Tomada de https://guachimanelectoral.org/

Beningo Alarcón 30.06.25

El mes de junio concluye en Venezuela bajo una atmósfera densa de incertidumbre, agravada por una crisis económica que profundiza el deterioro social, mientras las tensiones políticas y los desafíos humanitarios se superponen con la persistencia de un régimen decidido a resistir cualquier apertura significativa. La inflación se acelera en un entorno de políticas económicas ineficientes, el descontento crece, y las denuncias de violaciones graves de derechos humanos se hacen cada vez más visibles en la escena internacional, como se evidencia de las declaraciones del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas que ha desatado críticas desde los voceros gubernamentales. Este cierre de mes ofrece una oportunidad para analizar, con serenidad, pero con el rigor que se requiere, los vectores que conforman el tablero venezolano y las proyecciones que se pueden trazar para las próximas semanas

Inflación y el costo de la vida

La economía venezolana continúa su deriva hiperinflacionaria con un aumento mensual del 26% reportado en mayo por el Observatorio Venezolano de Finanzas, acumulando más de 105% en lo que va de año y proyectando una tasa interanual superior al 200%. En un país en el que el salario mínimo permanece congelado en cifras simbólicas y donde más del 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, cada punto porcentual de inflación se traduce en una reducción tangible de la capacidad de adquirir alimentos, medicinas y servicios esenciales.

El gobierno ha respondido a este nuevo pico de inflación con un esquema de “precios acordados” (no sabemos con quién) que, en la práctica, significa controles de precios acompañados de fiscalización agresiva a comerciantes y de represión sobre economistas y responsables de la publicación de datos económicos alternativos. Al mismo tiempo, se ha intensificado la persecución a los portales de información que reportan el valor del dólar paralelo, buscando controlar las expectativas de devaluación de la moneda. Sin embargo, como ha sucedido en episodios previos de controles económicos, la medida genera distorsiones en la distribución de bienes y termina incentivando el mercado negro y elevando los precios reales que paga la población.

Más allá de las cifras, lo que la inflación revela es el agotamiento de un modelo económico incapaz de generar estabilidad y crecimiento mientras se sostiene en la manipulación de los equilibrios monetarios y en la represión de las libertades informativas. Este fenómeno se convierte en el telón de fondo de las tensiones sociales que se expresan en las calles y en los hogares, donde la cotidianidad se ha vuelto una lucha de subsistencia y donde cada incremento de precios se percibe como una agresión directa a la dignidad de la gente.

Violaciones de derechos humanos: el costo de sostener el control

A la crisis económica se suma un segundo vector: la continuidad de las violaciones graves de derechos humanos. El Alto Comisionado de la ONU ha documentado recientemente 32 casos de tortura, 28 desapariciones forzadas y una serie de detenciones arbitrarias vinculadas a procesos electorales recientes y a acciones de protesta, incluidas víctimas adolescentes y extranjeros sin asistencia consular.

Estos reportes elevan el nivel de escrutinio internacional sobre el régimen, alimentando los expedientes en instancias multilaterales y fortaleciendo las narrativas de quienes denuncian que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática. Al mismo tiempo, la respuesta oficial ha sido de negación y de consolidación de los mecanismos de control, reflejada en la intensificación de la censura y en la criminalización de la denuncia, incluso en el ámbito económico, donde publicar cifras de inflación o tasas de cambio paralelas es calificado como un “acto subversivo”.

La documentación de estas violaciones constituye no solo un insumo para la acción de la comunidad internacional, sino un recordatorio de que la represión es el pilar que sostiene al régimen en un momento en que su base de legitimidad social y su capacidad de proveer bienestar económico se encuentran profundamente erosionadas.

El escenario geopolítico: sanciones, redes criminales y alianzas globales

El entorno internacional de Venezuela también se ha movido en las últimas semanas. La declaración de culpabilidad por parte de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar, en tribunales de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo ha puesto nuevamente la mirada sobre Venezuela.

Simultáneamente, Estados Unidos ha reinstalado sanciones específicas sobre el sector petrolero, limitando los ingresos del régimen, mientras la Unión Europea mantiene a Venezuela en la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero. Rusia y China, por su parte, continúan respaldando al gobierno de Maduro, enmarcando la crisis venezolana en el tablero geopolítico de la confrontación Este-Oeste, pero sin ofrecer soluciones a la crisis económica interna.

Estas dinámicas configuran un entorno donde la presión externa existe, pero aún carece de la articulación necesaria para inducir cambios inmediatos, mientras el régimen se apoya en la dispersión de las agendas internacionales para ganar tiempo y consolidar su posición.

Conclusiones

El cierre de junio en Venezuela muestra a un país atrapado en una confluencia de crisis que se alimentan entre sí: una crisis económica que deteriora las condiciones de vida, un incremento en el malestar social, violaciones de derechos humanos que consolidan la represión como un patrón sobre los métodos que el gobierno utiliza para intentar mantener el control, y un entorno internacional que oscila entre la presión y la dispersión ante una agenda internacional cada día más compleja.

Para quienes trabajan por la causa democrática, estos elementos no deben ser interpretados únicamente como señales de deterioro, sino como indicadores que permiten identificar ventanas de oportunidad para la construcción de alianzas internas y externas, y la articulación de propuestas que respondan a las necesidades de la ciudadanía mientras se mantienen firmes en la defensa de los principios democráticos y de los derechos humanos.