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Diálogo, protesta o elecciones ¿Cuál es la salida?

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Diapositiva1Por: Benigno Alarcón / Jueves, 24 de abril de 2014

Un acuerdo es posible solo cuando las partes tienen la percepción de que lo que pueden conseguir en la mesa de negociación es superior a cualquier alternativa fuera de ella.

Conflicto y Democracia

En tiempos como los que corren es fácil entender la democracia y el conflicto como antagónicos y excluyentes, cuando la realidad es que la democracia nació y existe gracias al conflicto, y éste pese a su connotación negativa no es per se, ni bueno ni malo sino una fuerza omnipresente en todo sistema social. Y es que la democracia encuentra su razón de ser en la necesidad que las sociedades tuvieron, apostando a su propia sustentabilidad, de resolver los conflictos por el poder de una manera menos costosa y más constructiva que la guerra, para lo que un nuevo sistema se construyó progresivamente en base a una idea y unas reglas de juego, que se fueron perfeccionando progresivamente y que permitirían a quienes antes solo eran gobernados, sin derecho a decidir sobre su propio futuro, elegir y hasta ser elegidos, colocándose así, a partir de entonces, la voluntad soberana del pueblo sobre la de sus gobernantes.

Es así como la democracia, entendida en su vocación componedora del conflicto político, encuentra su razón de ser en su capacidad para la construcción de equilibrios entre las fuerzas que se adversan políticamente. Por tal motivo, y aunque pudiese parecer contradictorio, las democracias más sólidas son aquellas en las que existe un balance de poder entre dos o más partidos políticos, que no pueden imponerse uno sobre el otro y que por lo tanto también pueden controlarse y limitarse entre ellos mismos. La experiencia histórica es más que abundante en ejemplos sobre cómo el fortalecimiento de un partido sobre otros termina siempre por debilitar la democracia generando una hegemonía en el poder que es contraria a su propia existencia.

Este balance de poder, no solo entre partidos políticos sino también entre los mismos poderes que desde su autonomía constituyen la esencia de la institucionalidad de cualquier estado democrático, obedece a una lógica sencilla, universal e irrefutable que fue comprendida sin mayores problemas por los signatarios de aquel, hoy inmerecidamente satanizado, ¨Pacto de Punto Fijo¨, pero que hoy es convenientemente ignorada por quienes ocupan el poder y reemplazada por una lógica que busca acabar con la separación de poderes, y que no tiene una intención distinta a la neutralización de toda fuerza que se le oponga mediante el secuestro y la complicidad de los poderes públicos, para garantizar un ejercicio del poder sin contrapesos, que cada vez se vuelve más hegemónico y menos democrático.

El Problema de la Gobernabilidad

El problema es que el tiempo, independientemente de que se trate de un gobierno democrático o no, siempre atenta contra la gobernabilidad, entendida ésta como el balance necesario entre la legitimidad y la capacidad de quienes gobiernan para cumplir con las expectativas de los destinatarios de sus políticas. Ello siempre genera tensiones que en el caso de una democracia son resultas gracias a la alternabilidad en el poder, lo que a su vez solo es posible si existe el balance de poder entre partidos, al que ya nos referimos, así como los contrapesos institucionales necesarios que garanticen la imposición de límites al poder y la posibilidad de elecciones justas, libres y competitivas.

Pero si el gobierno no es democrático, o habiéndolo sido deja de serlo en su intento por mantener el poder cuando la legitimidad ya no le acompaña, el escenario se complica, como es el caso de la Venezuela de hoy. En tales circunstancias, recuperar la gobernabilidad se hace cada día más difícil y la legitimidad, que cuando cae en desgracia casi nunca tiene retorno aunque se gobierne bien, deja de ser el factor garante de la gobernabilidad para terminar siendo sustituida por una combinación de garrote y zanahoria, o sea represión a quienes osan oponerse y recompensas económicas (clientelismo) a quienes apoyan al gobierno, como estrategias de control social y político.

El problema es que la combinación de represión y recompensas colocan irremediablemente a cualquier gobierno en una situación precaria de doble dependencia: por un lado de las Fuerzas Armadas y demás cuerpos armados de quienes, junto a los jueces, depende la capacidad de reprimir; y de la disponibilidad de recursos económicos tanto para premiar las lealtades cada vez más costosas, y en especial la de quienes toca ejercer la represión en sus diferentes expresiones.

El drama de la deslegitimación, que se ve progresivamente agravada en la medida que se ejerce la represión y los recursos para sostener las lealtades se vuelven insuficientes, coloca a los regímenes autoritarios en un dilema entre autocratizarse o democratizarse. La autocratización se da normalmente por dos vías, que no son necesariamente excluyentes, la del garrote y la zanahoria, ya comentada, cuando se trata de mantener al gobierno actual, bien porque no hay elecciones en el futuro inmediato o porque quienes gobiernan no tienen un sustituto con mayores niveles de legitimidad dentro del propio partido, lo que es nuestro caso hoy en día; o por la vía de la alternancia entre miembros del mismo partido gobernante, lo que suele ser un camino menos traumático y costoso, pero más estable, como lo demuestran los sesenta años de dominio del PRI en México.

A todo evento, la autocratización, incluso por medios electorales, como sucede en todos los autoritarismos competitivos como el de Venezuela, termina siempre por perder su capacidad para estabilizar en el gobierno a quienes están en el poder, por lo cual, de manera inevitable, se termina siempre recurriendo a un mayor ejercicio de la represión y a la violación de las buenas prácticas electorales, como sucedió en el caso de México al final de la hegemonía del PRI y en Venezuela donde las condiciones electorales se han venido deteriorando progresivamente con cada nueva elección.

El problema con estas prácticas ¨estabilizadoras¨ es que en la medida que se les implementan van haciendo más costosa la salida del poder (costos de tolerancia) para quienes toca ejercerlas. Es así como quienes gobiernan, conscientes de ello, suben al barco del poder a todos quienes puedan contribuir a evitar su hundimiento, tal como sucede con el sector militar al ser involucrado en la administración misma del gobierno y en los actos de represión, a sabiendas de que no hay nada más leal al gobierno que un militar o un policía con las manos manchadas de sangre, ya que su suerte estará irremediablemente ¨amarrada¨ a la del gobierno que le dio la orden.

¿Autocratización o Democratización, que conviene al gobierno?

El desenlace de estos procesos de autocratización se genera por dos caminos posibles: la estabilización del gobierno en el poder a través de la instalación de un autoritarismo hegemónico o una dictadura cerrada tradicional, nada dependientes de la legitimidad derivada del apoyo popular, lo cual resulta prácticamente imposible en la actualidad. El segundo resultado posible es una ruptura que se genera por un golpe de estado o un colapso del gobierno producto de la insubordinación social, acompañada casi siempre de la cooperación, en mayor o menor grado, de las fuerzas armadas y policiales que se niegan a seguir elevando sus propios costos a través de la represión y la violación de derechos humanos para mantener la estabilidad de un gobierno que ya no cuenta con el apoyo de la sociedad.

En sentido opuesto, otros gobiernos con vocación autoritaria optan por emprender el camino de las reformas democráticas (democratización), no necesariamente por razones nobles o ingenuas, sino por el contrario en base a un cálculo político que puede implicar la pérdida de cierto nivel de poder en el corto y mediano plazo a cambio de una reducción significativa negociada de sus costos de salida o tolerancia, y la posibilidad de seguir activos en la vida política del país compitiendo por el poder, tal como sucedió en el mismo caso del PRI mexicano, que hoy nuevamente ocupa el poder, o los sectores ´franquistas¨ o ¨pinochetistas¨ tras las transiciones española y chilena, respectivamente, por poner tan solo tres ejemplos de los mejor conocidos por nosotros.

Emprender este camino implica, necesariamente, un proceso de negociación que incluye tanto las reformas necesarias que conducirían el proceso hacia una transición de poder por la vía democrática como la reducción de los costos de salida del poder (costos de tolerancia) para quienes ocupan el gobierno. El problema es que, como dice uno de mis maestros (Tom Schelling), dos partes en conflicto negocian si lo que pueden obtener en la mesa de negociación es superior a lo que pueden obtener por otros medios. Y es exactamente aquí donde está la variable determinante de los posibles resultados de la protesta y del diálogo, o sea en lo que las partes pueden conseguir en la mesa de negociación y fuera de ésta, lo que se conoce también en el lenguaje técnico de la negociación, como la mejor alternativa a un acuerdo negociado (Fisher y Ury, 1981).

Lo que la oposición quiere conseguir a través de esta mesa de diálogo es bien conocido por todos nosotros, por lo que no nos distraeremos en ello, aunque si debe destacarse que el interés principal se centra en las condiciones que permitan una transición de poder en el caso de que el voto les favorezca. En el caso del gobierno sí es obligatorio comprender cuáles son los intereses de quienes están en el gobierno, considerando que son estos quienes detentan el poder, y el conflicto, en los términos planteados, implica una situación suma cero, o sea una en la que todo lo que una parte gane implica necesariamente una pérdida para el otro.

La experiencia histórica nos enseña que para que un gobierno con vocación autoritaria esté dispuesto a entrar en un proceso de negociación con la disposición de llegar a acuerdos que pueden significar riesgo o sacrificios en relación a su posición de poder presente o futura la percepción sobre su propia situación debe ser precaria a un punto tal que, en sus propios cálculos, las consecuencias de mantener el poder por cualquier medio a su disposición resulten más costosas o de mayor riesgo que la negociación de una apertura en las reglas de juego que permita una transición del poder hacia otros. Si está lógica de sobrevivencia política no es compartida por quienes tienen la capacidad de decisión en el gobierno y quienes tienen los medios para sostenerlos en el poder, éstos no tendrán razones ni incentivos reales para cooperar con la oposición.

En la actual coyuntura, el gobierno nacional, definitivamente, se encuentra en un escenario de precariedad impuesto por una crisis política de legitimidad que tiene su origen en las dudas planteadas tras la propia elección presidencial de abril del 2013 y la negativa del Consejo Nacional Electoral a permitir una verificación de resultados que no dejase lugar a dudas, y de la cual el mismo Maduro habría sido el principal beneficiario en caso de ratificarse los resultados. Esta crisis política confluye hoy con una crisis económica de proporciones inéditas y suficientes para llevarse por el medio toda posibilidad de gobernabilidad de no aplicarse correctivos que, al mismo tiempo, implicarían importantes e inevitables costos políticos.

La precariedad de esta situación, aunque evidente para todos, no se traduce necesariamente para el gobierno en la necesidad de llegar a acuerdos con la oposición, no porque la coyuntura no sea lo suficientemente grave, sino por la convicción, que posiblemente exista desde el mismo gobierno, sobre lo poco valioso de un acuerdo con una oposición dividida, que pareciese no tener mayor control sobre factores de riesgo como la protesta y el desabastecimiento, así como tampoco sobre las consecuencias que se derivarían de una transición en caso de que se facilitaran condiciones que permitirían a la oposición acceder democráticamente al poder.

En tales condiciones, los escenarios posibles serán el resultado de la combinación entre protesta y negociación. Pero para que la protesta tenga algún efecto sobre el desenlace del actual escenario debe ser masiva y representativa de la totalidad del país, o sea contar con la presencia evidente de todos los sectores sociales. Si la protesta, por el contrario, se concentra en los sectores socio-económicos altos y medios, el gobierno apostará a la polarización de la misma presentándola como la lucha tradicional de ricos vs. pobres, y si la misma no se transversaliza políticamente e incluye a los sectores que en algún momento se identificaron con Chávez, lo cual hoy si es posible gracias a una crisis económica ascendente que se acompaña por un rechazo también creciente a la gestión de Maduro, el gobierno buscaría refugiarse en la tradicional polarización política.

¿Es posible la Negociación?

Las posibilidades de éxito de la negociación dependerán, en buena medida, de la legitimidad y del control que puedan demostrar quienes se sienten en la mesa, sobre los factores de los que depende la gobernabilidad y sobre las posibles consecuencias negativas derivadas de un acuerdo, para quienes pongan en riesgo su actual posición de poder. En la medida que la oposición se presenta dividida menos incentivos tendrá el gobierno para alcanzar acuerdos con un grupo de partidos que, aunque tengan la disponibilidad de sentarse en la mesa, representan una proporción muy pequeña del país. Asimismo, en la medida que los partidos que se sientan en la mesa no se hacen representativos de los sectores que se mantienen en la protesta, como es el caso de los estudiantes a quienes presentan como un sector independiente que debe ser atendido de manera separada, la oposición política diluye su propia legitimidad y capacidad de negociación. La observación aplica a la separación de las mesas de diálogo política y económica, en un divorcio temático que solo contribuye a debilitar la capacidad de negociación de la oposición. En fin, el gobierno atendiendo a la receta tradicional hace suya aquella vieja regla de ¨divide y vencerás¨.

Pese a las debilidades de este proceso, es justo y necesario cerrar el artículo de hoy con una nota de optimismo y reconocer que las condiciones objetivas para el retorno a un escenario de mayor democracia están dadas, solo falta que los actores políticos, sociales y económicos sean capaces de alinear sus intereses y estrategias, lo cual no es fácil pero sería una irresponsabilidad de proporciones injustificables no hacerlo. La oposición, hoy más que nunca, tiene la obligación de fortalecer su unidad y ganar la confianza y legitimidad para hacerse representativa de todos los sectores sociales y económicos del país, recuperando así su rol como actores políticos capaces construir un camino democrático de salida a la actual crisis. Toca a los demás actores sociales y económicos del país actuar con prudencia y responsabilidad para fortalecer las posibilidades de una salida democrática y favorable a todos, en el entendimiento de que los intereses colectivos más elevados deben tener preeminencia sobre los individuales, para no convertir la actual situación en un dilema de prisionero[1], en el que la desconfianza mutua y los intereses individuales terminen privando y dándonos como resultado un escenario en donde todos terminemos perdiéndolo casi todo.

Dicho esto, sigamos la semana próxima trabajando sobre el tema conflicto y negociación para tratar de hacer algunos aportes a este importante debate.

Feliz semana para todos.

REFERENCIAS

[1] (http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/prisionero_dilema.htm)

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