Opinión y análisis

¿Tiene sentido un diálogo?

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Diapositiva1Por: Benigno Alarcón Deza  / Jueves, 13 de marzo de 2014

Un acuerdo es posible solo cuando las partes tiene la percepción de que lo que pueden conseguir en la mesa de negociación es superior a cualquier alternativa fuera de ella.





La semana pasada habíamos cerrado diciendo que los líderes políticos tienen la responsabilidad impostergable de hacer honor al compromiso por un cambio, demostrado por la gente en la calle, mediante la consecución de un avance lo suficientemente importante como que para que este esfuerzo, que ha tenido un injustificado costo en vidas sacrificadas, gente herida y detenida, cada día mayor, no haya sido en vano y se produzca, por el contrario, una gran frustración colectiva. Es por ello que sería irresponsable hoy pretender pasar la página y salir con las manos vacías, dejando intactas las condiciones que dieron origen a esta situación. Para ello se impone la necesidad de que la Unidad, o quienes pretendan ser reconocidos como líderes de la oposición, actúen con coherencia y unidad de criterios alrededor de una agenda común políticamente viable. A ello prometimos dedicar el artículo de hoy.

En anteriores ediciones habíamos dicho, y hoy reiteramos, a riesgo de parecer innecesariamente repetitivos, que el escenario venezolano, considerando no solo la vocación sino también las debilidades sobrevenidas para el gobierno tras la muerte de su líder, se mueve progresivamente, y ahora con muchas más urgencia, hacia un proceso de autocratización que nos hace transitar desde un régimen híbrido, que es lo que hasta ahora hemos sido de acuerdo a todos los índices internacionales, hacía un autoritarismo hegemónico que, aunque son regímenes mucho más dependientes de la capacidad de represión, de imponerse garantizan siempre una mayor estabilidad en el poder. Este autoritarismo hegemónico estaría caracterizado por un importante cierre político acompañado de una posible pragmatización económica, que no es no es igual a un cambio de modelo económico, sino más bien una adaptación tropicalizada del estilo adoptado por China hace mucho y con el que hoy Cuba comienza a experimentar porque la necesidad así nos lo impone, y porque como decía Deng Xiaoping: “No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen gato”, y aquí el ratón es todo aquello que contribuya a mantener el poder.

La alternativa a la autocratización, o sea la democratización, es solo posible, como también hemos recalcado en anteriores ediciones de El Faro que están disponibles en www.PolitiKaUcab.net, si el mantenimiento del poder por la fuerza se vuelve inviable (altos costos de represión) y quienes sostienen al gobierno son derrotados y expulsados del poder, o si encuentran una salida que haga que los costos de perder o compartir el poder (costos de tolerancia) sean menores al riesgo de tratar de mantenerlo por la fuerza, lo que permitiría una transición pacífica y negociada.

La expulsión del poder (ruptura) se produce, normalmente, cuando los niveles de rechazo al gobierno alcanzan niveles de consenso nacional y quienes le dan soporte, entre ellos las Fuerzas Armadas, comienzan a desertar y pasarse al lado de la oposición, lo que produce su colapso; o por conspiraciones internas (desde el mismo gobierno), lo que suele terminar con un relevo en el poder que no necesariamente implica un avance hacia una democratización, sino en muchas ocasiones un cierre político para estabilizar a los nuevos actores en el poder.

Siendo el caso de que en Venezuela no existen, al menos por ahora, tales condiciones de consenso nacional que den sustento a un posible colapso del gobierno, ya que en todo caso conserva niveles de apoyo no inferiores al 40%, la oposición solo tiene en sus manos la posibilidad real de maniobrar hacia lo que Juan Linz denomina como una ruptforma, que no es más que una transición que combina escenarios de conflicto y negociación, que logran materializarse en un proceso de transición democrática si logran el balance necesario entre altos costos de represión y bajos costos de tolerancia, al menos para aquellos actores claves de quienes depende el sostenimiento del régimen. De aquí la importancia de aprovechar el actual estado de conflictividad, que ha elevado los costos de represión de manera significativa, para imponer una agenda que garantice una ruta hacia la democratización, reduciendo los costos de una transición para quienes tienen la capacidad de negociar tales condiciones.

La agenda

Como también habíamos dicho en un anterior análisis, el actual conflicto y la disposición a la movilización de calle de la oposición, que tomó por sorpresa a buena parte de su liderazgo, coloca a los factores opuestos al gobierno en la mejor posición que ha tenido en años para la exigencia real de condiciones. Si el liderazgo de la oposición permite que esta ola de protestas finalice sin obtener resultados, no solo estará generando una gran frustración colectiva, sino que además habrá perdido una de las mejores oportunidades que ha tenido para lograr un importante avance.

Ahora bien, ¿cuáles son esos avances que como mínimo cabría esperar?

Para muchos es la salida, entendida textualmente como la renuncia o la expulsión impostergable de Maduro y todos quienes comparten el poder. Esta salida, que ha sido el gran motivador de la participación en la protesta para un buen sector, no luce como un desenlace que esté, al menos bajo las actuales circunstancias, en las manos de la oposición, lo que podría originar que muchos se retiren decepcionados en la convicción de que todo ha sido un esfuerzo perdido. Pero la realidad es que una transición democrática es posible si se entiende el proceso en términos realistas y adecuados al contexto especifico, de manera tal de ver conflicto y acuerdo no como términos excluyentes y comprender que es justamente la protesta lo que obliga a quienes en principio no tienen ningún interés en negociar, porque tienen el poder, a la búsqueda de acuerdos. Es en esta dirección en la que la movilización pasa a tener sentido real para la consecución de unos objetivos que, aunque aún lucen algo vagos, comienzan a asomarse ciertos niveles de consenso. En este sentido, trataré de hacer mi propia contribución a la definición de una posible agenda.
Tal agenda debe estar dominada por cinco principios básicos:

1. Toda buena negociación se centra en intereses, no en posiciones. La agenda, como en toda buena negociación, no debe permitir que el proceso de diálogo gire en torno a posiciones, entendidas éstas como puntos de retiro arbitrarios que se fijan para tratar de defender ciertos intereses que en muchas ocasiones no están expresamente identificados en la negociación, sino sobre los intereses mismos de las partes y en especial aquellos con mayor legitimidad para el país. En este sentido, delimitar la negociación a un debate sobre términos como socialismo, dictadura, democracia, etc. nada aportarán a la posibilidad de lograr acuerdos que se traduzcan en avances reales, sino que por el contrario solo contribuirían a trancar el juego, convirtiéndolo en un duelo ideológico incapaz de lograr compromiso alguno. La negociación debe centrarse entonces en aquellos aspectos que tendrían legitimidad ante la audiencia nacional, más allá de las posiciones políticas de las partes, sobre las cuales nunca habrá acuerdo, tal como es el caso de la re-institucionalización de los poderes públicos, de manera tal que garanticen los derechos de todos tanto en el presente como en el futuro. Entre estos asuntos debe incluirse el nombramiento de rectores del Consejo Nacional Electoral, de manera apegada a las reglas establecidas y de forma tal que la aplicación de reglas electorales y la garantía de los resultados sea la misma para todos los electores, independientemente de sus preferencias. Asimismo, está por ejemplo el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con sus períodos vencidos, quienes por ser los máximos árbitros de la aplicación del Derecho interno, deben contar con la legitimidad que se deriva de la confianza de todos.

2. Ante la polarización política del país, cualquier negociación no puede centrarse en los resultados de decisiones políticas, sino sobre las reglas de juego por las que se definen tales resultados. En un proceso de negociación de este tipo lo que se negocia no son los derechos o la renuncia a ellos de una parte o de la otra. Si la negociación es entre gobierno y oposición, no es negociable la renuncia al poder por parte del gobierno, o la renuncia a la protesta por parte de la oposición, lo que se negocian son los mecanismos mediante los cuales se resuelven las diferencias. Por ejemplo, las condiciones de un revocatorio para garantizar su viabilidad real para que el soberano sea quien tome la decisión, las reglas de juego para el nombramiento de nuevos rectores del CNE y el TSJ, las garantías económicas para que el sector empresarial cuente con las condiciones necesarias para invertir con mayor nivel de certidumbre, la garantía de procedimientos justos y ante jueces imparciales para decidir la suerte de las personas detenidas en medio de la conflictividad política, etc. Acordadas las reglas y condiciones, resulta más fácil para todos aceptar los resultados de su aplicación.

3. Los acuerdos deben incluir mecanismos que garanticen su ejecución y no permitan que la negociación se convierta en una táctica dilatoria para ganar tiempo mientras la situación se estabiliza: Es fundamental que los resultados de una negociación se hagan públicos y transparentas para todos, de manera de lograr su legitimación para que la misma sociedad sea testigo y garante de su cumplimiento.

4. Los acuerdos alcanzados deben representar avances reales. Cualquier negociación realizada con en el ánimo de desescalar el presente conflicto no puede limitarse a un retorno al punto cero o previo al surgimiento del conflicto. Por ejemplo, un acuerdo que se limite a la liberación de los participantes en la protesta o sus convocantes no tendría ningún sentido porque ello sería sacrificar el motivo legítimo de la protesta a cambio de eliminar las consecuencias sancionatorias ilegitimas derivadas de las acciones de quienes ejercieron su derecho a protestar. Los acuerdos deben partir de la base misma de los motivos que dieron origen a la protesta, o sea sobre las reglas de juego, los eventos o políticas públicas cuya ilegitimidad originaron la protesta, tal como es el caso de las políticas económicas, la impunidad en que quedaron los delitos por los que algunos estudiantes iniciaron su protesta en Táchira, la impunidad reinante y parcialización de la justicia, etc.

5. Negociación asistida (mediación). Ante las dificultades propias de una situación polarizada en la que negociar es mal visto, existen no solo limitaciones serias de comunicación entre las partes, sino una muy poca credibilidad en los resultados que un proceso de negociación tendría. Esto pareciera hacer necesario que esta negociación fuese asistida por un tercero (mediación) con credibilidad no solo para ambas partes, sino con legitimidad ante el país, que tenga la estatura necesaria para trascender sobre la polarización de las partes y del país, y poder así constituirse no solo en facilitador sino también en garante de los acuerdos alcanzados entre las partes. Aquí instituciones como Naciones Unidas o el Vaticano parecieran ser los mediadores ideales. Lamentablemente, quizás tengamos que conformarnos con instancias más modestas ante la dificultad de involucrar a instancias de tal nivel en un conflicto aún considerado de baja o mediana intensidad, y mucho menos aún si la solicitud no cuenta con el aval expreso del mismo gobierno, como seguramente sería el caso.

A todo evento, es importante tomar en cuenta que en situaciones como las que caracterizan a la dinámica venezolana, un proceso de negociación para el que nadie pareciera estar listo ni en disposición de emprender puede terminar produciendo resultados muy pobres debido a las percepciones, muchas veces equivocadas de las partes, sobre lo que es posible exigir y conseguir en él. Es por ello que los intentos prematuros por negociar y alcanzar acuerdos antes de que la realidad imponga sus propias condiciones puede ser un error que haga que ambas partes, o al menos una de ellas, termine el proceso con mucho menos de lo que podría obtener si permitiese que el tiempo obligue a las partes a ser más realistas en relación a sus alternativas.

Y como expresaba Gustavo Moreno, nuestro coordinador editorial, la semana pasada al referir la historia sobre la solución Salomónica, un arreglo que tenga legitimidad consiste en encontrar formulas de hacer justicia. No se trata de dividir los derechos de los venezolanos entre las partes políticas que nos representan, mediante formulas que no vayan al fondo del asunto, sino de garantizar los derechos humanos, civiles y políticos presentes y futuros de todos, de manera de garantizar la gobernabilidad democrática y la sustentabilidad misma de la nación.

Continuaremos conversando la próxima semana. Mientras tanto, son bienvenidos sus comentarios y aportes.

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