Por: Benigno Alarcón / 27 de febrero de 2014

“No tengo miedo a que algo pase en el país.
Lo que da terror es que no pase nada.
Que todo vuelva a la normalidad y
que nada haya valido la pena” (tweet)

El tweet que copió en el encabezado de este artículo fue supuestamente escrito por una madre viuda que perdió sus hijos en medio de la represión que vive nuestro país. No sé si el origen del tweet es el que me dicen, o fue vendido así para seguirnos indignando, lo que sí sé es que ese mensaje refleja el sentir de muchas personas que desesperadamente se preguntan ¿a dónde va todo esto?

Es por ello que hoy quiero dedicar estas reflexiones a dar respuesta a este tweet, porque sé que con ello estaré respondiendo a muchos de quienes nos leen.

El Balance

Comienzo este balance, con el mayor respeto, destacando el aspecto más lamentable e injustificable de esta coyuntura. Al día de hoy esta ola de represión, como nunca la habíamos visto durante los últimos 14 años, ha dejado 13 personas fallecidas, así como incontables personas heridas, apresadas, abusadas y torturadas.

Hoy, lamentablemente, el gobierno pareciera estar manejando esta situación como ha manejado las decisiones económicas que nos han sumergido en esta crisis y se han convertido en el combustible de un descontento en el que lo político y lo social van confluyendo en una escalada de protestas, que lo más seguro es que se porten como el oleaje, es decir, que tengan recesos pero que difícilmente encontraran un aliviadero que permita recuperar la gobernabilidad, gracias al callejón sin salida en el que torpemente se ha venido llevando al país entre decisiones económicas inviables y un aumento de la represión política sin precedentes desde tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

En medio de esta situación, el gobierno habla de paz y diálogo al tiempo que reprime de la forma más brutal, dando a los colectivos armados lo que pareciese ser una licencia para matar, mientras pretende trasladar la responsabilidad sobre una situación injustificable a la oposición, pareciendo olvidar que el mantenimiento de la gobernabilidad del país es responsabilidad principal del gobierno, así como lo es también la garantía de los derechos constitucionales que, como el derecho a la vida y también a la protesta, entre muchos otros más que constitucionales son universales. Es responsabilidad exclusiva e irrenunciable del Estado (y digo Estado porque este trasciende al gobierno mismo) no solo la garantía retórica de estos derechos, sino incluso la protección de quienes lo ejercen, incluidos la de quienes protestan aunque estos lo hagan en contra del mismo gobierno.

Afortunadamente la vocación tecnológica del venezolano y el compromiso profesional y democrático de algunos medios y periodistas nacionales e internacionales no deja muchas dudas sobre las acciones y omisiones del Estado, y sobre la identidad de quienes agreden y matan, dejando una clara evidencia de la disposición del gobierno para llevar al país hasta las últimas consecuencias, si ello les permite mantenerse en el poder.

Entre las consecuencias más costosas de esta ola de protestas para el gobierno, está el hecho de que tanto Venezuela como Ucrania, están hoy en el centro de la mirada de buena parte del mundo. Los cuestionamientos, incluso de gobiernos que fueron muy cercanos al régimen venezolano, se han hecho escuchar desde los cuatro puntos cardinales, mientras el gobierno de Maduro se ha venido tomando, día tras día, las peores fotos que se pueda permitir: asesinatos de jóvenes a manos de para militares, guardias nacionales golpeando a personas en el piso, paramilitares disparando contra quienes cacerolean desde sus apartamentos, el allanamiento irregular a la sede de un partido político, un líder político de oposición apresado y trasladado por personal militar dentro de una tanqueta, otros líderes políticos con auto de detención, torturas a jóvenes retenidos por protestar, y pare de contar. Si en años anteriores algunos países podían justificar y hasta defender al régimen venezolano, hoy en día muchos países y organismos internacionales que evitaron hasta ahora pronunciarse se han visto forzados a hacerlo, mientras los socios más cercanos al régimen se han visto obligados a guardar un prudente silencio.

Consciente de que este espacio es limitado y por lo tanto este balance incompleto cierro con un tema que me facilita la explicación que sigue sobre las posibles salidas a esta situación.

Quienes me vienen leyendo desde anteriores ediciones, ya deben estar familiarizados con lo que significan los costos de tolerancia y los de represión; los primeros son los costos de salida del poder, mientras que los costos de represión se entienden como las consecuencias que se derivan de mantenerse en el poder por la fuerza. La tesis que he venido promoviendo se fundamenta en la necesidad de que los costos de represión sean elevados y los de tolerancia sean bajos para que una transición pueda producirse de manera pacífica. Hoy, las protestas han elevado considerablemente los costos de la represión, en términos de un importante deterioro de la imagen internacional del gobierno venezolano, algunos actos aislados de insubordinación en los que la Guardia Nacional ha preferido retirarse y no reprimir, y, aunque no tengo aún una medición que lo confirme, me atrevo a apostar en una importante caída de los niveles de apoyo interno de Nicolás Maduro y un significativo aumento del rechazo hacia su persona y su gobierno.

En relación a los costos de tolerancia, y he ahí el peligro, también se han elevado significativamente, no solo para el gobierno, sino para otros actores como la Fiscal General de la República, jueces involucrados, la Guardia Nacional, el SEBIN y los colectivos armados, entre otros, que hoy son señalados como los responsables materiales de esta repudiable situación. En un escenario de altos costos de tolerancia el resultado más probable es una mayor cohesión del gobierno, ante las potenciales consecuencias de la pérdida del poder, a raíz de una escalada del conflicto, que es lo que hoy justamente estamos viviendo, y cuya salida puede definirse por uno de los cuatro caminos que a continuación explicamos:

Escenarios Posibles:

1. La Autocratización: Los regímenes híbridos, como explicamos en una edición anterior, son los más inestables por la combinación insostenible de componentes democráticos (elecciones) y prácticas autoritarias. Por esta razón los regímenes híbridos necesariamente terminan moviéndose hacia uno de dos extremos. El primero y más común, afortunadamente, es el de la democratización como consecuencia de la pérdida de legitimidad (como también ocurre con gobiernos democráticos, y de ahí la necesaria alternabilidad), bien porque no pueden sostenerse en el poder y colapsan, o porque negocian una salida con la oposición que les permita iniciar un proceso de transición democrática controlado que reduzca sus costos. El otro extremo al que se mueven, si tienen la capacidad represiva para ello, es el de mantenerse en el poder por el ejercicio de la fuerza, lo que implica el cierre político y la transformación del gobierno en un autoritarismo hegemónico. Este es el escenario que se ha materializado en países como Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán. Este es un escenario que normalmente se desarrolla cuando los autoritarismos competitivos pierden la capacidad para mantenerse en el poder por la vía de elecciones competitivas. Este, lamentablemente, podría ser el caso de Venezuela si los intentos de la oposición continúan fallando y los costos de represión continúan siendo percibidos por el gobierno como más tolerables que los derivados de una pérdida del poder.

2. La salida negociada: Este escenario, que puede lucir como inaceptable para muchos que creen que el gobierno puede caer en pocos días, termina siendo el escenario más realista y con menores costos para la población. El problema es que un escenario de salida negociada, como el que se asomó el día de ayer con la inauguración de la ¨Conferencia de Paz¨ implica la necesidad del gobierno de alcanzar acuerdos, y esto normalmente se da por la presión misma que la movilización de calle genera. Si el gobierno no estuviese sometido a las presiones de hoy, o estas cesaran mañana, no tendría ninguna razón ni incentivo para alcanzar acuerdos, que deberían incluir aquellas que permitan una transición en un plazo razonable, si la oposición cuenta con la legitimidad para ello. El objetivo de la negociación, en estos casos, es revertir un proceso de autocratización y garantizar las condiciones que permitan re-establecer las reglas democráticas para hacer posible una transición, lo cual implica en siempre como contraprestación la otorgación de garantías que reduzcan los costos de salida a determinados actores. Este escenario, tiene como una de sus dificultades principales la reciente elección presidencial y aquellas propias de un acuerdo que implique un adelanto de elecciones. Aun considerando tales dificultades, podría producir una solución favorable dependiendo de la presión que haya sobre el gobierno y su propia evaluación sobre sus capacidades para controlar la situación en el caso de que las protestas continúen y se masifiquen a niveles entre 3% y 5% de la población, y la composición de las protestas se convierta en una muestra proporcional y representativa de todos los sectores del país, lo que podría suceder por la confluencia de las crisis política y los efectos más generalizados sobre la población de la económica. Un escenario de ingobernabilidad de estas características implicaría un aumento muy significativo de los costos de represión para el gobierno, lo que se traduciría en un escenario de inviabilidad política altamente inestable. Su desenlace dependerá, en buena medida de la capacidad de negociación de la oposición para reducir, de manera creíble, los costos de tolerancia o salida a interlocutores apropiados que estén en la capacidad de comprometerse con los acuerdos necesarios que garanticen reglas de juego claras y el retorno a la institucionalidad democrática.

3. La renuncia: Un escenario de este tipo implica por lo general, además de las presiones externas, un nivel de presión interna que deja al gobierno sin bases de sustentación, como lo sería por ejemplo la negativa del sector militar a reprimir o a permitir el uso de la violencia contra los ciudadanos. Es evidente que dado el peligro que para el gobierno implica una insubordinación militar, se ha dejado la represión contra las protestas en manos de grupos paramilitares, lo que reduce las tensiones hacia el interior de la FANB. Al tiempo que el gobierno trata de mantener los costos de represión para la FANB bajo control, los costos de salida para una parte del sector militar aumentan por efecto de algunos eventos en donde los uniformados han sido los protagonistas de violaciones de DDHH, lo que les hace difícil sentirse seguros ante la incertidumbre de las consecuencias que para ellos tendría un cambio de gobierno.

4. El Golpe: Este escenario, aunque es el menos probable, no es del todo descartable, y podría ocurrir en el caso de que se conformen las condiciones descritas en el escenario anterior y el presidente se niegue a renunciar o darle una salida a la actual crisis. Creo que cualquier posibilidad de que un golpe de estado ocurra partiría del mismo interior de la Fuerzas Armadas, en coordinación con otros actores del mismo gobierno para retomar el control del país y forzar la gobernabilidad por la vía autoritaria, lo que no tiene ninguna sustentabilidad en el mediano plazo, por lo tanto terminaría desembocando de manera inevitable en un proceso de negociación con la oposición para acordar las condiciones de un proceso electoral que concluiría con la configuración de un nuevo gobierno, cuya viabilidad dependerá en gran medida de las condiciones de tal elección.

La responsabilidad de la oposición ante el escenario actual

Es comprensible que ante el recalentamiento de la calle haya liderazgos de oposición que se sientan amenazados, sobre todo aquellos que cayeron en graves contradicciones durante los últimos procesos electorales. Soy de los que piensa que tales actuaciones respondieron a una motivación legítima que fue la de actuar con sensatez y responsabilidad ante un escenario para el cual no se estuvo preparado, aunque muchas personas, como sucedió en mi propio caso, emprendimos una jornada incansable de evangelización, desde mucho antes de la elección de Octubre de 2012, para advertir sobre la necesidad de estar preparados ante la muy alta probabilidad de un escenario electoral que arrojara serias dudas, así como la muy probable negativa del gobierno y el CNE para revisarlos, debido a los altos costos de tolerancia de sus actores principales, incluidos la mayoría de los rectores de la autoridad comicial.

Hoy, tras lo que vimos en la noche de ayer con la inauguración de la Conferencia de Paz, no tengo la menor duda de que el escenario con mayores probabilidades de materialización será el de la salida negociada, aunque tampoco tengo dudas de que el objetivo del gobierno no es alcanzar acuerdos sino desmontar el escenario de protestas para a partir de allí retomar el camino del cierre político, quizás combinado con una actuación más pragmática en lo económico que permita reactivar el aparato productivo y sacarlos progresivamente de la inviabilidad económica que hoy continua amenazando la gobernabilidad el país.

Ante un escenario que podría desembocar en una mayor autocratización del régimen, los sectores democráticos tienen la obligación de aprovechar las condiciones que llevaron al gobierno a abrir este espacio de negociación, para que ello no se transforme en una táctica dilatoria que le permita al gobierno ganar tiempo sin que se produzca ningún cambio a favor del re-establecimiento de la democracia.

Hoy, los sectores democráticos del país están obligados a asumir la unidad no solo discursiva sino de acción, más allá de lo puramente electoral, para aprovechar el compromiso demostrado por la sociedad civil para apoyar con sus acciones y corriendo grandes riesgos cualquier cosa que se les pida con tal de retomar el camino hacia la construcción de una Democracia plena. Hoy, la sociedad civil y los estudiantes, pese a las críticas de algunos actores políticos, le han entregado a la oposición su mejor carta, la movilización, y esto los coloca en una posición de fuerza que no esperaban tener tan pronto después del desenlace de la última elección presidencial y las municipales de Diciembre pasado. Toca ahora, a quienes pretendan liderar este proceso reconducir este enrome caudal de energía ciudadana hacía buen puerto, lo que implica no conformarse con retornar a donde estábamos antes de iniciarse las protestas. Los acuerdos no solo deben incluir las consecuencias indeseables que se originaron a partir de las protestas, como es la libertad de todos los presos políticos y protestantes, así como la eliminación de toda medida contra cualquier persona que haya ejercido la protesta de manera legítima, y la instalación de una comisión de la verdad, que goce de legitimidad tanto para quienes apoyan al gobierno como a la oposición, y que establezca las responsabilidades individuales de quienes atentaron contra la vida de los caídos en este procesos, sino que además deben incluir acuerdos que claramente definan condiciones y una ruta que no permitan la autocratización del régimen y lo comprometan al respeto de reglas democráticas que no le permitan al gobierno torcer o ignorar la voluntad popular.

En relación a las protestas, agrego solo dos comentarios adicionales. Si las protestas desaparecen, el gobierno no tendría ningún incentivo para negociar y comprometerse en acuerdo alguno. De nada sirve a la oposición ser alrededor de la mitad del país, si con esa mitad no es capaz de poner presión sobre quienes nos gobiernan, pero para que la protesta sea efectiva, es esencial que la misma se reconduzca hacia formas no violentas, lo que permitiría su masificación y re-legitimación. En el presente momento, el apoyo a la protesta es muy alto, y traspasa incluso la barrera de quienes apoyan al gobierno por motivo de la situación económica y social del país, más que por lo político, pero el rechazo a prácticas como las guarimbas y las barricadas es también muy alto, según reflejan mediciones que no estoy aún autorizado a revelar. Esta situación hará que la participación de la gente en estas prácticas vaya reduciéndose significativamente y de forma muy rápida. La reconducción de la protesta de parte de la oposición, si se quiere mantener e incluso aumentar su capacidad de movilización, pasa por su reconducción pacífica y la confluencia de lo político con lo social, además de su diversificación y descentralización, lo cual contribuirá con mayores niveles de creatividad y una participación más nutrida y representativa de los diferentes sectores de la sociedad venezolana. La protesta, adecuadamente comprendida y conducida estratégicamente, ha sido a través de la historia, y en nuestro caso no tiene por qué ser diferente, el mejor catalizador de los cambios políticos y sociales. Pero los que apoyamos la protesta, estamos obligados a comprender que no por movernos estamos avanzando en alguna dirección. La protesta, que es una forma de confrontación asimétrica, sirve para colocar a quienes no tienen el poder de decidir en la posición de imponer cambios, pero estos cambios, al igual que sucede en las guerras, terminan por lo general materializándose en una mesa de negociación, al menos que quienes protestan sean la casi totalidad del país, lo cual no es nuestro caso.

La oposición democrática, de la cual me siento parte, está en uno de sus mejores momentos para exigir respeto y reglas de juego distintas, pero ello exige unidad y coherencia más allá de lo político, y en ello se jugarán su propio futuro y legitimidad, que estarán en entredicho si salen de este proceso con las manos vacías.

Continuamos conversando la próxima semana. Mientras tanto, son bienvenidos sus comentarios y aportes.

Y como no les puedo decir en esta oportunidad feliz fin de semana, adapto a este hasta luego la frase con la que Cesar Miguel Rondón cierra su programa cada día: Les deseo que tengan los mejores días posibles…