José G. Castrillo M. (*) 23.09.25

La reciente ola de violencia política que sacude a Estados Unidos, marcada por trágicos atentados contra figuras de todo el espectro ideológico (demócratas y republicanos) ha encendido las alarmas sobre la fragilidad de su democracia. Sin embargo, la respuesta de la administración Trump, centrada exclusivamente en culpar a la «izquierda radical», revela una peligrosa miopía que no solo ignora la realidad de las amenazas, sino que agrava la polarización que alimenta el fuego, y que ha venido creciendo sostenidamente en los últimos 20 años.

El año pasado y lo que va del presente, han sido testigos de un alarmante aumento de ataques con motivaciones políticas. El asesinato del activista conservador, Charlie Kirk, en un debate universitario y la muerte de una legisladora demócrata de Minnesota en su propio hogar, son solo los ejemplos más recientes de una tendencia que incluye el intento de incendio de la residencia del gobernador de Pensilvania y el brutal ataque al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Ante esta crisis, la Casa Blanca ha optado por un discurso de confrontación y señalamiento. El presidente Trump ha sido enfático en sus declaraciones, afirmando que «los radicales de la izquierda son el problema« y que su retórica «es directamente responsable del terrorismo” que vive el país. Esta narrativa, sin embargo, choca frontalmente con la evidencia recopilada por las propias agencias de seguridad del gobierno estadounidense.

Durante años, informes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han advertido de manera consistente que la amenaza más letal y persistente de terrorismo doméstico proviene de grupos de extrema derecha, específicamente de extremistas violentos por motivos raciales o étnicos. La evaluación de amenazas de 2025 del DHS, señala a los «extremistas violentos domésticos« como una de las principales preocupaciones de seguridad.

Más revelador aún, una investigación del Departamento de Justicia, recientemente eliminada de su sitio web, según informes de prensa, concluía de manera contundente que los extremistas de ultraderecha han cometido muchos más actos criminales con motivaciones ideológicas que cualquier otro grupo de terrorismo doméstico, en las últimas décadas. Esta discrepancia entre los datos de los expertos en seguridad y el discurso político de la administración actual no es solo un detalle semántico, es una omisión deliberada que distorsiona la percepción pública sobre la violencia.

Al construir un relato en el que la única fuente de violencia es la «izquierda radical«, el gobierno de Trump no solo absuelve a los actores más peligrosos, sino que también deslegitima cualquier forma de oposición, etiquetándola como inherentemente violenta. Esta estrategia tiene un doble y pernicioso efecto para la convivencia política:

 1-) Envalentona a los grupos de extrema derecha: al no ser señalados como la principal amenaza, estos grupos pueden operar con una potencial impunidad, interpretando el silencio o la desviación de la culpa como una aprobación tácita, desde el poder público.

 2-) Profundiza la polarización: se crea un ambiente de «nosotros contra ellos« donde el adversario político es visto no como un competidor legítimo, sino como un enemigo existencial. Esto erosiona la confianza en las instituciones y fomenta la creencia de que la violencia puede ser una herramienta política válida para dirimir las diferencias.

La realidad es que la crispación y el lenguaje deshumanizante provienen de múltiples sectores, y la violencia, aunque con orígenes preponderantemente en la ultraderecha, es un síntoma de una enfermedad más profunda que afecta a toda la sociedad estadounidense.

La solución no pasa por señalar a un único culpable, sino por un liderazgo que se atreva a condenar la violencia sin importar su origen ideológico y que trabaje activamente para restaurar un mínimo de cohesión social y respeto por el debate democrático.

Mientras la Casa Blanca insista en mirar solo hacia un lado del espectro, estará, en el mejor de los casos, ignorando la mitad del problema. En el peor, y más probable de los escenarios, estará avivando las llamas de un conflicto que amenaza con consumir los principios fundamentales del sistema político estadounidense. La seguridad y la estabilidad de una nación exigen honestidad para enfrentar todas las amenazas, no solo las que resultan políticamente convenientes.

Si agregamos a este clima de polarización política y social, aupada desde el gobierno, la condición de Estados Unidos como un país inundado de armas, con uso de redes sociales que viralizan teorías conspirativas extremas, es posible que en poco tiempo la violencia política se intensifique y masifique, con graves consecuencias para la gobernanza del orden político de los Estados Unidos. La semilla de una confrontación que derive en una guerra civil está gestándose en la nación de George Washington.

(*) Politólogo / Magíster en Planificación del Desarrollo Global.