Por: Liliana Godoy R.

El pasado mes de diciembre tuvimos un nuevo proceso eleccionario en nuestro país. Lo esperamos casi que con la misma naturalidad con que esperamos la llegada de la Navidad. En esta ocasión elegimos alcaldes y concejales en cada uno de los municipios que integran la geografía nacional. Es tradición que este nivel de elección no convoque la cantidad de votantes que suelen presentarse a las elecciones presidenciales, sin embargo esta vez se reportó una asistencia mayor que la acostumbrada. Buena razón para alegrarnos, aunque se sospeche que esto respondió más al pretendido carácter de referéndum dado al proceso, que a la comprensión de la importancia que tiene el municipio como espacio político privilegiado –dada la proximidad entre los actores sociales- para la construcción y perfeccionamiento de la democracia. No hay duda de que seguimos teniendo (y cultivando) una “cultura” centralista y por lo tanto presidencialista de gobierno.

El hecho es que arrancamos este 2014 con un nuevo período para los gobiernos del nivel local y tenemos (¿contamos?) 337 alcaldes electos, más concejales y otros representantes. ¿Y ahora qué? ¿Será que nos sentimos con mayores certidumbres sobre el futuro de los espacios más próximos a nuestra cotidianidad? ¿Tenemos mayor confianza en que las cosas mejorarán a partir de ahora, con la elección de estas nuevas autoridades? Tal vez sea una percepción muy personal, pero aún no logro sentir esa sensación de nueva etapa, de promesa de algo mejor que todo inicio trae consigo. No logro avizorar mejores tiempos, porque por lo pronto me luce que las precarias condiciones para la gobernabilidad o gobernanza realmente no han cambiado.

Ya en la mitad de la segunda década del siglo XXI, no nos ocupa como país dar respuesta a las incertidumbres de la transición que a nivel global está afectando a las sociedades, aunque sin duda también somos objeto de sus efectos. No tenemos dispuestos nuestros mejores talentos para la reflexión, discusión y definición de cuál o cuáles son las mejores maneras que tendríamos como sociedad de lograr campear las trasformaciones que están en proceso en los espacios sociales más concretos: la familia, la escuela, las comunidades; la educación de nuestros niños y jóvenes para aprovechar la oportunidad única que nos presenta el bono demográfico; el trabajo y los procesos productivos, dados los vertiginosos cambios y usos tecnológicos que condicionan una cada vez más diversa gama de intereses y perspectivas en las personas. No, no estamos en eso. En nuestro país estamos enfrascados en la defensa de nuestros derechos civiles más elementales. En este momento de nuestra historia, las mayores perturbaciones a nuestro sueño provienen de la lucha por preservar desde el más básico y fundamental de los derechos como lo es la vida, hasta la libertad de expresión, la salud, la educación y la propiedad privada, tal como reza nuestra Constitución.

Parece tratarse de una nueva época que, en tanto transición, aún no podemos entender del todo. Ese es el contexto para los nuevos gobiernos locales. Y hablar de gobernanza, entre otras muchas cosas, es hablar de buen gobierno, para el cual un elemento clave es el proceso de toma de decisiones y cómo estas se ponen o no en práctica. Los actores y las estructuras, tanto formales como informales determinan los resultados que se alcancen y las mejores posibilidades de responder a los retos que exigen los cambios. Es complejo, pero es la idea que subyace en el planteamiento de no sólo revisar las políticas públicas sino la forma de hacer política. Se impone un mayor acercamiento a las poblaciones afectadas por los grandes problemas: la violencia, la crisis de la escuela, el subempleo, las implicaciones del aumento tan significativo de la expectativa de vida, por sólo mencionar los más visibles.

Una idea podría ser emplear un enfoque multisectorial que permita engranar las políticas en una lógica de ciclo vital y dar respuestas algo más creíbles y efectivas a los problemas. En esa perspectiva, los gobiernos locales son, como se ha dicho incansablemente, la instancia más cercana a los ciudadanos y a su cotidianidad. Por lo tanto, no es difícil imaginar que deberían ser impulsores de la reorientación y replanteamiento de esa manera diferente de hacer política y de planificar, ejecutar y evaluar, con el resto de los involucrados en la vida local, una genuina intención de promover la verdadera cohesión social que el país pide a gritos. ¿Tendrá algo de esto la lógica que ha alentado y alienta a la gran mayoría de los actores políticos en nuestro contexto? ¿Habrá en las nuevas autoridades alguna motivación más allá del triunfo electoral? Son perentorias políticas públicas y una forma de hacer política de nueva generación.