Por: Benigno Alarcón / Jueves, 06 de marzo de 2014

“Democratización es el resultado de incrementar el costo de la opresión
al tiempo que se reduce el de la tolerancia.” (Robert Dahl, 1971).

Al cierre de la edición de PolítiKa de la semana pasada, cuando dedicábamos nuestro último artículo de El Faro a analizar las posibles salidas a la actual crisis, el gobierno nos sorprendió con una medida ingeniosa para tratar de desmontar las protestas a nivel nacional construyendo un puente entre el aniversario del Caracazo y las fiestas de Carnaval, lo que debería haber traído como consecuencia la migración masiva de temporadistas y una reducción significativa de la movilización para la protesta de calle. Para sorpresa de todos, y en especial del gobierno, mucha gente no se tomó el puente vacacional e invirtió su tiempo y recursos en abastecerse de productos básicos, colapsando los centros de distribución de alimentos públicos y privados, de los cuales algunos tuvieron que cerrar temporalmente por falta de mercancía, y a ejercer la protesta en sus diferentes modalidades, saboteando el tan añorado receso para el gobierno como para la Fuerza Armada Nacional y los demás organismos de seguridad del Estado.

Y es que hay que reconocer que quienes protestan no dieron tregua ni de día ni de noche, mientras mantenían ocupadas a sus propias fuerzas y a las del gobierno entre marchas multitudinarias, guarimbas, barricadas, mensajes en estatuas de próceres, cacerolazos de noche y también de madrugada, e incluso un par de pronunciamientos de famosos ante una de las mayores audiencias mundiales: la entrega de los premios Oscar.

Y si bien es cierto que la energía y la creatividad no han faltado, es necesario hacer un balance analítico de la protesta para preguntarnos qué se ha logrado y qué se puede lograr con todo esto.

¿Dónde estamos hoy?

Los Costos de Represión

Al día de hoy, los costos de represión, que según lo que hemos explicado en anteriores artículos son los relacionados con la capacidad del gobierno para mantener el poder por la fuerza, son sensiblemente más elevados, como producto del ejercicio mismo de la represión. Por este motivo los gobiernos, incluidos los de naturaleza autoritaria, buscan mantener los niveles de represión masiva al mínimo posible, y concentrar el uso de la fuerza en actores específicos, tal como se intentó hacer al arrestar a Leopoldo López y acusarlo de conspiración con la esperanza de que ello desmovilizará las protestas.

El efecto fue exactamente el contrario, y tras su arresto la frecuencia e intensidad de las protestas aumentaron, agravándose la situación con cada nuevo arresto o agresión. Esta escalada del conflicto, alimentada por la intransigencia del gobierno ha dejado al día de hoy unas 18 personas fallecidas, así como cientos de heridos y personas detenidas, buena parte de las cuales han sido liberadas condicionalmente; además, ha generado el repudio generalizado de la comunidad internacional que se ha manifestado por diferentes vías, representativas tanto de gobiernos como de sociedades con vocación democrática, que han hecho que la represión oficial no pase desapercibida y se ejecute a un muy alto costo para su legitimidad no solo interna sino externa también.

La represión es por lo general proporcional al nivel de amenaza que es percibida por quien reprime. Ello explica las arremetidas represivas del gobierno, e incluso el esfuerzo por justificar la represión unas veces provocando y alentando acciones violentas del lado de quienes protestan y otras infiltrando las protestas para luego proceder con mano dura y arrestos entre los manifestantes. Sin desestimar a los radicales y violentos de la oposición, que también los hay, buena parte de estos intentos por justificar la represión quedaron desmontados a los ojos del mundo gracias a que cada manifestante carga hoy consigo un teléfono con capacidades para fotografiar, filmar y enviar lo que está pasando en tiempo real a una red social universal. Esta nueva realidad de los medios alternativos que ha llevado a países como Bielorrusia y Korea del Norte a prohibir la venta y uso de teléfonos inteligentes, ha hecho que el gobierno haya tenido que reconocer los excesos de varios de sus funcionarios y moderar, ocasionalmente, el ejercicio de la represión a niveles menos costosos.

Como consecuencia del aumento del costo de la represión y su poca efectividad para controlar el conflicto, que por el contrario ha escalado con cada arremetida represiva, el gobierno se ha visto en la necesidad de intentar otros mecanismos para desescalar el conflicto como lo ha sido la convocatoria a una Conferencia de Paz, que si bien hasta ahora no ha estado a la altura de las expectativas, no puede aún descartarse por completo como mecanismo para iniciar una mesa de negociación, que posiblemente necesitará del apoyo de una tercera instancia (mediación), para establecer las garantías necesarias y dar los primeros pasos en la dirección correcta.

Considerando que en condiciones de polarización como las de Venezuela, en donde el gobierno mantiene aún niveles importantes de apoyo popular, las transiciones de poder, como dijimos en nuestro anterior artículo, no son eventos disruptivos (al menos que los mismos partan del interior del gobierno para producir un relevo entre actores que ocupan el poder), sino más bien procesos progresivos que toman su tiempo para materializarse, tal como sucedió en el proceso de transición en el que el PRI perdió su hegemonía. En este sentido, es necesario comprender que procesos de transición bajo estas condiciones se producen normalmente por una mezcla entre conflicto y negociación, en el que las escaladas del conflicto generan las condiciones necesarias para empujar acuerdos que generen las condiciones y garantías necesarias para permitir una transición. Es por ello que las movilizaciones de calle pueden tener un efecto importante en la construcción de una transición democrática, que incluso puede verse acelerada en aquellos casos en que se presentan niveles injustificados de represión, que cobran su costo en un grave deterioro de la legitimidad gubernamental y las dificultades crecientes para poder mantener la gobernabilidad por el ejercicio de la fuerza. De desactivarse la protesta, el gobierno tendría pocos incentivos para avanzar en la negociación de condiciones que debiliten su control hegemónico sobre el poder y se produciría, por el contrario, un cierre del diálogo y un mayor nivel de autocratización.

Costo de tolerancia

Como efecto adverso de la actual dinámica, hemos visto como al mismo tiempo que para el gobierno el uso de la represión se ha vuelto más costoso en términos de su legitimidad externa e interna, los costos de una posible pérdida del poder también se han elevado de manera significativa por efecto del ejercicio mismo de la represión y la amenaza de una salida cuyas consecuencias escaparían del control de quienes gobiernan.

En un escenario en el que no existen acuerdos y garantías mínimas entre las partes, quienes ocupan el poder se inclinan normalmente por cohesionarse y mantenerlo por la fuerza, pese a los costos que ello implica. Esta situación se traduce por lo general en una re-polarización de las fuerzas en pugna y en una escalada que en la medida que se traduce en ejercicio de la violencia, hace más difícil una transición pacífica y negociada. Preocupa en especial ver la impunidad con la que se ha ejercido la represión contra manifestantes de parte de grupos paramilitares e incluso de funcionarios policiales y militares, los cuales se han hecho, como consecuencia de sus delitos, hoy más dependientes de la capacidad del gobierno para mantener el control del poder, ya que su colapso implicaría pérdidas intolerables para todos los que comparten responsabilidades en tales eventos.

Es común que en situaciones de esta naturaleza el gobierno genere condiciones para elevar los costos de tolerancia de quienes tienen los recursos para garantizar la estabilidad del régimen, ya que sabe que un policía o un militar con las manos manchadas de sangre se convierte en el aliado más fiel. De aquí la importancia de mantener la protesta pacífica, ya que el ejercicio de la violencia traerá como consecuencia el uso de la represión, también violenta, y una mayor cohesión entre los mismos actores del gobierno y los responsables de su ejercicio, que verán los costos de transigir elevarse a niveles que cierran cualquier espacio para una transición pacífica.

¿Es sostenible la protesta?

Si, y solo si, se dan dos condiciones. La primera es que la misma se reconduzca de manera tal que sea capaz de masificarse progresivamente. Y la segunda es que la dinámica misma de la protesta, o una intervención de la oposición, sea capaz de generar en el muy corto plazo expectativas positivas que justifiquen la utilidad de continuar en la calle
En relación a la primera condición, hay limitaciones que se hacen ya evidentes y entre las cuales vale la pena destacar la dificultad de reconducir y controlar la protesta como fenómeno social que ha tomado ya vida propia, y cuya conducción no depende, al menos en su totalidad, del liderazgo político sino de la sumatoria de muchas dinámicas que no responden a ningún criterio estratégico y que entran muchas veces en contradicción. Es así como hemos visto en la práctica dinámicas como las barricadas, que normalmente deberían implementarse para la defensa contra adversarios externos, convertidas en formas de agresión y bloqueo contra los propios residentes de una localidad, y generando importantes conflictos entre vecinos que son víctimas y se niegan a participar en tales prácticas. Asimismo, no es difícil predecir, como dijimos en un anterior artículo, que si los niveles de violencia de la protesta no son de alguna manera controlados, las posibilidades de masificación están condenadas, y por el contrario lo que sucederá es una reducción progresiva de los niveles de participación como efecto del aumento de las barreras físicas y morales. Entendidas como barreras físicas las condiciones necesarias para enfrentar ciertas situaciones de riesgo que demandan de quienes participan en una protesta la necesidad de correr, defenderse, etc. Las barreras morales son las relacionadas con la conciencia que hace que un individuo participe o no en ciertas formas de protesta, siendo la regla general que en la medida que el ejercicio de la violencia se eleva, menor es el número de personas que se mostrarán proclives a participar. En conclusión, la masificación de la protesta depende, en buena medida, de la reducción de las barreras físicas y morales, lo cual está íntimamente relacionado con los niveles de violencia en su ejercicio, y en su diversificación a formas que no se conviertan en una atentado contra quienes están del mismo lado, como es el caso de las guarimbas y las barricadas.

A favor de la sustentabilidad de la protesta, juega también la posibilidad real de que la conflictividad política y social confluyan con motivo de las cada vez más duras consecuencias que se están derivando de la crisis económica que vive el país, y que nos imponen a todos condiciones de vida muy difíciles. Los ritmos que imponen la inflación y la escases en rubros básicos parecieran haber acelerado este escenario y de ahí la necesidad del gobierno de desmontar el detonador social con una Conferencia de Paz, que se ha centrado principalmente en la apertura al diálogo con el sector económico, aunque los entendidos en la materia señalan las alternativas son también escasas, por no decir inexistentes, ante la falta de recursos que puedan dar viabilidad a cualquier acuerdo en esta materia.

En relación a la segunda condición, el problema para la oposición radica en que las expectativas iniciales con las que se convocó a la protesta han sido extraordinariamente altas y riesgosas. Tan altas como la respuesta que la calle, de manera casi instantánea, ha dado a nivel nacional, y cualquier señal de retroceso o moderación de parte del liderazgo opositor puede ser interpretada como colaboracionismo con el gobierno, e incluso como traición, lo que implica altos costos políticos para quienes se expongan abiertamente a participar en un proceso de negociación.

Esta situación ha traído como consecuencia evidente la división entre quienes impulsan la convocatoria a la calle y quienes prefieren pasar la página, pero ante lo riesgoso de nadar contra la corriente apuestan discretamente a que el tiempo termine por enfriar los ánimos para reconducir lo político hacia el camino exclusivamente electoral, como si ambas dinámicas fuesen excluyentes.

Lo planteado coloca en cabeza de los líderes que convocan y justifican la protesta, la responsabilidad impostergable de reconducir las expectativas de manera tal que la misma no se transforme en un ejercicio ocioso que produzca una gran frustración colectiva, para lo cual se impone unidad de criterios alrededor de una agenda común políticamente viable. Sobre este punto dedicaremos nuestras próximas reflexiones.