Opinión y análisis

¿Está perdiendo legitimidad el gobierno de Nicolás Maduro?

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Por: Mercedes Martelo/ 27 de febrero de 2014

En los sistemas democráticos, la legitimidad de origen que se genera de un triunfo en las elecciones, le proporciona al gobierno que se inicia la aceptación requerida por parte de la sociedad (tanto de los que le otorgaron el voto como de los que votaron diferente), para comenzar a desarrollar su gestión de acuerdo al programa electoral que le llevó al poder. Esta aceptación no constituye en ningún caso, una autorización ilimitada para cualquier tipo de acción. La sociedad puede revertir su conformidad y exigir cambios.

La protesta social contra el gobierno se ha incrementado significativamente en Venezuela en las últimas semanas, numerosas marchas y concentraciones masivas de ciudadanos vienen expresando prácticamente a diario en todo el país, el descontento con los graves problemas de inseguridad, inflación galopante y fallas de abastecimiento que han derivado en escasez de rubros fundamentales como alimentos y medicinas; algunos sectores incluso han llegado a plantear la exigencia de un cambio de gobierno. En lugar de aceptar las críticas y ofrecer soluciones negociadas con los sectores que se declaran afectados por las políticas implementadas, la respuesta del gobierno ha consistido principalmente en desacreditar sistemáticamente la protesta, en incrementar los mecanismos y la fuerza de represión y organizar también marchas y concentraciones masivas de ciudadanos que muestran su apoyo al Presidente y recuerdan la necesidad de defender el legado del desaparecido “comandante supremo”. La violencia política se ha hecho presente en las calles y ya se cuentan más de 10 muertos en las protestas así como centenares de heridos y presos, además de la consiguiente pérdida de infraestructuras.

En medio de tanta confusión, el Presidente Nicolás Maduro, algunos ministros, el Presidente de la Asamblea Nacional, e incluso algunos gobernadores, han recurrido reiteradamente al argumento de exigir el “respeto a un gobierno que ha surgido del voto popular”, aludiendo a su legitimidad de origen. El argumento se acompaña de un mensaje a los gobernados en el sentido de que “no les queda otra opción” sino aceptar al gobierno que aún tiene varios años por delante, pues recién se inicia.

Ningún titular electo de un cargo de gobierno a ningún nivel del poder público nacional, estadal o municipal, puede pensar hoy en día, que por el hecho de haber ganado unas elecciones y acceder al ejercicio del poder, está facultado para tomar cualquier tipo de decisiones, y orientar a cualquier tipo de desempeño a las instituciones gubernamentales que dirige, como si se tratara de un monarca absoluto que al acreditarse el derecho divino para gobernar, no tiene que volver a dar cuenta de sus actos; ó como si el triunfo electoral representara un cheque en blanco para imponer su voluntad ante todo.

En otras palabras, la legitimidad de origen sólo justifica el acceso al poder por haber cumplido los requisitos que se consideran necesarios para ello, es decir, en el caso de los sistemas democráticos, ganar las elecciones (y además de manera transparente).

De esta forma, ningún gobernante electo puede apelar a la legitimidad de origen para sustentar sus decisiones y actuaciones políticas a lo largo del período gubernamental, como si ésta fuera el único soporte necesario para respaldar y justificar su autoridad o capacidad para la toma de decisiones.

Los ciudadanos ceden cierta parte de la soberanía que les corresponde, para otorgar al candidato electo la potestad de tomar decisiones que afectan a todos (políticas públicas), no obstante, no se vacían por completo de soberanía, porque el gobernante electo no recibe un mandato ilimitado y eterno, al contrario, está limitado por el tiempo definido del mandato (tiempo que dura en el cargo) así como por la obligación de mantener sus decisiones apegadas a las leyes; para los ciudadanos se mantiene la potestad de vigilar y exigir que tales limitaciones se cumplan.

Pero adicionalmente, en la sociedad moderna donde los ciudadanos encuentran cada vez más canales de información y participación en la vida pública, el gobernante electo debe ganarse cada día la aceptación de su gobierno, es decir, la legitimidad, tomando decisiones para generar soluciones efectivas a los problemas planteados en el ámbito de su competencia y dentro del marco legal debidamente apegado a la Constitución vigente. A esta legitimidad, que se gana con acciones efectivas percibidas como tales y día a día, se le suele llamar legitimidad de ejercicio.

Al ser proclamado autoridad, un candidato electo comienza otro proceso de interacción con la sociedad, este nuevo proceso es totalmente diferente al de la situación previa en la que interactuaba como candidato. No puede pensar en actuar para gusto de todos ni solamente a favor de sus partidarios, tiene que ser capaz de negociar, argumentar y convencer (o al menos “enamorar”) a los más diversos sectores sociales para contar con el menor rechazo posible a sus decisiones, en el entendido de que están orientadas a conseguir el beneficio óptimo (que no será necesariamente el máximo sino el que es posible dadas las condiciones del caso); tiene que ser capaz de demostrar sus capacidades técnicas gerenciales y presentar resultados positivos de gestión, tangibles y en plazos cortos, tiene que ser capaz, en definitiva, de contribuir a generar gobernabilidad.

La legitimidad de ejercicio, constituye una especie de muro de contención a los posibles excesos de un gobernante inescrupuloso, tentado al ejercicio autoritario o incluso totalitario, por haber contado con la aprobación en las urnas electorales. No se trata de que haya que lograr una uniformidad total de aceptación de la gestión por parte de la opinión pública, pero sí de que no haya un fuerte nivel de rechazo que abra paso a la inestabilidad política. Si el gobernante electo se empeña en imponer políticas que son consideradas inconvenientes por un alto porcentaje de la población, o violatorias de la Constitución u otras leyes, puede recibir un gran número de críticas y solicitudes de cambio y generar diversos grados de rechazo, con la consiguiente pérdida de legitimidad. En la medida en que el rechazo se acerque a una masa crítica que incluya una gran mayoría de los gobernados, éstos podrían incluso llevar la presión por cambios hasta la solicitud de renuncia o revocatoria del cargo, según las posibilidades que contemple el sistema político en cada caso.

No se debe confundir pérdida de legitimidad con pérdida de popularidad del gobernante, aunque en un extremo pudieran coincidir. Los ciudadanos pueden mostrar insatisfacción con la gestión por diversas razones y presentar diversas críticas, pero si dicha gestión se mantiene dentro de los límites establecidos, no van a generar una excesiva presión por cambios en la autoridad, esperarán a las elecciones para impulsar el cambio desde ese evento.

El ejercicio del poder político del gobierno, en las sociedades que adoptan la democracia como sistema de organización y funcionamiento, requiere pues, a nuestro modo de ver, tanto de la legitimidad de origen como de la legitimidad de ejercicio, para mantener un adecuado nivel de gobernabilidad, que permita el normal desenvolvimiento de las actividades sociales en todos los ámbitos de la vida cotidiana pública y privada.

El presidente Nicolás Maduro, fue electo en los comicios de abril de 2013 para el período constitucional 2013-2019, en sustitución del desaparecido presidente Chávez reelecto en diciembre 2012. El triunfo electoral fue muy discutido por diversas razones. El candidato del oficialismo, es decir, Nicolás Maduro, realizó una campaña fuertemente apoyada en los recursos gubernamentales a pesar de la prohibición expresa de la ley electoral. Muchas fueron las violaciones denunciadas (una revisión general a la prensa del momento permite a cualquiera constatarlo), sin que se hiciera patente ni se informara adecuadamente de averiguaciones administrativas ni mucho menos de sanciones. El resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral fue también muy discutido y no se generó convencimiento pleno en la sociedad acerca de que Nicolás Maduro hubiera ganado limpiamente las elecciones dado el escaso margen de diferencia con el candidato Henrique Capriles (7.587.579 vs. 7.363.980 votos), no obstante, como si todo hubiese sido absolutamente normal, el CNE proclamó presidente a al Sr. Maduro.

Momentos de gran tensión precedieron la investidura del Presidente y lo acompañaron en las primeras semanas de gobierno. La opinión pública reflejaba expectativas diversas: los partidarios del oficialismo se mostraban desafiantes exigiendo el reconocimiento del resultado anunciado. La oposición expresaba su descontento (basado en gran cantidad de irregularidades observadas) presentando los reclamos pertinentes y exigiendo la verificación de los votos (reconteo), como condición para el reconocimiento al resultado.

El órgano electoral realizó una auditoria ampliada (aunque sin llegar al reconteo total de votos, ni a la verificación con los cuadernos de votación) y finalmente, cuando en junio culminó la auditoría, reconfirmó el triunfo de Nicolás Maduro. La Comunidad Internacional otorgó el reconocimiento al gobierno surgido de las elecciones. La oposición por su parte, encaminó las denuncias hacia las rutas burocráticas correspondientes nacionales e internacionales; la evaluación de las irregularidades denunciadas en torno al proceso electoral podría tomar un largo tiempo, de modo que terminó por aceptar al Sr. Maduro en la primera magistratura del país.

Este breve recuento de un episodio cargado de enorme tensión social, permite captar la existencia de un cierto nivel de debilidad en la legitimidad de origen del gobierno actual. No obstante, se respetaron las reglas del juego democrático y se dio paso a la conformación del gobierno de Nicolás Maduro.

Por ahora…, ya nadie discute que el Sr. Maduro accede al poder a través de los votos. No obstante, resulta inaceptable que utilice este argumento para imponer leyes y políticas que están afectando negativamente a una gran mayoría de la población, incluso de sus partidarios, aunque éstos se vean conminados a abstenerse de protestar o incluso a manifestarse a favor de tales políticas.

El gobierno del Sr. Nicolás Maduro en Venezuela, va camino de cumplir su primer año de ejercicio del poder y enfrenta numerosos y complejos problemas en diversos órdenes de la vida nacional. En realidad no se trata de un gobierno nuevo, de un gabinete nuevo y de nuevas propuestas para resolver las necesidades de la población, sino de la continuación del gobierno de Chávez, ya que Maduro fue nombrado por él mismo como su sucesor, y todo el mundo sabe que “ganó” las elecciones en virtud de este mandato, lo cual representa otra debilidad en su legitimidad de origen ya que los votos no son para Maduro en sí mismo, sino para cumplir nada menos que la última voluntad del finado líder.
El hoy presidente ya era Vicepresidente durante el gobierno anterior, de manera que participó en las decisiones y acciones y tiene responsabilidad política y administrativa por los resultados de esas decisiones.

El Sr. Maduro no puede seguir pidiendo tiempo y más tiempo, paciencia y más paciencia, comprensión y más comprensión a los ciudadanos que deben lidiar cada día con la disminución de su poder adquisitivo frente a una inflación galopante de dos dígitos, que está entre las mayores del mundo.

Sin títuloEsos ciudadanos que deben hacer largas colas y recorrer diversos establecimientos para la adquisición de bienes de primera necesidad (alimentos, productos de higiene, medicinas) y que en muchas ocasiones ni siquiera los encuentran a ningún precio.

Esos ciudadanos que viven atemorizados ante el incremento de la inseguridad, que salen de casa cada día con la angustia de que pueden ser asaltados, agredidos e incluso pueden perder la vida a manos del hampa desatada y viendo que cada día crece la impunidad.

Esos ciudadanos indefensos frente al desmoronamiento de los centros de salud que aleja sus posibilidades de curación

Aunque el gobierno controla actualmente la mayoría de los medios de comunicación masiva y transmite permanentemente propaganda orientada a destacar las bondades de la gestión del régimen, la realidad golpea a la población en el desarrollo de sus actividades cotidianas, las cuales están por cierto, completamente fuera de rutina, porque no puede haber ningún tipo de rutina ni planificación cuando no se sabe qué se va a conseguir para suplir las necesidades básicas.

En este contexto, están siendo afectados negativamente no sólo los ciudadanos de modo individual, también las empresas de todos los sectores de producción y servicios (incluso las que están en manos del gobierno) sufren problemas de abastecimiento; hay dificultad para la obtención de materias primas por la escasez de divisas; hay dificultades con la mano de obra por la nueva Ley del Trabajo que ha obligado a trastocar los horarios de operación de muchos establecimientos; hay dificultades con el transporte por el mal estado y la inseguridad en las carreteras (las gandolas que se accidentan corren riesgo de ser asaltadas y perder la carga); hay dificultades con los servicios básicos como la electricidad que se ha vuelto muy irregular; todo esto se traduce en una disminución de la producción y la productividad nacional.

El gobierno también está presionado en materia de recursos, cada vez se hace más difícil seguir resolviendo necesidades a punta de importaciones de todo lo que se le ocurra; el peso de una colosal deuda tanto externa como interna le resta flexibilidad para la asignación de pagos a diversas actividades; el manejo inadecuado de la tasa de cambio ha presionado al gobierno a adoptar sucesivas devaluaciones que no se reconocen como tales por la política comunicacional del gobierno, pero que ejercen su efecto en la economía. Y no hablamos del tema de la corrupción porque es tan grande que se llevaría el resto del artículo.

Una sensación de caos recorre hoy en día la sociedad venezolana.

Nadie en su sano juicio podría hablar en este contexto de una gestión exitosa del gobierno de Nicolás Maduro. Por el contrario, cada día que pasa aparecen más razones para el descontento. El Presidente, no contento con mostrar su incapacidad para el manejo de las competencias del Poder Ejecutivo, se ha hecho aprobar una Ley Habilitante (herramienta jurídica que faculta al Presidente a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre las materias que estime pertinentes) para fungir como legislador desde agosto de 2013 a fin de “reforzar la lucha contra la corrupción y enfrentar la guerra económica”. De esta manera, el Presidente Maduro continúa una costumbre iniciada por Chávez y profundiza la desaparición de la división entre los poderes ejecutivo y legislativo. Con estas facultades legislativas, el Sr. Maduro ha estado aprobando un conjunto de leyes que muy lejos de servir para luchar contra la corrupción, apuntan a estructurar un nuevo tipo de institucionalidad (por ejemplo la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y la imposición de obligatoriedad de cumplimiento para la llamado Plan de la Patria 2013-2019) totalmente alejada de la Constitución vigente, es decir, una nueva institucionalidad anticonstitucional!. Pero aún hay algo peor, estas leyes no han sido debatidas abiertamente con todos los sectores de la vida nacional y han pasado a formar parte del marco jurídico nacional como si se tratara de cualquier normativa menor.

En otras palabras, el gobierno de Nicolás Maduro está tratando de imponer un modelo de país, de vida, de sociedad, con el que no toda la sociedad está de acuerdo.

Hay pues no sólo razones sino también condiciones para reclamar, más bien exigir, correcciones al gobierno. Hay razones y condiciones para cuestionar seriamente la legitimidad de ejercicio del gobierno madurista, no sólo por los pésimos resultados que se están generando de su gestión sino porque se atreve a imponer un modelo que fue rechazado por votación de la población en el Referendum del 2007, ¿o es que ésta votación porque no le favorece no será tomada en cuenta?

Cambiar de modelo de vida, sería una de esas decisiones en las que toda la sociedad tendría que pactar un acuerdo y ese acuerdo no aparece por ninguna parte en discusión. Los más de siete millones de venezolanos que votaron por H. Capriles en diciembre de 2012, no quieren vivir en un sistema totalitario comunista, por lo tanto, no puede el Sr. Maduro imponer tales tipos de cambios sin que se produzca una intensa protesta a nivel nacional para exigir el respeto a la Constitución vigente.

Sin lugar a dudas, el gobierno de NM está perdiendo legitimidad y de manera acelerada.

La sociedad venezolana parece estar viviendo un proceso de maduración política que la puede llevar a un nuevo estadio de desarrollo político-social.

Mercedes Martelo
mercedesm2005@gmail.com

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