Twittear

Por: Gustavo L. Moreno V. /  Viernes, 31 de mayo de 2013

Nuevamente se repite el guión y la escenografía al que ya estamos acostumbrados durante los procesos electorales. Las cámaras empiezan a seguir a los rectores del CNE desde la sala de totalización hasta la tribuna en donde anuncian los resultados al país. Son minutos eternos, que en el fondo entrañan la esperanza de un cambio. El 14 de abril nuevamente el CNE anuncia el triunfo del oficialismo.

Sin embargo, esta vez el panorama político es totalmente diferente. Los márgenes de diferencia entre los candidatos, según la información oficial, son “pírricos”, mientras que las denuncias de irregularidades son inmensas. Henrique Capriles, sin caer en la tentación de gritar “fraude”, eleva la bandera de los derechos ciudadanos, que se concretan en el conteo y la auditoría del 100% de los votos. La crisis política se evidencia y con ella, más allá de las posibilidades de revertir el dictamen del CNE en relación al triunfador, se escinde el escenario político nacional entre la lucha por el poder y la lucha por los derechos, abriendo paso a la transición y la democracia.

Y es precisamente pasar de la acción política por el poder, a la acción política por los derechos ciudadanos, lo que marca la diferencia entre el modelo oficial (que convierte en apátridas a sus opositores), y la oposición que hoy lidera el Comando Simón Bolívar. El modelo chavista, que emergió y se fortaleció gracias a su discurso por la inclusión, hoy agoniza por su profunda exclusión que ha hecho metástasis tanto en sus políticas públicas como en las instituciones del Estado, convirtiéndose en el sistema nervioso de una decadente forma de gobierno que nunca se encontró a sí misma.

Frente a esta nueva exclusión, la sociedad se levanta sobre la necesidad de reconstruir las condiciones de posibilidad para el ejercicio de los derechos ciudadanos y de la acción política, es decir, reconstruir la civilidad. En este sentido, la mayor fuerza que ha tenido el discurso de Capriles y las acciones del Comando Simón Bolívar, es que parecen haber entendido que más allá de la lucha por “el coroto”, la acción política en Venezuela hoy está planteada en esa condición que Hannah Arendt formulaba como “el derecho a tener derechos”.

En algo el gobierno ha tenido razón: la oposición es apátrida, al igual que muchos oficialistas que también lo son. Pero lo que nunca ha entendido es el significado de este término. Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de la ONU (1954), apátrida es “cualquier persona a la que ningún Estado considera destinataria de la aplicación de su legislación” . El desconocimiento de los derechos de todos los que se oponen al gobierno por parte de las instituciones del Estado, así como la manipulación del acceso a bienes, servicios y oportunidades de desarrollo de buena parte de los allegados y no allegados al régimen, supeditando su inclusión a la adhesión al discurso oficial (lo cual supone la violación de sus derechos), hace que cada vez sean más los “apátridas”, es decir, los excluidos políticos, que entendemos que “tenemos derecho a tener derechos”.

La transición a la que estamos en puertas va más allá de los líderes políticos, pues supone la reconquista de las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía que nos permita definitivamente salir de esta situación de apátridas en la que este régimen nos ha colocado. El puente para unir una mitad del país y la otra ya está puesto, es la demanda por el derecho a tener derechos; queda ahora develarlo, esforzarnos por comunicarnos y transitar hacia una democracia más sólida, en donde estén dadas las condiciones de civilidad para el ejercicio de la ciudadanía, sin olvidar que son procesos complejos, a veces largos y siempre conflictivos, que no deben tratarse con la lógica de la “inmediatez” a la que estos tiempos de globalización y postmodernidad nos han venido acostumbrando. En ese escenario de conflicto la democracia se fortalece, si asumimos que ella, más allá del voto, es una manera de actuar individual y colectivamente.