Opinión y análisis

Perspectiva 3.0: El primer gran acuerdo social que necesitamos

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Por: Mercedes Martelo / Jueves, 06 de marzo de 2014

Venezuela no se encuentra en estos momentos viviendo en una democracia en evolución que experimenta una crisis cualquiera; no se encuentra viviendo un tiempo “normal” y ya no se puede continuar desarrollando la dinámica de vida normal. Venezuela se encuentra viviendo en un tiempo de disyuntiva, de definiciones, de toma de posiciones con miras a la evolución futura de la sociedad. Aceptar que vivimos esta condición, es parte del primer gran acuerdo que necesitamos.

El incremento de la conflictividad social que se ha experimentado en la sociedad venezolana desde que se iniciaron las protestas estudiantiles del 12 de febrero de 2014, es sin duda un reflejo de las grandes tensiones acumuladas en forma de insatisfacción con el gobierno, con el entorno en general, por la dinámica de limitaciones para la vida cotidiana en el país; dinámica de estrecheces que contrasta con las enormes posibilidades de desarrollo y bienestar que se deberían haberse concretado, dado el fabuloso ingreso petrolero que ha recibido Venezuela en los últimos quince años.

En efecto, aunque no es fácil de verificar para cualquier ciudadano, porque ya no es fácil conseguir información oficial consistente (como cualquiera puede constatar), se comenta extensamente que en la era del chavismo han entrado al país más dólares de la renta petrolera que en los cuarenta años anteriores de la democracia; algunos reconocidos economistas señalan que desde el año de 1.999, cuando se inició el autodenominado gobierno revolucionario, hasta el año 2013, primer año de chavismo sin Chávez, el país ha tenido ingresos petroleros por montos cercanos a los setecientos mil millones de dólares. Cantidad realmente extraordinaria si se hace la clásica comparación por ejemplo, con los trece mil millones de dólares del Plan Marshall invertidos entre 1948 y 1952 para apoyar la reconstrucción europea después de finalizada la segunda guerra mundial.

Desde el gobierno se argumenta que se trabaja en la construcción de un nuevo sistema socioeconómico y político al que se denomina socialismo del siglo XXI, y que durante estos años se ha beneficiado al país como nunca antes, y se insiste en que especialmente se ha beneficiado a los sectores populares más desfavorecidos. La propaganda oficial habla de logros impactantes en todos los órdenes de la vida nacional. El profesor español Marcos Roitman, en artículo publicado en la página web de Le Monde Diplomatique en Español [1] subraya los éxitos del chavismo señalando que la inversión social acumulada hasta el 2010 está por el orden de trescientos treinta mil millones de dólares, y con cifras del Banco Mundial (cabe recordar que estas cifras las dan los gobiernos) destaca que en Venezuela disminuyó la pobreza desde 70% en 1996 a 24% en 2009; que el salario mínimo mensual pasó de 185 dólares en 1998 a 462 dólares en 2010; que la tasa de desempleo se ubica entre las menores del mundo en el orden del 6%; que se estimula el desarrollo mediante microcréditos; que los beneficiarios de pensiones pasaron de casi cuatrocientos mil en 1998 a casi dos millones actualmente, que se han construido numerosas escuelas y centros de salud y además el país coopera con otros países a través de programas sociales como la Misión Milagro (operaciones de la vista); en fin, que para el profesor Roitman “Las políticas implantadas en Venezuela son populares no “populistas”, no son beneficencia, ni calla bocas, ni buscan comprar votos. Es una acción tendiente a erradicar la miseria, devolver la dignidad a un pueblo y hacerlo partícipe de su destino”. A pesar de todas las acciones positivas para el pueblo que presenta el gobierno en su haber, muchos observadores tienen la percepción de que los logros no son para nada proporcionales a la cantidad de recursos manejados, y se abre de inmediato la opción de pensar en la corrupción. Un reciente reportaje firmado por Daniel Pardo para BBC Mundo [2] señala que la corrupción en el país “es un círculo cotidiano del que es difícil escapar y abarca desde lo micro a las esferas más altas del Estado.”… “el caso de Venezuela -como confirmó este martes una vez más el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional (TI)- tiene características únicas en el continente. Entre los 177 países incluidos en el reporte, compuesto con la opinión de cientos de expertos y entidades especializadas, Venezuela está en el puesto 160, con 20 puntos de 100”. Citando al experto estadounidense Robert Klitgaard, se indica que en el escenario ideal para que se desarrolle la corrupción hay monopolio del poder, discrecionalidad, y fallas en la de rendición de cuentas por parte de los organismos administradores de fondos públicos, condiciones todas que se observan presentes en nuestro país.

Desde otra perspectiva, el economista José Guerra, en un artículo publicado en la web de la página runrún.es de agosto de 2013 [3], señala que los responsables de la política económica del país en estos quince años han trabajado por ensayo y error y no bajo un plan estructurado con conocimiento de causa, que la mayoría de los recursos (más del 60%) se han destinado al pago de importaciones para el consumo, es decir, que el país se los comió y apenas ahorró un 2,2% acumulado en reservas internacionales, a las que por cierto se está recurriendo de nuevo para gastarlas. Para José Guerra lo que el gobierno ha logrado con la inmensa masa de recursos recibidos desde 1999 a través de sus políticas incoherentes, ha sido una inflación acumulada de 1.948%, un ínfimo crecimiento del salario real de 0,83% interanual que coloca a Venezuela como el tercer país que menos creció en la región después de Haití y Paraguay, y el fabuloso incremento de la deuda pública consolidada que pasó de 32.809 millones de dólares (37% del PIB) en 1998 a 205.330 millones de dólares (54,1% del PIB) en 2013. Además, en 2013 las reservas internacionales cayeron dramáticamente incrementando los riesgos de cobertura para afrontar las importaciones. Así está pues la macroeconomía y es un secreto a voces que no se puede esperar otra cosa que una grave inestabilidad económica con importantes problemas para la producción y distribución de bienes y servicios en todos los sectores, haciendo urgente la aplicación de medidas correctivas de alto costo político y social.

De la microeconomía si sabemos todos y no se necesitan cifras oficiales, la experiencia diaria en colas y desplazamientos de un sitio a otro para conseguir aceite o leche o harina pan o servilletas o papel de baño o azúcar; el miedo a que te asalten, te secuestren o te maten; el sueldo que no alcanza ni para lo básico, nos muestran una realidad inconsistente con la propaganda oficial del bienestar socialista.

¿En este contexto, alguien puede dudar que existan reales y poderosas razones para salir a protestar y exigir cambios?

Sabemos que sí. La ilusión del bienestar socialista mantiene todavía a más de siete millones de venezolanos de distintos niveles socioeconómicos, apegados a la esperanza de seguir obteniendo a través de múltiples misiones (y múltiples modalidades de contratos) los recursos para cubrir sus correspondientes necesidades.
Desde 1999 la élite política en el poder, ha ofrecido a los diferentes sectores del país una lista inmensa de promesas que se repiten una y otra vez con distintos nombres, y se van trasladando en el tiempo a medida que no se cumplen, para continuar manteniendo la expectativa y renovar la adhesión de los votantes. El chavismo encandiló en primer lugar con la promesa de ordenar y sanear el país, limpiar la corrupción y transformar la partidocracia decadente en una brillante y eficiente democracia participativa; ha ofrecido en reiteradas ocasiones entre otras muchas cosas por ejemplo, diversificar la economía para disminuir la dependencia del petróleo, construyendo un aparato productivo que genere más empleo y ofrezca condiciones de trabajo más humanas que las del “sistema capitalista”; así mismo, el chavismo ha ofrecido en reiteradas ocasiones desarrollar la agricultura con semillas autóctonas, sembrar de ferrocarriles el país, llevar gas a toda Latinoamérica, luchar contra la inseguridad con mano de hierro, dotar hospitales y generar la mejor estructura de salud del continente, reconstruir la infraestructura del estado Vargas…ha ofrecido y ofrecido tanto que en la campaña electoral del 2012, el partido Primero Justicia logró realizar un evento tipo maratón de varias horas, para la lectura de promesas del chavismo (incumplidas en una gran mayoría, además).

Los defensores del chavismo dicen que se ha trabajado y cumplido y se seguirá en ello, pero hay que pensar que es un proceso de largo plazo; sus detractores en cambio, insisten en que lo poco que se ha logrado ha tenido un costo tan alto que resulta insostenible para seguir apostando a lo que se pudiera lograr en el futuro. El resultado electoral del 2012 indica que más de siete millones de venezolanos están insatisfechos con los resultados del chavismo en el gobierno y piden cambios.

Aunque no lo hemos mencionado, se percibe fácilmente que el ambiente de polarización está servido, invitando a la confrontación fratricida para dirimir posiciones, y esto es precisamente lo que debemos ser capaces de evitar, porque aunque ya se haya dicho vale la pena repetirlo, una vez que se abre la puerta a la confrontación, nadie puede saber realmente cómo llegará a terminar.

La amenaza de confrontación sólo puede ser superada a partir de la decisión política de llegar a acuerdos por parte de los principales actores sociales. Decisión política que debe basarse en la convicción de que el costo de la confrontación, es sustancialmente mayor a los posibles beneficios que pudiera generar para los diferentes actores socio-políticos y la sociedad en su conjunto. Asumir responsablemente esta posición es también parte del primer gran acuerdo que necesitamos.

Esto es, para dinamizar la actual crisis política disipando las amenazas de conflicto violento, todos (chavistas de distintas tendencias, opositores de distintas tendencias, independientes de distintas tendencias), debemos aceptar que tenemos la necesidad de llegar a acuerdos. Acuerdos entendidos como marcos de referencia para los planteamientos e interacciones de todos los sectores que conforman el sistema político.

¿Por qué es tan difícil sentarse a negociar cualquier tema político, económico o social en la Venezuela de hoy?

Desde nuestro punto de vista, la destrucción definitiva del Pacto de Punto de Fijo a partir de 1998 sin que se haya trabajado en la creación de otro marco de acuerdos para la toma de decisiones políticas, ha dejado un inmenso vacío en la práctica democrática del país, como un gran agujero negro a través del cual fuimos succionados de nuevo al personalismo del siglo XIX y principios del siglo XX.

El esquema que sustituyó a la negociación entre partidos y actores sociales estratégicos del Pacto de Punto Fijo, es el del líder “supremo” (el Presidente) que no tiene que negociar nada con nadie. Propone y decide lo que le conviene a los “supremos” objetivos de la “revolución” ya que para eso cuenta con el apoyo popular expresado en las urnas electorales (y el soporte de todos los poderes públicos que se conciben también a sí mismos en cabeza de sus titulares, como instrumentos para la concreción de los objetivos de la revolución, antes que instrumentos para el desarrollo de la soberanía popular). Si nos proponemos revisar este esquema con detenimiento, argumentos y resultados concretos obtenidos, no creemos que se pueda defender la supremacía del formato actual frente al dinámico sistema de acuerdos sustituido.

Hay que reconocer como sociedad que nos equivocamos, unos por acción, otros por omisión o distracción o ingenuidad, esto es lo de menos, lo que es de más es que necesitamos recuperar esquemas de negociación que permitan la discusión de diversos planteamientos para decidir cómo hacer las cosas en adelante. La élite política en el poder puede pretender imponer que el camino de la “revolución socialista” es irreversible, pero esta imposición es inaceptable en una sociedad democrática. Necesitamos recuperar la democracia y la libertad de decidir caminos alternos al de la revolución socialista para el futuro del país.

A nuestro modo de ver, es urgente colocar en el tapete de la discusión que más de siete millones de venezolanos están en desacuerdo con seguir jugando a construir algo que no se sabe qué es (el socialismo del siglo XXI) y que nos está costando el consumo irracional del recurso natural no renovable que constituye el petróleo. En otras palabras, están en desacuerdo con seguirse comiendo el futuro; están en desacuerdo con la forma de organización actual del gobierno y sus planes de implantación del Estado Comunal 2013-2019, así como con la intervención de los cubanos en la toma de decisiones nacionales, en definitiva están insatisfechos con la forma de vida que están llevando y quieren cambios. Pero igualmente, hay que poner en el tapete de la discusión que más de siete millones de venezolanos se muestran reacios a abandonar la esperanza del bienestar socialista, aunque no comprendan muy bien en qué consiste, ni cuánto le puede costar al país, mientras les permita mantener la ilusión de que se van a satisfacer todas sus necesidades. No hay que olvidar además, a los que no se manifestaron en las elecciones por cualquiera de las múltiples y válidas razones posibles, y quienes seguramente tienen también argumentos que presentar.
Necesitamos ser capaces de construir acuerdos para la toma de decisiones políticas porque tenemos un gran acuerdo previo, que se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual, aceptamos que vivimos en base a acuerdos y no en base a imposiciones de unos sectores sobre otros.

El desaparecido presidente Chávez a través de la expresión “dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”, manifestó en diversas ocasiones el interés de su gobierno en mantenerse apegado a la Constitución vigente, pero esta expresión terminó convertida en un frase hueca, vaciada de contenido por reiteradas violaciones al texto constitucional derivadas de medidas adoptadas bajo libre interpretación, según opiniones debidamente calificadas de abogados constitucionalistas que hicieron públicas sus denuncias y que pueden seguirse a través de la prensa nacional. Pero es más grave aún que el gobierno del Sr. Nicolás Maduro esté adoptando en la práctica la variante de “dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada”.

La Constitución de 1999, como gran acuerdo originario de la nueva etapa que vive la sociedad venezolana desde ese entonces, no contempla que la revolución socialista sea el único camino posible para la definición de políticas públicas en Venezuela, en consecuencia, ningún gobierno tiene derecho a imponerlo por ninguna vía. El gobierno del Sr. Nicolás Maduro debe abandonar esta posición ya que es inconstitucional. Esto no quiere decir que haya que renunciar a establecer mecanismos de beneficios sociales para aquellos que más lo necesitan. Ni quiere decir que se tenga que reeditar el Pacto de Punto Fijo en idénticos términos a los planteados en su oportunidad. Sólo quiere decir, que no se puede imponer la llamada revolución socialista porque no está en la Constitución, y los venezolanos que así lo decidan tienen derecho a reclamarlo.

En este contexto, cobra vital importancia el liderazgo político y social para organizar los planteamientos y desarrollar los mecanismos que permitan concretar nuevos esquemas de negociación socio-política, nuevos esquemas para la constitución de los temas de agenda para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos y para la reconstrucción de la institucionalidad democrática que se ha estado perdiendo, especialmente en la última década.
El llamado al Diálogo de Paz convocado en días recientes por el Sr. Maduro, abre una puerta para nuevos procesos de discusión, pero tal como ya han mencionado voceros de diversos sectores, no es aceptable que sean procesos demagógicos para la práctica retórica. Deben tener agenda, objetivos, representantes de los sectores estratégicos y recursos asignados. No obstante, el recurso imprescindible que se debe poner sobre la mesa es la voluntad política de llegar a acuerdos reales. En tanto esto no ocurra, la crisis seguirá avanzando, las consecuencias son impredecibles.

Mercedes Martelo
mercedesm2005@gmail.com

REFERENCIAS

[1] M. Roitman, «Éxitos y Logros del Chavismo,» Le Monde Diplomatique en Español. Consultado el 05/03/2014. Disponible en http://www.monde-diplomatique.es
[2] D. Pardo, «Qué hace que la corrupción en Venezuela sea única,» bbc mundo, 03/12/2013. Consultado el 05/03/2014. Disponible en http://www.bbc.co.uk
[3] J. Guerra, «¿Qué hicieron Giordani y Merentes con la economía?,» RunRunes, 14/08/2013. Consultado el 05/03/2014. Disponible en runrun.es

2 replies »

  1. Excelente artículo de Mercedes Martelo. Ha dado en el clavo. Hay una discusión de fondo que hay que dar: la revolución socialista ó socialismo del siglo XXI no está en la Constitución y no puede ser impuesto. Por otra parte, otra clave que comparto plenamente es que el Pacto de Punto Fijo era un mecanismo de negociación de élites, he incluía a las mayorías de manera deficiente. La CRBV de 1999 fue aprobada por referéndum aprobatorio y refrendada en 2007, con lo cual se convirtió en nuestro gran pacto social de convivencia. No obstante, fue diseñado partiendo del hecho de que la democracia es únicamente la voz de la mayoría a la hora de tomar decisiones y obvió mecanismos de negociación y conciliación para la inclusión de las minorías en las decisiones e instituciones del Estado. Esta omisión llegó a su zénit el 14 de abril de 2013 cuando con una victoria pírrica el “nuevo gobierno entendió” que ellos representaban a la mayoría y que la otra parte era una minoría que debía aceptar todo el mandato de la mayoría, porque según “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Sin embargo, esa voz de Dios, parece haberse olvidado cuando en 2007 los venezolanos decidieron no caminar por el camino del socialismo. Si no hay posibilidad de diálogo en la Comisión Nacional de Paz, ¿cuál podría ser una salida viable y constitucional a la crisis?, ¿una Asamblea Nacional Constituyente que permite que los venezolanos se den otro pacto social? Yo soy partidario, al igual que Martelo, en que debemos hacer un esfuerzo (empezando por los líderes) de sentarse a dialogar y ceder, porque ninguno de ellos es Venezuela en su totalidad y, a la vez, todos son Venezuela.

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  2. Excelente artículo de Mercedes Martelo. Ha dado en el clavo. Hay una discusión de fondo que hay que dar: la revolución socialista ó socialismo del siglo XXI no está en la Constitución y no puede ser impuesto. Por otra parte, otra clave que comparto plenamente es que el Pacto de Punto Fijo era un mecanismo de negociación de élites, he incluía a las mayorías de manera deficiente. La CRBV de 1999 fue aprobada por referéndum aprobatorio y refrendada en 2007, con lo cual se convirtió en nuestro gran pacto social de convivencia. No obstante, fue diseñado partiendo del hecho de que la democracia es únicamente la voz de la mayoría a la hora de tomar decisiones y obvió mecanismos de negociación y conciliación para la inclusión de las minorías en las decisiones e instituciones del Estado. Esta omisión llegó a su zénit el 14 de abril de 2013 cuando con una victoria pírrica el “nuevo gobierno entendió” que ellos representaban a la mayoría y que la otra parte era una minoría que debía aceptar todo el mandato de la mayoría, porque según “la voz del pueblo es la voz de Dios”. Sin embargo, esa voz de Dios, parece haberse olvidado cuando en 2007 los venezolanos decidieron no caminar por el camino del socialismo. Si no hay posibilidad de diálogo en la Comisión Nacional de Paz, ¿cuál podría ser una salida viable y constitucional a la crisis?, ¿una Asamblea Nacional Constituyente que permite que los venezolanos se den otro pacto social? Yo soy partidario, al igual que Martelo, en que debemos hacer un esfuerzo (empezando por los líderes) de sentarse a dialogar y ceder, porque ninguno de ellos es Venezuela en su totalidad y, a la vez, todos son Venezuela.

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