Foto: Manuel Sardá

La máxima instancia de gobierno de la casa de estudios condenó “la opacidad institucional y la falta de respuesta oportuna que derivó en la desaparición y posterior fallecimiento bajo custodia de Víctor Quero, así como el trato indolente hacia su señora madre, Carmen Navas”, lo cual, denunció, no es un hecho aislado. Reiteró su rechazo a la «persistente situación de privación de libertad por motivos políticos en el país»

Efraín Castillo/ El Ucabista

Una investigación “independiente, transparente e inmediata” exigió el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) al Ministerio Público y demás órganos competentes, con el fin de determinar responsabilidades por el “ocultamiento de información oportuna sobre la detención y posterior fallecimiento de Víctor Quero”, preso político detenido en enero de 2025 por efectivos policiales y quien murió bajo custodia del Estado, después de más de un año de desaparición forzada.

Así lo hizo público la máxima instancia de gobierno colegiado de la casa de estudios jesuita en un comunicado, difundido este lunes 18 de mayo, en el que condenó “la opacidad institucional y la falta de respuesta oportuna” relacionada con este caso, así como el “trato indolente” hacia la madre de Quero, Carmen Navas, a quien las autoridades negaron reiteradamente información sobre el paradero de su hijo.

De acuerdo con la universidad, la señora Navas fue víctima de un “perverso mecanismo de desinformación y dilación que la sometió por más de un año a una situación de desgaste emocional e indefensión institucional”.

El pasado 7 de mayo y después de 16 meses, el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó a Navas que su hijo murió el 24 de julio de 2025, es decir, nueve meses antes, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, 10 días después de ser trasladado a ese centro asistencial desde la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, donde se encontraba detenido desde el 3 de enero de ese año.

Según el Ministerio, Quero falleció debido a una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria por tromboembolismo pulmonar” y fue enterrado por el Estado porque durante su reclusión «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».