su base electoral.

Reubicación de centros: En el estado Táchira, centros de votación en San Cristóbal fueron trasladados a zonas rurales como Táriba, dificultando el acceso. En Caracas, votantes del municipio Sucre reportaron traslados de última hora al sector popular de La Dolorita, controlado por colectivos oficialistas.

Falta de equidad mediática: El PSUV dominó la cobertura en medios estatales como VTV, mientras voceros opositores denunciaron restricciones para acceder a espacios publicitarios. Según el Observatorio Electoral Venezolano, el 80% del tiempo en medios públicos favoreció al oficialismo.

La participación fue históricamente baja, con un 21% a nivel nacional. Con este telón de fondo de denuncias de irregularidades y baja participación, el PSUV ganó 298 alcaldías, incluyendo Caracas, donde Érika Farías se impuso con el 68% de los votos en un contexto de abstención masiva. La oposición obtuvo 26 municipios, y 11 quedaron pendientes. En Zulia, Omar Prieto (PSUV) ganó la gobernación tras la destitución de Guanipa por la ANC, que en la práctica ejercía como una suerte de “suprapoder”.

La consolidación del modelo autoritario

Las dos elecciones celebradas en 2017 consolidaron el control del chavismo sobre los poderes regionales y municipales, debilitando a la oposición y erosionando la confianza en el sistema electoral. Según Javier Corrales, el chavismo combinó represión, cooptación y manipulación electoral para mantener una “fachada democrática”.

Internacionalmente, los comicios fueron rechazados por Estados Unidos, que impuso sanciones adicionales, y por la Unión Europea, que señaló la falta de condiciones democráticas. A nivel interno, la baja participación reflejó una creciente apatía ciudadana, exacerbada por la crisis económica y la represión.

Como señala Polga-Hecimovich, estos comicios de 2017 consolidaron un régimen autoritario electoral, dejando a Venezuela en un camino de creciente polarización y desconfianza democrática.

Por su parte, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón, en diciembre de 2017 proyectaba para 2018 una suerte de huida hacia adelante, tras los dos procesos electorales reseñados en este texto.

Al revisar los escenarios de 2018, según una reseña de El Ucabista, Alarcón veía como factible una “autocratización electoral, donde el gobierno logre el triunfo en unas elecciones en las que las condiciones mermen las posibilidades de éxito de una oposición dividida y desmotivada. Es probable que se convoque a elecciones presidenciales lo antes posible para disminuir la posibilidad de que la oposición se organice”.

Fuentes:

Alarcón, Benigno; Álvarez, Ángel e Hidalgo, Manuel (2016). Can democracy win?. En Journal of Democracy.  Vol. 27. N° 2. pp. 20-24.

Corrales, Javier. (2020). “Democratic backsliding through electoral irregularities”. En: European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. N° 109. pp. 41-65.

Lander, Luis (2017). “¿Son aceptables los resultados del 15-O?”. En SIC. N° 799. pp. 391-394.

Polga-Hecimovich, John (2022). «Venezuelan regional elections, democratic backsliding, and autocratization in the 2010s”. En: Regional & Federal Studies. Vol. 32. N° 4. pp. 437-458.

Universidad Católica Andrés Bello (2017) “¿Conducirán las elecciones a un cambio democrático en Venezuela?”. En: El Ucabista. Versión en línea: 18/12/2017: https://elucabista.com/2017/12/18/conduciran-elecciones-cambio-democratico-venezuela/